Monumentos catalogados patrimonio, en peligro

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de febrero.- El aire balancea una pancarta en la que se lee: “No más departamentos, destruyeron una casa catalogada por el INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes)”. Era abril de 2006 y la manta –colocada por los colonos– denunciaba que la casona del número 8 de la calle de Agrarismo, colonia Escandón, había sido demolida.

En los primeros días de enero de este año, vecinos de la Narvarte se preguntaron también –a través de las redes sociales– qué sucedía con otro edificio. Poco a poco vieron como desaparecía La Octava, el inmueble que desde 1945 albergó la Delegación de Policía también catalogada como edificio de arquitectura relevante por el INBA. Sin importar esta condición, la delegación Benito Juárez demolió la construcción a petición del  Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal (Excélsior 11/01/2014).

“Es el famoso sabadazo”, dice la investigadora de la arquitectura Louise Noelle. “Yo puedo tener un edificio catalogado y hoy en la noche traigo una cuadrilla de trabajadores y para el lunes la mitad del edificio está tirado, ya me lo eché y después que vengan, que me digan y me regañen, ya no existe, son de estos hoyos negros que tiene la ley.”

La falta de voluntad política y el desdén de las autoridades por hacer efectiva la ley, han reducido los alcances de la catalogación como instrumento para proteger el patrimonio nacional, consideran especialistas.  “Un edificio declarado es prácticamente intocable porque el rigor de la Ley es importante, en el caso de los catalogados debiera ser igual pero no hay un instrumento real que efectivamente ayude a la defensa de estos inmuebles”, agrega Noelle.

Gustavo Ramírez Castilla, arqueólogo titular del Centro INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) Tamaulipas y director de la Red Mexicana de Arqueología, dice que la catalogación es como “el acta de nacimiento” de un inmueble histórico o artístico. “Sirve como instrumento jurídico porque establece en una ficha de registro las características del monumento, los elementos que lo componen, los rasgos sobresalientes, hay un plano con su distribución, estilo, referencias históricas, así que cuando el bien sufre algún daño, alteración o es destruido, esa ficha sirve para justificar la preexistencia de ese bien y en todo caso exigir su reparación, su reconstrucción o lo que corresponda.”

La realidad, sin embargo, está muy lejos de cumplir con los propósitos de ese instrumento. De todos los estados del país llegan diariamente noticias de inmuebles catalogados como históricos por el INAH o artísticos por el INBA, que son destruidos. La presidenta de Icomos México, Olga Orive, ha denunciado en múltiples ocasiones la destrucción de casas coloniales de Puebla a pesar de estar catalogadas y localizadas en el área de monumentos de la ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En la Ciudad de México fue célebre la destrucción de 14 edificios por parte del Gobierno del DF en 2007, que incluyó el derrumbe de inmuebles como el ubicado en Regina 97, conocido como Casa de los Camilos o de las Calderas, construido entre el siglo XVIII y el XIX; los números 93 y 95 de la calle República de Argentina y otros edificios de las calles de Meave y República de Argentina, entre otros, incluidos en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Centro Histórico (Perímetro A).

De aquellas construcciones sólo quedan las denuncias y las fichas de catálogo. “He visto que hay muy poca eficacia cuando se trata de aplicar la ley en el sentido de restituir los daños cuando se daña un monumento, esto se debe no tanto a fallas de la ley, que las tiene, yo lo que creo es que por un lado cuando se trata de monumentos artísticos e históricos hay muchísimos intereses alrededor de estos monumentos, intereses particulares que pueden ser políticos, comerciales o personales”, considera Ramírez Castilla.

 “Creo que falta mucha voluntad de las autoridades, tanto de los institutos como de las autoridades encargadas de las áreas de justicia; básicamente es eso, muchas veces están tan contaminados los casos con la lucha de muchos intereses que no se defienden los inmuebles”, agrega.

Louise Noelle afirma que no existe un solo bien declarado como Monumento artístico o histórico que haya sido destruido. El famoso caso del Súper Servicio Lomas de Vladimir Kaspé, explica, “es un edificio sobre el cual se hizo una declaratoria, los dueños del predio se ampararon, ganaron el amparo y el juicio, y dejó de tener vigor la declaratoria. Eso es muy diferente a que alguien agreda un edificio ya declarado”.  

Sin embargo, al igual que la catalogación, la declaratoria se encuentra en un momento de debilidad al no garantizar el derecho de audiencia que no prevé la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. En el caso del Súper Servicio Lomas, la ley no garantizaba al particular la posibilidad de hacer valer sus derechos sobre un bien de su propiedad, declarado como monumentos artístico o histórico. Cualquier declaratoria en este momento podría tener el mismo desenlace.

Noelle afirma que “urge llevar a cabo esa y otras modificaciones a la ley. Es una ley compleja que hay que revisar, requiere de varias revisiones. Son problemas de la ley que ya debían haber estado vistas y revisadas, hay propuestas ante las Cámaras legislativas pero sabemos que estas Cámaras no progresan tan rápido en algunas cuestiones. Estoy muy lejos de saber cómo y para qué trabajan los legisladores”.

La propuesta para incorporar un nuevo artículo 5º bis en la Ley de Monumentos sigue atorada en la Cámara de Senadores desde 2012. El 4 de febrero pasado, María Teresa Franco, directora del INAH, se manifestó por revisar la Ley y confió que puedan ser aprobadas las propuestas pendientes. “La Ley Federal de Monumentos es un instrumento que ha tenido enormes valores, se requiere enriquecer, eso lo hemos planteado ya durante varias décadas (…) me parece que quizás salgan delante de inmediato reformas que se habían planteado en otro momento como la de asegurar el derecho de audiencia que sigue en el Senado,  que probablemente vea la luz”, dijo.

Caso contrario es el de la titular del INBA, María Cristina García Cepeda, quien no ha emitido opinión al respecto. Excélsior buscó a la senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura, pero desde esa oficina se informó que se encontraba fuera del país, por lo que no era posible contactarla.  

El arqueólogo Gustavo Ramírez agrega: “las declaratorias no son el elemento deseable para la protección” pues acaban por acelerar la destrucción cuando los poseedores del bien se enteran de las intenciones por declararlo monumento artístico o histórico, aunque piensa que debe revisarse este instrumento, y que no queda otra que promover “la organización efectiva de la sociedad civil, por un lado para reclamar la protección de los monumentos, y por otro lado que las instituciones cumplan sus objetivos”.