CIUDAD DE MÉXICO.
Usuarios de redes sociales exigen se aplique todo el peso de la ley en contra de los hombres, que en la comunidad de Mexicapa, ubicada en el municipio de Ocuilan, al sur del Estado de México, mataron una hembra adulta de puma (Puma concolor), para después desollarla.
De acuerdo al Artículo 420 del Código Penal Federal, estos sujetos podrían ser castigados con una pena que va de uno a nueve años de prisión y una multa de 300 a tres mil unidades de medida, es decir, de 26 mil 886 pesos a 268 mil 860 pesos.
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Adicionalmente, según el Artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre, por "realizar actividades de aprovechamiento que impliquen dar muerte a ejemplares de vida silvestre, sin la autorización correspondiente", tendrían que pagar una multa de 50 a 50 mil unidades de medida, que va de cuatro mil 481 pesos a cuatro millones 481 mil pesos.
El puma (Puma concolor) se encuentra enlistado en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, por sus siglas en inglés), además de que forma parte de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Hasta el momento, la Profepa no ha informado nada de manera oficial sobre este lamentable hecho ocurrido en una "zona crítica", identificada así por la propia autoridad, debido a la presencia de peligrosos grupos de talamontes, que traen asolados a los comuneros, quienes calculan que la deforestación abarca alrededor de cuatro mil hectáreas de bosque de pino y oyamel, lo que pone en riesgo cuerpos de agua y las emblemáticas Lagunas de Zempoala.
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Rodolfo Vilchis, director general de Inspección Forestal y encargado de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Profepa, tiene la responsabilidad por partida doble de investigar la muerte del puma, presentar las denuncias correspondientes y aplicar las sanciones administrativas correspondientes.
En los hechos, un caso reciente de cacería ilegal de al menos dos ejemplares de puma ocurrido en Yucatán en abril de 2020, quedó sin castigo, a pesar de que existían imágenes de pobladores del municipio de Cacalchén posando con sus "trofeos".
En esa ocasión, la Profepa acudió al lugar y no pudo ubicar al autor o autores materiales del delito, debido a que los supuestos involucrados aseguraron que encontraron sin vida a los ejemplares y sólo se tomaron fotografías con los cadáveres.
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