México: potencia petrolera

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Fausto Alzati Araiza 31/07/2014 02:23
México: potencia petrolera

Para México se abre ahora la posibilidad de convertirse en una verdadera potencia petrolera al recuperar y hasta superar los máximos históricos alcanzados por nuestra producción y exportación de hidrocarburos. Se vuelve imperativo configurar las alianzas y adquirir las tecnologías y los capitales que, compartiendo el riesgo de emprendimientos formidables, nos permitan llevar al mercado global los hidrocarburos de nuestras reservas de aguas profundas. Para ello, se necesitan destrezas tecnológicas avanzadas y miles de millones de dólares anuales, dado que las mayores reservas están en aguas profundas del Golfo de México. Además no conviene que México asuma por sí sólo los inmensos riesgos asociados a una operación de tal envergadura y de tales complejidades e incertidumbres. Piénsese tan sólo en la catástrofe nacional que confrontaríamos si México tuviera que hacer frente por sí solo a las reparaciones de daños resultantes del descontrol de un pozo en aguas profundas del Golfo de México, como le ocurrió a BP.

La Reforma Energética permite ahora que Pemex se asocie con empresas en modalidades que incluyen desde contratos de servicios; de utilidad o producción compartida o de licencias, para la exploración y extracción de crudo e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos. México sigue y seguirá siempre siendo propietario de los hidrocarburos de su subsuelo, sea en tierra, en aguas someras o en aguas profundas. El hecho de que las empresas asociadas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras reporten reservas de hidrocarburos en sus balances, no equivale a que puedan reclamar su propiedad, sino tan sólo que han adquirido derechos sobre la parte que les corresponde de los frutos de su desarrollo y explotación. Ciertamente la nación mexicana es y será siempre titular única, inalienable e imprescriptible de los recursos naturales del subsuelo del territorio nacional y sus aguas territoriales. Esos derechos los adquirió originaria y directamente como herencia de la Corona Española al obtener su independencia. Como en muchos otros países, se trata de derechos inherentes e inseparables de la soberanía. Son derechos soberanos del soberano. Y en México, el soberano es la nación. No el pueblo, no el Estado, no el gobierno, no Pemex. La nación y sólo la nación. 

Hoy, la coyuntura internacional obliga al mundo entero a localizar y desarrollar con prontitud nuevas fuentes de suministro de crudo. Esta coyuntura ofrece a México una singular oportunidad para iniciar su reposicionamiento estratégico como potencia energética en el contexto global. El pleno desarrollo de la industria petrolera mexicana no podrá ocurrir mientras no se encuentren las fórmulas y se construyan los consensos para liberarla de su principal limitación. Esa limitación formidable consiste en persistir en la decisión de mantener a Pemex como la única empresa petrolera totalmente integrada que, en el mundo entero, produce y procesa petróleo en un sólo país. Ha llegado la hora de internacionalizar a Pemex, encontrando las fórmulas que le permitan salir a producir petróleo más allá de las fronteras de México,  desplegando así el potencial de su activo más valioso: su capital humano, sus trabajadores y técnicos. El futuro de Pemex es transformarse en una gran multinacional petrolera. Una “MP” capaz, por ejemplo, de competir con BP a escala global.

La industria petrolera mexicana se compone también de las empresas privadas de todos los tamaños y grados de complejidad, que prestan apoyos y servicios a Pemex y se sustenta en las capacidades desarrolladas por el IPN, la UNAM, el IMP y la red de instituciones de investigación que contribuyen a encontrar soluciones a los complejos problemas de la industria. A México le ha llegado la oportunidad de convertirse en una potencia petrolera a escala mundial, de ser un país líder en la geopolítica global del petróleo.

                Twitter: @alzati_phd

 

¿Y si vivo cien años?

La Secretaría de Hacienda tendrá que pagar todas las pensiones de retiro que hoy son vigentes.

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Félix Cortés Camarillo 31/07/2014 02:21
¿Y si vivo cien años?

Tenía razón mi querido Renato Leduc. Conocer el tiempo es virtud de sabios, como él lo descubrió en las aburridas clases de Julio Torri, y en los retos que para hacer una cuarteta, le hizo un panzón anónimo, en la preparatoria. Sabia virtud de conocer el tiempo, palabra que no tiene otra rima sino sus derivados.

Acabada la prepa, cuando llegó el tiempo de las decisiones, yo pude haber escogido estudiar los números en lugar de las letras. Si así lo hubiese hecho, y siguiendo además las migajas que dejaba el rastro de un amor juvenil nunca correspondido, me hubiera quedado en la misma escuela, donde estuvo la vieja ASARCO, para ser un ingeniero químico. Preferentemente petrolero.

Si además Pemex me hubiera cobijado en su nómina al terminar mi carrera a los 25 años, mediante el contrato colectivo de trabajo hoy vigente, el día de hoy yo estaría en mi casa recibiendo desde hace 16 años, sin mover un dedo, una pensión mínima de 80% de mi salario último, máxima del ciento por ciento. Con otras prestaciones adicionales. A eso se reduce lo que hoy llaman el pasivo laboral de Pemex. Para unos 80 mil jubilados. Hoy.

¿Cómo pagarles a viejos fodongos —ora yo— todavía útiles, que tienen una experiencia, conocimiento y vitalidad suficientes para entregarle a su país muchas cosas invaluables una pensión para que se rasquen los testículos sin hacer nada? ¿De dónde?

No hay más que una respuesta: del erario.

Y aquí hay una trampa de la que no nos hemos percatado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, heredera de todas las deudas de Pemex, incluyendo la demanda en un juzgado mamón de Houston que no ganará Arriba Ltd., tendrá que pagar todas las pensiones de retiro que hoy son vigentes. Hasta que la muerte los separe, pero hay también pensiones de viudez que el contrato colectivo de marras establece.

Pero sea. Que pague Hacienda del botín. Solamente que en el nuevo régimen fiscal de Pemex, la empresa eficiente del sector privado ya no tendrá que entregar como aportación fiscal 70% de la renta petrolera. Eso es la espina dorsal del presupuesto del Estado mexicano. Aquí es donde la marrana tuerce el rabo.

Por un lado, Pemex será un contendiente válido y eficiente en la arena de los grandotes petroleros, porque no va a tener que darle su pensión al hijo mantenido que es el gobierno de México. Al mismo tiempo, ese hijo sin manutención tiene que pagar los platos rotos del Pemex anterior, del que nadie quiere acordarse.

Yo quería aconsejarles a mis nietos que cursaran la carrera que yo no hice, que se metieran a ingenieros de energía nuclear, eólica, atómica, marítima o marciana, para conseguir una planta en la vieja Pemex con las prestaciones que en el hoy vigente contrato colectivo de trabajo son generosamente vigentes. Los diputados y senadores del gobierno me dicen que eso ya no se vale. Que mis nietos van a tener que estudiar, como su abuelo, letras. Armas y letras era la opción en los tiempos del Quijote. Estudiar letras me ha sido todos los días muy grato. Y yo no sería feliz un solo momento recibiendo un cheque por no hacer nada.

Pero, si en la vocación cervantina  a mis nietos, ¿les da por ir a las armas?

¿Y si viven cien años?

 

Vela en el entierro, del narcoestado fallido

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José Cárdenas 31/07/2014 02:14
Vela en el entierro, del narcoestado fallido

Cuánta basura hay debajo del tapete michoacano… y cuánto apesta. Son los desperdicios orgánicos del crimen, acumulados por políticos inorgánicos, coludidos con lo más alto de aquel bajo mundo. Quienes gobiernan, y quienes han gobernado, tienen vela en el entierro del narcoestado fallido. Entre todos lograron construir un narcogobierno, el primero plenamente documentado.

La porquería lanzada al ventilador, salpica al PRD; los gobiernos infaustos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, fueron incapaces de contener el avance de la entonces preponderante Familia Michoacana derivada en Los Caballeros Templarios.

También salpica al gobierno federal de Felipe Calderón. El moreliano, obsesionado con su terruño, decidió usar todo el peso de la ley sobre alcaldes y funcionarios dizque corruptos, pero la ineptitud judicial terminó por hacer de aquel Michoacanazo bochornoso, un sinónimo de vergüenza nacional.

Pero entre todos, el más manchado es el PRI, y en especial el exgobernador Fausto Vallejo.

Tras la aparición del video que muestra la aparente confianza que su hijo Rodrigo le tiene al Profe Servando Gómez, el exmandatario michoacano queda sin coartada.

En su momento, Fausto Vallejo Figueroa utilizó su precario estado de salud para defenderse de las acusaciones; sus repetidas ausencias lo obligaban a soltar los hilos del poder. Después, planteó una supuesta lejanía con su valido Jesús Reyna García. Tras la caída del secretario de Gobierno —gobernador interino seis meses del año pasado—, el mandatario estatal dijo que Reyna en realidad nunca había sido de su entera confianza. Fausto también se ocupó de diluir los supuestos malos pasos de su vástago menor, cuando todo sólo era un secreto a voces.

Pero “la vida te da sorpresas”… y vino el tremendo giro.

—¿Cómo explicar ahora la presencia del narco en el gobierno y la familia del mandatario estatal?

La Tuta se les metió a la oficina… y hasta a la cocina. Si Vallejo lo supo, malo, si no, es peor.

Desde luego, el exgobernador no debe ser linchado. Cualquier acto delictivo debe ser probado, juzgado y sentenciado, sin embargo, más allá de las implicaciones legales que puedan derivar de la investigación del video de El Gerber y La Tuta, Vallejo debe a sus exgobernados una explicación, como mínimo acto de ética política.

Para el gobierno federal, el escándalo provocado por El Gerber es una papa caliente.

Hasta ahora, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha sido cuidadoso con las formas. Aun no hay acusaciones; las indagatorias marchan con prisa sin pausa, aunque los tiempos electorales, quiérase o no, juegan de estorbo contra el aparato oficial.

En Michoacán la exhibición pública no puede bastar. La integración de expedientes y la aplicación de castigos representan un reto para la autoridad que debe dar el ejemplo sobre funcionarios de su mismo partido. No fincar responsabilidades ante lo evidente sería una burla. La justicia debe aplicarse sin importar las consecuencias electorales.

—¿Será verdad que el gobierno “no será tapadera de nadie”, como promete el diputado Manlio Fabio Beltrones?

Los grandes perdedores, otra vez, son los michoacanos, quienes el próximo mes de junio tendrán en la boleta electoral el mismo menú de siempre… pero ahora echado a perder.

Todo esto nos hace pensar lo que se esconde detrás del video difundido por la Agencia Informativa Quadratín, en el cual el junior menor del exgobernador de cartón se ensarta en muy probables relaciones prohibidas con quien de veras decide y manda en Michoacán. Servando Gómez Martínez, alias La Tuta… madre de todos los puercos; el más malo de malolandia.

SE BUSCA: ¿Alguien sabe el paradero del comisionado Alfredo Castillo Cervantes, presente por ausente?

                Twitter: @JoseCardenas1

                josecardenas.com.mx

 

Hay que admitirlo: Calderón tenía razón

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Leo Zuckermann 31/07/2014 02:04
Hay que admitirlo: Calderón tenía razón

Reconozco que me equivoqué al criticar a Luisa María Calderón después de las elecciones de gobernador de Michoacán de 2011. En un artículo titulado “Calderón dice que la mafia le robó la elección” erróneamente tildé a la hermana del entonces Presidente de la República de mala perdedora. La hoy senadora, quien había competido por la gubernatura de su estado por la alianza PAN-PANAL, tenía toda la razón al haber argumentado que la competencia había sido injusta y que el candidato de la alianza PRI-PVEM, Fausto Vallejo Figueroa, había ganado a la mala gracias a la intervención de los grupos del crimen organizado de Michoacán. Hoy, después de un montón de evidencias que han salido a la luz pública, sabemos que gente muy cercana al que se convirtió en gobernador tenía vínculos directos y amistosos con el principal capo michoacano, Servando Gómez Martínez, mejor conocido como La Tuta.

Inmediatamente después de la elección de 2011, Luisa María Calderón alegó que el crimen organizado le había robado la elección. Dijo que estaba “sorprendida” por el repunte que había tenido el PRI en el sur del estado: “Es ahí donde operó la delincuencia organizada, lo que a mí me hace pensar que ellos decidieron apoyar a este partido”. La llamada Cocoa afirmó que los criminales organizados “prácticamente tomaron el proceso, ellos decían quién iba a votar quién no votaba, cerraron carreteras, etcétera”.

En mi artículo de 2011 manifesté que se trataba de una acusación gravísima, sobre todo de quien venía: la hermana de Felipe Calderón, Presidente al que López Obrador había acusado de haberse robado la elección de 2006 con la ayuda de “la mafia que controla el país”. Me pareció absurdo que Luisa María utilizara el mismo discurso lopezobradorista de que fueron “los chicos malos” los que habían impuesto a un gobernante, con la agravante de que ella se refería a una mafia de verdad y no al invento retórico de AMLO.

El video difundido esta semana donde se ve al hijo de Fausto Vallejo, Rodrigo, en amena y relajada charla con La Tuta hablando de todo tipo de temas políticos es el último eslabón de una larga cadena de evidencia de que La Cocoa estaba en lo correcto. ¿Cómo no darle la razón cuando ahora afirma que este video “es la prueba más clara de que Fausto cogobernaba con el líder de Los Caballeros Templarios a través de su hijo?

En mi artículo de 2011 recordaba cómo Gerardo Ruiz Mateos, quien en ese momento era el jefe de la Oficina de la Presidencia, había señalado a principios del sexenio de Felipe Calderón que si el gobierno no hubiera emprendido las acciones contra el narcotráfico, “el próximo Presidente de México sería un narcotraficante” porque “el narcotráfico había penetrado hasta las entrañas del país y ya había hecho un Estado dentro del mismo Estado. Hay varias ciudades y municipios en México donde cobran impuestos, donde imponen la ley, donde imponen presidentes municipales, donde exigen derecho o bono de seguridad”. Pues bien, de acuerdo con Luisa María Calderón, la pesadilla de Ruiz Mateos se había hecho realidad en Michoacán ya que el narco había impuesto al que sería el nuevo gobernador, a pesar de la guerra en contra del crimen organizado. La declaración de Luisa María evidenciaba que la guerra de su hermano había fracasado.

Hoy sabemos que efectivamente había fracasado precisamente en el estado donde había comenzado: en Michoacán. Porque hoy podemos afirmar que Servando Gómez Martínez, a pesar de lo que decían otros funcionarios calderonistas del gabinete de seguridad, estaba tan fuerte en 2011 que logró equilibrar la elección a favor del candidato del PRI.

En fin, que Luisa María tenía razón. Yo me equivoqué. Públicamente lo reconozco. Ahora la pelota está en la cancha del PRI, quien tiene que explicarnos cómo es que gente tan cercana a su candidato —como su hijo o su coordinador de campaña, Jesús Reyna, a la postre secretario de Gobierno y gobernador interino— tenía relaciones tan estrechas con el jefe de Los Caballeros Templarios.

Dice hoy la senadora Luisa María Calderón que “la relación entre los delincuentes y el gobierno amplió su poder, control, violencia y dominó sobre la economía y la vida en Michoacán” durante la administración de Fausto Vallejo. Y llama a que las autoridades judiciales investiguen y finquen responsabilidades “para meter a la cárcel a la gente responsable de lo que nos está pasando”. Tiene toda la razón. Como la tuvo en 2011.

                Twitter: @leozuckermann

 

Va de nuevo

El ministro de la SCJN habla sobre el amparo contra la condonación del ISR que hizo el Congreso a los gobiernos estatales y municipales

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Opinión del experto nacional 31/07/2014 01:59
Va de nuevo

por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena*

 

La semana pasada publiqué en Excélsior el artículo ¿Democracia sin verdad?, en el que me propuse aclarar tres datos ofrecidos por María Marván Laborde en ese mismo periódico, como cimientos de una crítica contra lo resuelto por la Primera Sala de la Corte en el amparo en revisión 216/2014, promovido por quienes han sido identificados como #YoSoyContribuyente.

La primera aclaración fue que no se rechazó la propuesta que concedía el amparo a los quejosos, sino solamente el proyecto del ministro Cossío Díaz que planteaba reconocerles interés legítimo, pero negarles el amparo. Esto me permitió precisar que rechazar un proyecto no es resolver el caso. Éste sigue pendiente.

La segunda fue que el litigio ante la CNDH, promovido por ciudadanos que se sintieron agraviados en sus derechos humanos, para evitar la publicación de sus nombres por la cancelación de créditos fiscales, no fue provocada por las autoridades del SAT.

La tercera fue que la Sala no había resuelto el asunto en “cinco minutos”. La sesión pública sólo reflejó la votación del proyecto de sentencia, no su discusión interna. 

La deliberación informada de las decisiones de un tribunal constitucional no sólo es un signo de vitalidad de un régimen democrático, es el principal medio de escrutinio sobre sus razones. Por eso me decidí a escribir y señalar que esos tres datos base de la discusión eran un falso punto de partida. No expuse mi opinión sobre los méritos jurídicos del caso porque se contendría en una sentencia judicial o en un voto aclaratorio, ya que esos son los instrumentos de comunicación de los jueces.

Esto fue referido por algunos articulistas, quienes han destacado una diversidad de puntos. Uno de los últimos fue Juan Pardinas, el domingo pasado en el periódico Reforma, quien dedicó parte de su columna a descalificar mi estilo de redacción, al grado de tacharlo como incomprensible, concluyendo que quizá si llegara a leer su artículo me sentiría “molesto y ofendido”.

Las reacciones en la prensa escrita no me han generado ese estado de ánimo. Sí me encuentro sorprendido por las energías invertidas en la utilización de adjetivos y no de conceptos. 

Sin embargo, mi objetivo inicial no es compartir estados de ánimo, sino aportar elementos de información veraces para la discusión del asunto que, me parece, no han merecido la atención suficiente ni antes ni después de mi primera colaboración. Ahora los complemento intentando un uso del castellano “menos rebuscado”.

En principio, tal como me fue rectificado, el 9 de julio de 2014, la Primera Sala rechazó el proyecto del ministro Cossío Díaz que negaba el amparo contra el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2013.

Como seguramente Luis Pérez de Acha informó, #YoSoyContribuyente no es el primero en presentar un amparo en contra del artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2013. La Sala ha emitido dos sentencias negando el amparo contra ese mismo artículo (AR179/2014 y AR 251/2014, fallados el 14/05/2014 y el 4/06/2014). El proyecto de sentencia proponía negar el amparo sobre la base de consideraciones similares a las utilizadas en esos precedentes.

Sin embargo, la razón principal de la mayoría de los ministros para rechazar el proyecto fue que no se compartió el apartado dedicado al interés legítimo. No se coincidió que los precedentes sobre este punto fueran aplicables al caso concreto.

Ello implica que no se emitió una decisión final sobre el asunto, sino que se procedió en términos del artículo 17, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece “si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviera mayoría, el presidente de la Sala lo turnará a un nuevo ministro para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones”.

Como lo señalé, estas discusiones en las Salas de la Corte se realizan en sofisticados procesos de intercambio internos previo a la votación pública.

En una nueva sesión y con un nuevo proyecto, de ser el caso que la mayoría determinara que no se reúne este requisito procesal, para efectos prácticos, su decisión sería equivalente a la originalmente propuesta por el ministro Cossío Díaz: negar el amparo a los quejosos. La diferencia consistiría en que no se abordaría el fondo del asunto, sino se limitaría a concluir la falta de un requisito procesal que la Constitución ordena a los jueces respetar para no desbordar sus funciones en detrimento del principio de división de poderes.

Estas aclaraciones me permiten responder algunas inquietudes observables en la discusión de la prensa escrita.

Acepto la invitación de Leo Zuckermann a dar la explicación exigida. Los argumentos de mi posición estarán desarrollados suficientemente para su escrutinio racional en parte de la sentencia que la Sala llegue a emitir, o bien, en el voto aclaratorio. No se ha tenido acceso a esos documentos, porque aún no existen. Al momento sólo se desechó un proyecto de resolución.

Reitero a Marván Laborde que los tres datos que presentó en su colaboración inicial son falsos.

Por otro lado, el conflicto de intereses, que ha generado preocupación entre algunos, está regulado en el artículo 66 de la Ley de Amparo abrogada –conforme a la que se tramita el juicio por la fecha de interposición– y ha sido interpretada como de “estricto derecho” (ver la tesis de jurisprudencia 2ª./J 180/2009), es decir, de no actualizarse los supuestos normativos ahí contenidos, los jueces tenemos obligación de participar en la decisión. Es una cuestión reglada, no discrecional, por lo que no basta sugerir su conveniencia. Es necesario acreditar una de sus hipótesis legales.

Finalmente, a mis críticos literarios afirmo que me agrada el estilo de mis columnas de opinión y pienso conservarlo. Pero esa cuestión, como mi estado de ánimo, no está incluida en la discusión.

*Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

 

Frentes Políticos

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Frentes Políticos 31/07/2014 01:44
Frentes Políticos

I.Alto a los excesos. El pleno de la Cámara de Diputados aprobará la autonomía plena de Pemex y CFE, que, por primera vez, tendrán la libertad de decidir sus gastos e inversiones. Esa libertad, eso sí, tiene sus candados, límites precisos para evitar el dispendio y el mal uso de los millonarios recursos que generará la competencia en el sector energético. Las nuevas leyes precisan que el dinero que obtengan después de entregar la parte de ganancia que corresponde a todos los mexicanos sólo podrá ir a inversión productiva y los excedentes para incrementar su gasto de inversión física o para cubrir sus pasivos laborales de corto y largo plazo en materia de pensiones y salud. El acuerdo ya fue planchado por Manlio Fabio Beltrones y Luis Alberto Villarreal, los coordinadores del PRI y el PAN en San Lázaro.

II.Los avances. Los legisladores mexicanos han tenido más trabajo que nunca. Por perder el tiempo en discusiones sin sentido, ahora se les acumularon las iniciativas. Las van sacando, poco a poco, en periodos extraordinarios. Este fin de semana podrían reunirse las comisiones unidas para analizar cambios en la Ley de Hidrocarburos y la Eléctrica: Luis Miguel Barbosa, el coordinador de senadores del PRD, anticipó que su bancada busca cambios en materia de ocupación temporal y contraprestaciones a propietarios de las llamadas tierras energéticas, pero que el paquete va. Llegó la hora. La izquierda mexicana, al ataque en contra de lo que más conviene al país. No se pierda las movilizaciones y los exabruptos. Es lo que mejor hacen.

III.No es tiempo de héroes. El nombre de Silvano Aureoles, coordinador de los diputados del PRD, se pronunció en la conversación que tuvieron Rodrigo Vallejo Mora y Servando Gómez, La Tuta. En la charla entre el hijo del exgobernador michoacano Fausto Vallejo y el líder de Los Caballeros Templarios se mencionó a Aureoles Conejo como alguien quien actúa en contra de La Tuta. Que Aureoles toma sus precauciones, dijo, porque no quiere ser un héroe muerto. Destacó la necesidad de investigar a todos los actores políticos en Michoacán, incluyendo al gobernador con licencia, ante la descomposición que se vive en esa entidad. ¿Y por qué no comenzar por los tiempos de Leonel Godoy? Ahí tomaron el control.

IV.Mismos caminos. Lo mismo que sucedió a otros funcionarios como Jesús Reyna, exsecretario de Gobierno y ex gobernador interino de Michoacán, ocurrirá en el caso del video en el que se observa a Rodrigo Vallejo Mora conversando con un criminal. Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, informó que Vallejo Mora declarará ante la PGR y se le dará el mismo tratamiento que en los casos similares. Se autentificará la veracidad del material videograbado, se seguirán las pesquisas y, de ser responsable, acompañará a Jesús Reyna en la cárcel. ¿Qué tan profundo es el hoyo en que metieron a Michoacán? Lo sabremos.

V.¿Atado de manos? Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, aseguró que Michoacán dejó de ser noticia de primera plana, y que Servando Gómez, La Tuta, está prácticamente neutralizado y ya no opera en Michoacán. Que no trabaja porque ya no tiene los márgenes de maniobra, comentó. ¿En serio? ¿Neutralizado? ¿No se les ocurre que fue él quien ordenó grabar y difundir el video de su amena plática con su cuate, Rodrigo Vallejo, a quien bautizaron como El Gerber?

VI.Juego sucio. La muerte del menor en Puebla, quien participaba en una movilización, se aclaró. José Luis Tlehuatle Tamayo falleció a consecuencia de la lesión que le produjo la onda expansiva de un cohetón, de acuerdo con las diligencias realizadas. A Rafael Moreno Valle, gobernador del estado, se le señaló injustamente como responsable indirecto. Víctor Carrancá, procurador General de Justicia de Puebla, sostuvo que no existe evidencia alguna de balas de goma. Quedó claro, pues, que lo demás fue una maniobra política para dañar la imagen del gobernador, quien se comprometió a dar con el responsable de la muerte del menor. Lo encontrará.

 

Acallar las demás voces

La libertad de expresión para ciertos regímenes es una libertad burguesa que no merece el menor respeto.

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Luis de la Barreda Solórzano 31/07/2014 01:38
Acallar las demás voces

La libertad de expresión es una condición imprescindible para la democracia. Ahí donde esa libertad no es respetada y garantizada por las autoridades no puede considerarse que se viva en un régimen democrático. Tanto el fascismo como el  comunismo han acariciado la utopía de la unanimidad de todas las voces. Uno y otro sistemas concibieron una sociedad en la que surgiera el hombre nuevo, plenamente adherido a los ideales y los valores de una única ideología, la establecida obligatoriamente por el dictador. Todos aquellos que se apartaran de la línea ideológica trazada por los gobernantes no respondían a las pautas marcadas para el hombre nuevo. Lo malo es que los hombres viejos, es decir, los disidentes de ese modelo, han sido perseguidos, encarcelados o asesinados, pues en la sociedad de hombres nuevos los hombres antiguos no tienen cabida.

La libertad de expresión para esa clase de regímenes es una libertad burguesa que no merece el menor respeto. La obsesión persecutoria contra los discordes tiene el mismo sustento que la persecución contra los herejes por parte de la Santa Inquisición medieval y contra los infieles ahora mismo en las sociedades cuyas leyes se inspiran en la sharia. Pero no sólo esos regímenes han tenido fobia por la libertad de expresión. Todos los gobiernos autoritarios la aborrecen.

En nuestro continente, Cuba es el anacrónico ejemplo de la denegación de la libertad de expresión. Los medios de comunicación están absolutamente controlados por el gobierno y no se pueden difundir noticias ni expresar comentarios o análisis fuera de esos medios ni sin la aquiescencia gubernamental. La única excepción es el periódico en línea de la admirable bloguera Yoani Sánchez, al que sólo unos cuantos lectores pueden tener acceso y que en todo momento está expuesto al bloqueo gubernamental.

En Venezuela, a partir del gobierno de Hugo Chávez, se ha ejercido una violencia sistemática contra comunicadores de todas las tendencias, se cerró un canal de televisión sin previo procedimiento, se niega papel a los diarios, se han abierto expedientes administrativos o penales contra periodistas incómodos para el régimen y se ha estigmatizado permanentemente la disidencia. A fin de eliminar todo obstáculo para éstos y otros gravísimos atropellos, el gobierno venezolano decidió abandonar el sistema interamericano de derechos humanos.

En Ecuador también se ha perseguido a periodistas molestos para las autoridades, y todos los medios de comunicación —escritos, electrónicos, digitales— están obligados a publicar toda la información que el gobierno considere de interés público y pueden ser sancionados por publicar la que el propio gobierno considere irrelevante.

Sobre estas tropelías ha informado con rigor la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, que en breve concluirá el encargo que con tanto compromiso y pasión ha desempeñado, en la convicción de que la democracia no es simplemente ir a votar: para poder tomar una decisión es indispensable la información y la deliberación, la elección informada de preferencias, la posibilidad de vigilar y controlar a los poderes públicos y privados, de discutir abiertamente las acciones y omisiones de esos poderes.

                *Coordinador del programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM

                lbarreda@unam.mx

 

Universidad, ¿más grande pero igual?

Un mayor financiamiento a la universidad pública abre la puerta a más jóvenes con deseos de superación.

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Humberto Musacchio 31/07/2014 01:35
Universidad, ¿más grande pero igual?

El Encuentro Internacional de Rectores Universia, reunión que se celebra en Río de Janeiro, se desenvuelve sobre tres lineamientos: mejorar el financiamiento de las universidades, incrementar la matrícula e impulsar la movilidad mediante los intercambios de información, materiales académicos, reuniones con participación múltiple y estancias de alumnos, profesores e investigadores en instituciones ajenas a la suya.

En la Universia participan autoridades académicas de un millar de universidades de 33 países de los cinco continentes. Preside Universia el también presidente de Banco Santander, el señor Emilio Botín, quien lleva en el nombre el objeto de sus amores. De modo que su presencia no es desinteresada, sino que se trata de un destacadísimo promotor de la desigualdad.

Por lo pronto, en esta reunión fue cabalmente derrotada la posición neoliberal que abogaba por impulsar la educación privada, en la peregrina idea de que no se aprecia lo que no cuesta. El resultado de tan nefasta concepción fue que en los últimos 30 años se multiplicaron como hongos las universidades particulares, las que, en el caso mexicano, salvo cuatro o cinco dignas de respeto, son una inmensa y fraudulenta colección de patitos.

Un mayor financiamiento del Estado a la universidad pública abre la puerta a más jóvenes con deseos de superación, apertura que es precisamente otra de las líneas rectoras de la junta de Río. Del financiamiento depende también la posibilidad de incrementar los intercambios de todo tipo, de modo que en lo fundamental hay acuerdo en los tres puntos citados.

Sin embargo, cabe preguntar qué resultados ha tenido el alza del financiamiento público y el incremento de la matrícula, como es el caso de México, donde el aumento de recursos financieros no se ha traducido en un más alto nivel académico ni en la profesionalización del personal académico, pues sólo 11% de los docentes lo son de tiempo completo o medio tiempo.

Al respecto, cabe agregar que nuestras universidades son esencialmente endogámicas. Mientras que en Estados Unidos sólo por excepción se acepta como profesor a un egresado de la misma casa de estudios, en México la norma es que quienes no hallan acomodo en la empresa privada, el sector público o el ejercicio profesional por cuenta propia, acaban de docentes “por horas”, lo que por definición lleva a un abatimiento del nivel académico y una alarmante falta de renovación de los saberes.

Es probable que hayan mejorado las instalaciones de las universidades públicas o por lo menos eso puede creerse por la constante construcción de edificios en prácticamente todas estas casas de estudio. Sin embargo, no puede decirse lo mismo del equipamiento de laboratorios, pobre y anticuado, ni de los acervos bibliográficos, que suelen tener un atraso de décadas, hecho que en términos prácticos milita contra la indispensable actualización del conocimiento.

En lo que se refiere a los intercambios de información, tampoco hay mucho que presumir, pues las revistas arbitradas son pocas y, salvo excepción, no gozan de prestigio internacional. Los materiales académicos son pobres y el grueso de los intercambios de conocimiento se produce mediante las ponencias que se presentan en reuniones de participación múltiple. Lo que de plano parece estar fuera del alcance de nuestras universidades es el patrocinio sistemático, permanente y masivo de estancias de alumnos, profesores e investigadores en instituciones ajenas a la suya. Eso cuesta, y no hay dinero.

                *Periodista y autor de Milenios de México

                hum_mus@hotmail.com

 

Historias de impunidad

Hay críticas frecuentes al comportamiento de choferes de peseros y ambulantes, aunque no todas las que deberían. Sin embargo, se critica menos el comportamiento de las privatizaciones que llevan a cabo los más ricos...

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Carlos Elizondo Mayer-Serra 31/07/2014 01:33
Historias de impunidad

Por la salida de mi oficina, en la carretera libre México-Toluca, el Gobierno del Distrito Federal realizó una obra costosa y complicada para ampliarla a tres carriles. También hizo un paradero para el transporte público y así tener un espacio donde bajar y subir pasaje con el fin de no obstruir los carriles de la vialidad, lo cual ocasiona graves bloqueos en la entrada a la Ciudad de México. De nada sirvió. Los autobuses se paran a esperar pasaje un poco antes del paradero, justo donde la carretera vuelve a tener dos carriles, porque el gobierno capitalino hizo el acceso a una colonia residencial aledaña, generando el previsible caos. A todos nos enojan estos choferes que no respetan el Reglamento de Tránsito sin que nadie haga nada.

Un poco más abajo, entrando a Paseo de la Reforma, los cinco carriles diseñados para evitar congestionamientos se vuelven a estrechar. Los culpables ahora son los choferes privados que esperan a sus patrones que fueron a los edificios cercanos, sobre todo a una clínica médica privada. Ni modo de usar el estacionamiento del edificio. Para eso se tiene chofer. El resto de la población se tiene que tragar su enojo.

Los ambulantes se apropian de cuanta esquina pueden. Los más ricos cierran el paso a cualquier calle por medio de plumas y casetas de vigilancia o suben sus autos a las banquetas. Muchas veces, para no tener la “lata” de abrir el portón y estacionar el carro adentro, aunque bloqueen el paso al peatón.

Hay críticas frecuentes al comportamiento de choferes de peseros y ambulantes, aunque no todas las que deberían. Sin embargo, se critica menos el comportamiento de las privatizaciones que llevan a cabo los más ricos.

No creo que sea casualidad. Quienes deciden qué se publica en México (y muchos de los articulistas más famosos) o tienen chofer o aspiran a tener uno.

Los choferes no sólo estorban mientras esperan al patrón, sino que permiten resolver muchos de los problemas derivados de la mala calidad de los servicios públicos y la infinidad de trámites que exige el gobierno, como obtener la tarjeta de circulación con chip para el auto. Si este trámite lo tuvieran que hacer personalmente los poderosos, habría muchas y ruidosas quejas sobre la ineficacia de la burocracia para administrar las reglas que nos imponen. Los choferes también ayudan con todos esos servicios privados que requieren muchos trámites o largas colas. Contratar un servicio de internet es fácil, salirse de él requiere un chofer o mucho tiempo y paciencia. Como todos los funcionarios importantes tienen chofer, no se dan cuenta de la mala calidad de servicios públicos y privados.

Mentí. No tienen un chofer. Tienen varios. Un trabajo pendiente es hacer un censo del número total de choferes al servicio de los funcionarios públicos federales y estatales. Nos sorprendería. ¡Sólo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF tiene cuatro!

Los perdedores de este arreglo son quienes no tienen el dinero para contratar un chofer o poder torcer el derecho para usarlo a su favor, así como los millones de pobres que no están incorporados a un sistema corporativo de representación de intereses, desde una ruta de peseros hasta una organización de vendedores ambulantes.

Estas organizaciones no sólo tienen el poder para corromper inspectores o simplemente desafiarlos por la vía de los hechos. Utilizan también el Estado de derecho, por ejemplo, a través de un amparo, para dificultar las acciones del gobierno cuando éste, milagrosamente, decide actuar.

Sin Estado de derecho efectivo, pero sin el poder para violar aquellas reglas que les estorban, se encuentran millones de mexicanos, la gran mayoría pobres, pero muchos también de clase media. Los más pobres son extorsionados con enorme frecuencia por las propias autoridades. Las clases medias, o una parte de ellas, simplemente pagan sus impuestos sin recibir gran cosa a cambio.

Cuando algún medio de comunicación critica la debilidad del Estado de derecho normalmente usa el ejemplo de un abuso de un grupo organizado de gente de pocos recursos. Salvo en los casos de obvia impunidad de presuntos delincuentes de alto poder económico, como el reciente caso de Amado Yáñez de la empresa Oceanografía, tan dulcemente tratado por la PGR, los medios de comunicación no suelen preocuparse sobre los abusos sistemáticos de quienes tienen más dinero.

Si no somos capaces de salir de este equilibrio tan perverso en el cual quien tiene algún tipo de poder está al margen del Estado de derecho, no hay forma de abrir el país a la creatividad de millones de mexicanos atrapados entre la ineficacia del Estado y el poder de los pudientes y de los bien organizados. Hacerlo requiere voluntad política para enfrentar primero los abusos de los más ricos. Sólo así se podrá ir legitimando el derecho. Sólo así se podrá tener la justificación para enfrentar abusos de grupos organizados como el ambulantaje. Estos, no hay que olvidarlo, al vender en las calles sin haber pagado renta por su uso ni pagar impuestos ni cuotas de seguridad social, por lo menos abaratan servicios a los mexicanos más pobres quienes no podrían pagar el precio de muchos de los bienes que se venden en la economía formal. Se tiene que empezar desde arriba, idealmente desde los más grandes abusivos que suelen ser miembros de la clase política.

                *Profesor-investigador del CIDE

                elizondoms@yahoo.com.mx

                Twitter: @carloselizondom

 

Consulta popular, ¿instrumento ciudadano?

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María Marván Laborde 31/07/2014 01:29
Consulta popular, ¿instrumento ciudadano?

¿Le gustaría que hubiese un incremento general al salario mínimo? ¿Tiene ganas de echar abajo la legislación energética recién aprobada? Sobre esto y quizá algún otro tema de interés nacional los ciudadanos y ciudadanas podremos decidir directamente en la próxima elección de 2015.

La reciente Reforma Político-Electoral incluyó la ley reglamentaria de la consulta popular. Ésta es complemento de la democracia representativa. Los ciudadanos ganan poder cuando deciden cuestiones concretas. Los representados arrebatan la decisión a sus representantes y la toman en sus manos. El resultado es directo, un voto más por el Sí, obliga al Poder Ejecutivo o Legislativo a implementar la decisión votada.

De acuerdo con la nueva ley, tienen facultad de solicitar una consulta popular, el Presidente de la República, una tercera parte de cualquiera de las dos Cámaras, o bien, un grupo de ciudadanos que logren reunir 2% de las firmas del listado nominal. Se antoja un porcentaje alto de firmas. Los partidos, temerosos de perder el control del destino político del país, decidieron poner el umbral tan alto como para las candidaturas ciudadanas.

Los tres partidos que ya decidieron echar a andar esta innovación democrática son, por un lado, el PRD y Morena y, por el otro, el PAN. Los dos partidos de izquierda buscan, con diferentes preguntas, derogar la Reforma Energética. Ambos han iniciado la recolección de firmas, sin embargo, cada uno de ellos trabaja por su cuenta y, de alguna manera, en contra del otro.

Morena está recabando firmas para que la siguiente pregunta aparezca en la papeleta diseñada especialmente para incluir a todas las consultas directas: “¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica? Por su parte, la pregunta del PRD dice así: ¿Estás de acuerdo en que se mantenga el decreto de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo y energía eléctrica, publicado el 20 de diciembre de 2013?

Aunque ambas preguntas comparten de manera esencial la misma preocupación, cada una de ellas deberá conseguir 2% de firmas de la lista nominal, dado que formalmente son diferentes. Además, deben cumplir con el requisito de no compartir más de 20% de simpatizantes entre sí o con ninguna otra consulta propuesta. Es decir, si usted está de acuerdo con echar para atrás la Reforma Energética, está en la disyuntiva de apoyar a Morena o al PRD, si decide firmar ambas convocatorias, puede estar trabajando en contra del objetivo último. Tampoco pueden compartir los mismos electores la consulta del PAN. En pocas palabras, cada partido debe trabajar con su propia clientela. Supongo que esta restricción tiene fundamento en la invencible desconfianza que se tienen los partidos entre sí.

La pregunta que el PAN nos propone tiene que ver con un incremento generalizado al salario mínimo, y ha quedado redactada como se lee a continuación: “¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval?” Difícil imaginar que alguien se atreva a responder NO. Sin embargo, si la pregunta estuviera redactada de otra manera, por ejemplo: ¿Estás de acuerdo con un incremento generalizado a los salarios mínimos, y que con ello aumenten tanto las multas como el financiamiento que reciben los partidos políticos? Probablemente no sería tan sencillo conseguir la aprobación de los electores. Es evidente que la redacción de la pregunta encauza su respuesta.

Cualquier persona, física o moral, tiene prohibido contratar tiempos en radio y televisión para hacer propaganda a favor de su propuesta. Esto deja, en los hechos, a los partidos políticos, como los únicos entes que podrán proponer y promover una consulta popular. Es decir, el mecanismo ciudadano de democracia directa que fue creado por los partidos para estimular la participación ciudadana ha sido expropiado por ellos mismos para su uso y beneficio.

Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que el motor de las campañas de estos partidos estará en sus consultas. La tónica de sus respectivas campañas ya está definida. ¿Los spots dedicados a invitar a los ciudadanos a adherirse a una u otra propuesta serán considerados actos anticipados de campaña? Esperemos a que se presente la primera queja sobre el tema para ver qué decide el INE.

                *Académica

                Twitter: @MarvanMaria

 

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