Un año sin Bantú; su muerte, por sobredosis de anestesia

Bantú falleció momentos antes de ser traslado del Zoológico de Chapultepec al de Guadalajara, donde se aparearía con dos hembras. Foto: Cuartoscuro / archivo

CIUDAD DE MÉXICO

Al cumplirse un año de la muerte de Bantú, estudios independientes confirman que el único gorila macho que existía en México perdió la vida por sobredosis de anestesia.

Bantú falleció momentos antes de ser traslado del Zoológico de Chapultepec al de Guadalajara, donde se aparearía con dos hembras.

La sobredosis de anestesia agravó una afección cardíaca que padecía, debido a que no se siguió el protocolo de manejo previamente establecido.

Últimos instantes de vida de Bantú:

A pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tenía en su poder los resultados de las pruebas que ordenó, donde se confirmó negligencia y faltas al trato digno y respetuoso de Bantú, en el último momento del proceso administrativo, que duró poco más de medio año, decidió exonerar a todos los involucrados y dar carpetazo al asunto.

De acuerdo con el expediente de mil 90 fojas en poder de Excélsior, obtenido a través de la Ley de Transparencia, la Profepa emitió un Acuerdo de Emplazamiento el 9 de noviembre de 2016, cuatro meses después de que el gorila de tierras bajas muriera y su cuerpo fuera destazado.

En el documento, la dependencia notificó a la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre del Gobierno de la Ciudad de México que instauró un procedimiento en su contra por hechos y omisiones que contravenían la Ley General de Vida Silvestre.

Además, informó que en la misma situación se encontraban seis funcionarios: la directora del Zoológico de Chapultepec, María Adriana Fernández Ortega; el director técnico y de investigación de dicho sitio, Fernando Cortés Villavicencio; el coordinador de proyectos de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, Alberto Olascoaga Elizarraraz, y el enlace de esta dependencia Javier Ojeda Chávez.

La dependencia federal también inició procedimientos en contra del subdirector de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, Roberto Aguilar Fisher (quien renunció el 8 de agosto de 2016), y al médico veterinario adscrito al Zoológico de Chapultepec, Miguel Ángel Martínez Saldívar (quien renunció el 6 de octubre de 2016).

Las pruebas con las que la Profepa sustentó las acusaciones se desprenden de la visita de inspección que hizo al Zoológico de Chapultepec los días 7, 8 y 9 de julio de 2016; las diligencias con el personal involucrado en el manejo de Bantú; el historial clínico del gorila y los resultados de los diagnósticos histopatológicos -análisis microscópicos de tejidos- que se practicaron a muestras de tejidos de órganos del ejemplar.

Además, se apoyaba en el protocolo de manejo entregado por la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre del Gobierno de la CDMX; en un reporte clínico farmacológico elaborado por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán y una necropsia que llevó a cabo la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

Se le aplicó una segunda dosis de anestesia de 1.5 mililítros para dormirlo

El hallazgo más importante sobre la muerte de Bantú es que se le aplicó una segunda dosis de anestesia de 1.5 mililítros para dormirlo, la cual no estaba considerada.

“Se le suministro 1.5 ml más de la dosis que previamente se había establecido, y no estaba contemplada en el PROTOCOLO DE MANEJO planeado para la contención del primate, la cual sólo era de 3 mililítros”, detalló la Profepa.

Si bien, todas las pruebas histopatológicas coinciden en que el gorila padecía una afección cardíaca denominada fibrosis miocárdica, no era algo que estuviera considerado, a pesar de que es una enfermedad común en machos en cautiverio, ya que únicamente en 1994 y 2010 se le hicieron pruebas de sangre para conocer con certeza su estado de salud.

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Antes de que el ejemplar sufriera paro cardiorrespiratorio, sólo se midió en cuatro ocasiones su frecuencia cardiaca, pero no se le tomó la temperatura y el equipo de electrocardiograma no funcionaba.

“Estos valores eran fundamentales para monitorear, adecuadamente, el estado de salud del gorila y garantizar que se evitara o disminuyera la tensión durante el manejo, principalmente, bajo sus características propias, siendo que este ejemplar estaba predispuesto a padecer enfermedades cardíacas”, argumentó la Profepa en el informe.

La bibliografía que citaron los especialistas para la elaboración del protocolo de manejo advierte que hay que tener cuidado con la medetomidina -sedante- en machos adultos, cuando se sospeche de enfermedad cardíaca, además de que la combinación de cuatro fármacos: ketamina con medetomidina y tiletamina/zolacepam no había sido aplicada en ningún ejemplar de esta especie.

En síntesis, la Profepa indicó que la mala salud del animal y la dosificación incorrecta de fármacos combinados devinieron en su muerte, por lo que decidió actuar contra los responsables.

Después de abrir un período de alegatos, de manera sorpresiva, el 24 de enero de 2017, la dependencia federal emitió una resolución administrativa, en la que echó abajo sus argumentaciones al resolver que no hay evidencia suficiente para culpar de la muerte del animal a los involucrados, por lo que ordenó cerrar el expediente.

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“Asunto total y definitivamente concluido”, señaló la dependencia, y dejó sin efecto el aseguramiento de los restos de Bantú, contenidos en nueve bolsas de plástico, para que pudieran ser incinerados de forma inmediata.

A pesar de que el caso de la muerte del gorila atrapó la atención de la opinión pública a nivel nacional e internacional, la resolución de la Profepa se informó a través de un comunicado de prensa emitido el viernes 27 de enero de 2017, poco después de las 19:00 horas, en cuyos párrafos 11 y 12, los últimos dos del texto, se da a conocer, sin mayores detalles, lo siguiente:

“Sobre el caso de la muerte del gorila Bantú, se concluyó que, con las evidencias recabadas y analizadas, no se pudo determinar que el manejo aplicado durante el pretendido traslado provocó una situación de tensión y, por consiguiente, la muerte del ejemplar.

“Por lo anterior, la Profepa resolvió que no existe evidencia concluyente para determinar la responsabilidad administrativa de las autoridades inspeccionadas”.