CIUDAD DE MÉXICO, 23 de junio.- La labor de muchos periodistas mexicanos y defensores de derechos humanos ha sido trastocada por las amenazas de los criminales, expresó ayer el presidente Felipe Calderón, durante la firma del Decreto de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que obliga al gobierno federal y los estatales a proteger sus derechos.
“Indigna y ofende que de los casos de agresiones y asesinatos que se investigan, particularmente a nivel estatal, los que han terminado en una sentencia condenatoria son claramente insuficientes respecto a la magnitud del problema que se registra en México”, dijo.
Aclaró que quienes ejercen el periodismo y la defensoría de los derechos humanos “no están solos” y ratificó su convicción y voluntad de trabajar hasta el último día de su gobierno para llevar ante la justicia a quienes pretendan mediante la agresión, la intimidación o la violencia, cancelar las libertades ciudadanas.
Ese fenómeno se debe en parte a que las autoridades responsables carecen de las capacidades técnicas y humanas para esclarecer los casos de secuestro u homicidio de defensores y periodistas, dijo, pero también a que no le dan la importancia que están obligados a darle.
A la ceremonia de firma del decreto asistieron representantes de organismos internacionales y de medios de comunicación como Javier Hernández Valencia, representante del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos; Tristán Canales Najjar, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión; Olegario Vázquez Raña, presidente de Grupo Empresarial Ángeles; Francisco Aguirre Gómez, presidente del Consejo de Administración del Grupo Radio Centro, entre otros.
En el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, Calderón Hinojosa indicó que no se puede permitir que quienes se dedican a esas actividades indispensables para la sociedad sean presas del miedo o de la violencia.
“No podemos tolerar que desarrollen su trabajo en un ambiente de inseguridad que los orille a optar por la autocensura o la pasividad. No podemos permitir que pretenda silenciarse a quienes trabajan por una sociedad más justa e informada”, anotó.
La ley incluye tres niveles de protección para los periodistas y defensores de derechos humanos. El primero es el nivel de las medidas urgentes, como la evacuación y reubicación temporal de periodistas o activistas amenazados por el crimen organizado, así como el otorgamiento de escoltas y la protección de inmuebles.
El presidente Calderón dio a conocer que las “medidas de urgente protección” para periodistas y defensores se pondrán en práctica tres horas después de que la persona en peligro haya pedido la asistencia de las autoridades.
El segundo nivel de medidas de protección comprende la entrega de equipos de comunicación, instalación de cámaras y cerraduras en domicilios privados y oficinas, al igual que la entrega de vehículos blindados.
El tercer nivel se refiere a medidas de tipo preventivo e incluye la entrega de instructivos, manuales y cursos de autoprotección para los comunicadores y defensores de los derechos humanos.
El Presidente reconoció que el esfuerzo de comunicadores y activistas se ha visto trastocado por el ataque, la intimidación, las amenazas y los crímenes que sobre ellos ejercen las bandas delincuenciales, que son criminales sin escrúpulos que pretenden imponer sus reglas “acallando a la sociedad y a sus voces más destacadas”.
Felipe Calderón calificó de “indignante” que en algunas regiones del país los comunicadores y activistas están expuestos a agresiones, abusos, a actos de hostigamiento en el ejercicio y por el ejercicio de sus actividades.
Aseveró que como Presidente de la República reconoce la invaluable labor de quienes dedican su vida a investigar, a documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos.
Añadió que también valora la labor que cada día realizan los reporteros y periodistas, tanto mexicanos como extranjeros, que contribuyen a tener una sociedad mejor informada.
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, comentó que “a diferencia del pasado” ahora las amenazas hacia los periodistas provienen del crimen organizado y no del Estado, y reconoció la labor de la sociedad civil, como los legisladores de la Cámara de Diputados y de Senadores en la aprobación de la nueva ley.
Poiré Romero señaló que cualquier atentado contra la vida o la integridad de los defensores de los derechos humanos o los periodistas constituye “un acto de violencia contra la democracia y las libertades de todos los ciudadanos”.
El funcionario expuso que los defensores de los derechos humanos y los profesionales de la libertad de expresión “son la columna vertebral de una democracia funcional”, por lo que el gobierno de la República está plenamente comprometido con su protección.
Poiré Romero, durante su mensaje en el acto de la firma del Decreto de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y la Federalización de los Delitos Cometidos contra Periodistas, enfatizó que con esos instrumentos jurídicos el Estado mexicano refrenda su voluntad y compromiso de proteger a quienes se dedican a esas actividades para que lo hagan en condiciones de más seguridad, libertad y certidumbre.
Destacó que, como toda transformación, la reforma constitucional y la promulgación de ese ordenamiento son producto del esfuerzo compartido de varias dependencias de gobierno, del Poder Legislativo y de organizaciones de la sociedad civil.
Con la promulgación de dicha ley, se da una prueba más de la responsabilidad y la capacidad institucional del Estado para promover los cambios que requiere el país.
El titular de la Segob puntualizó que esa legislación obliga a una cooperación estrecha de las autoridades de las entidades federativas con el gobierno federal para poner en marcha las acciones que garanticen la vida, la seguridad y la integridad de los comunicadores y defensores de derechos humanos durante sus labores.
“Es decir, esto es una responsabilidad compartida por mandato de ley y por responsabilidad común”, explicó.
Abundó que con ello se establecen medidas no sólo reactivas, sino también preventivas, mediante la promoción de la autoprotección individual y colectiva, así como el acompañamiento de observadores de derechos humanos y de periodistas.
En el evento estuvieron la procuradora General de la República, Marisela Morales; el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como el gobernador del estado de Querétaro y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, José Eduardo Calzada Rovirosa.
Asistieron también el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, y la embajadora de Reino Unido en México, Judith Mcgregor, entre otros diplomáticos.
Organizaciones civiles celebran nueva norma
Organizaciones civiles saludaron la promulgación de la ley, pues permitirá la instalación de un mecanismo capaz de otorgar y adoptar medidas de prevención y protección inmediata para garantizar la seguridad e integridad de estos grupos de la sociedad.
De cara a las elecciones del próximo 1 de julio, organizaciones de la sociedad civil exhortaron al gobierno federal a trabajar en un plan de transición que garantice la continua implementación y funcionamiento efectivo del mecanismo, durante y después del cambio de administración.
“Exigimos a las autoridades a investigar diligentemente todos los actos de amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la mayoría de los cuales continúa en la impunidad y asegurar que los responsables de dichos actos sean sancionados”, coincidieron.
Con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cerca de 80 organizaciones civiles reportaron en un comunicado que entre 2006 y 2010, 61 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas y al menos otras cuatro desaparecidas.
Reglamento
El Presidente explicó que se crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional.
Definió que la Junta de Gobierno será la instancia máxima y tendrá una integración equilibrada, al contar con cuatro miembros representantes del Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuatro integrantes de la sociedad civil.
Señaló que la ley contempla las medidas preventivas y de protección que se podrán implementar para reducir la exposición al riesgo de periodistas y activistas.
Entre esas medidas están las “urgentes de protección”, como la evacuación o reubicación temporal de los periodistas o activistas amenazados, el otorgamiento de custodias, escoltas y la protección de inmuebles.
El Presidente calificó de “indignante” que en algunas regiones los comunicadores y activistas están expuestos a agresiones, abusos, a actos de hostigamiento por el ejercicio de sus actividades.
(FOTOS: Notimex y Eduardo Jiménez)
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