Autodefensa causa controversia, de acuerdo con la encuesta BGC-Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero.- El surgimiento de los grupos comunitarios de autodefensa en varias localidades del país, y en especial en Guerrero, genera controversia. Prevalece ligeramente la postura a favor de legalizar de algún modo a las policías creadas por las comunidades para protegerse, pero se rechaza que se les permita aplicar sus propios sistemas de justicia. Mayoritariamente se desaprueba la justicia en propia mano, pero minorías importantes la admiten, debido a la percibida incapacidad de la autoridad para enfrentar a la delincuencia, según la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.

La opinión pública está bastante enterada del caso más notorio de formación de policías comunitarias para defenderse de criminales, esto es, el ocurrido en Ayutla, Guerrero (65% ha oído de este hecho). Se cree que esta reacción popular se debe principalmente a la percepción de que las autoridades no hacen nada.

En general, se observa cierta inclinación a tolerar que pueblos y comunidades formen policías para protegerse, pero no se acepta que además apliquen su propia justicia. En efecto, si bien hay polémica sobre si se debe legalizar a las policías comunitarias de autodefensa, está algo más extendida la posición favorable a regularizarlas, aun cuando ya existan las policías federal, estatal y municipal (49%). En cualquier caso, 40% se opone (gráfico 1).

En cambio, un sólido 61% cree que no se debe permitir que las comunidades generen sus propios sistemas de justicia según sus usos y costumbres y los apliquen al margen del marco jurídico que existe en el país para todos los mexicanos (gráfico 2).

En el caso de Ayutla, Guerrero, la opinión pública se muestra tolerante ante la prevalencia de estos cuerpos de seguridad extralegales. La mitad se inclina porque se les legalice bajo ciertas condiciones (51%), más 13% que cree que se debe permitir su existencia mientras se les convence de desintegrarse. Sólo 29% considera que el gobierno estatal ya debe desarmar y deshacer a estos grupos (gráfico 3).

En el caso de Ayutla, pocos se han enterado de que las personas detenidas ya fueron liberadas o entregadas a la autoridad y, de cualquier forma, una vez que se informa a los entrevistados, priva el escepticismo en torno a que las autodefensas no vuelvan a retener a nadie y a que se castigue a las personas que fueron retenidas por los policías comunitarios (ocho de cada 10 piensan así).

Hay puntos de vista encontrados sobre la representatividad de estas agrupaciones de autodefensa. Para un tercio, estas fuerzas encarnan los intereses de caciques o de organizaciones políticas que están aprovechándose del problema de la inseguridad para crear sus propios grupos armados. Para otro tercio, sí representan los intereses de los habitantes de sus pueblos. Una quinta parte cree que se dan casos de los dos tipos (gráfico 4).

Probablemente por el agravamiento de la inseguridad en el país, últimamente ha avanzado la tolerancia a los actos de justicia popular por cuenta propia. Aunque 58% los descalifica, 40% los ve bien o bien en parte, 21 puntos más que en 2002 (gráfico 5).

Se cree que las autoridades no hacen su trabajo de proteger a los pobladores (gráfico 6). En el mismo tenor, 41% lo justifica, 11 puntos más que hace 12 años. Inclusive, aunque aún constituyen minoría (gráfico 7), cada vez más personas piensan que la justicia por propia mano no es delito (pasa de 13% en 2001 a 36% en la actualidad).

Sin embargo, no se cree que las autodefensas sean una solución acertada contra la inseguridad (72%). Ni tampoco se cree que evite el abuso de autoridad (55%). Al contrario, comparado con las policías municipales, se estima que los grupos de autodefensa respetan menos los derechos humanos (gráfico 8).