100 días

Se esperaba que fuese un Presidente mediático. Había mostrado esa cualidad como gobernador y como candidato. Un perfil de político que apuesta a gobernar las percepciones antes que las realidades. Los primeros 100 días de la nueva administración están marcados por la insistencia de trazar un antes y un después en la forma de ejercer el poder presidencial. El Presidente despacha en Palacio Nacional para devolver la autoridad del símbolo, acude sorpresivamente al Senado para mostrar apertura democrática, firma con la oposición un pacto que refunda a la República en las generalidades del consenso, promulga una ineficiente ley para congraciarse con las víctimas. La diferencia con el pasado a partir de las formas, no de las políticas. Un gobierno que insiste todos los días en cambios de estrategias o de dirección, pero que mantiene las cosas en su curso, que da continuidad a las medidas que como oposición combatió, que presenta las iniciativas que su partido sistemáticamente obstruyó en el Congreso. En 100 días, el nuevo gobierno ha logrado con éxito sembrar la sensación de una administración eficaz y, sobre todo, evadir los costos de sus errores e improvisaciones. Un gobierno sin agenda que ha procurado gobernar los estados de opinión.

Nada ha cambiado en seguridad. Las fuerzas federales siguen supliendo a la autoridad local y ningún indicador delictivo muestra mejoría. El nuevo gobierno trazó sus primeras decisiones a partir de las dos críticas recurrentes a la estrategia de la administración anterior, no de un nuevo diagnóstico o de una prospectiva de la evolución esperada de la criminalidad. Para desmarcarse de la crítica sobre los problemas de coordinación, el gobierno subsumió las funciones de seguridad en la Secretaría de Gobernación. A estas alturas, no ha podido emitir el nuevo reglamento interior para adscribir las diversas responsabilidades en unidades administrativas específicas y, entre otras, para definir el estatuto jurídico del nuevo comisionado de seguridad. El supuesto remedio a la coordinación institucional atrapado en la descoordinación interna de una secretaría. Para sacudirse de la segunda crítica, esto es, de la falta de una política de prevención, el gobierno anuncia un amorfo programa que suma acciones y presupuestos, sin metas claras, responsabilidades definidas y sistemas objetivos de evaluación sobre su desempeño. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia creada para implementar coordinadamente políticas de prevención, contención a la criminalidad y fortalecimiento institucional a nivel nacional, está a la deriva en lo que parece una enorme dificultad para el nuevo gobierno: encontrar un perfil que cumpla los requisitos de ley para encabezarlo. El 1 de diciembre, en el discurso de toma de protesta, el presidente Peña anunció el envío de una iniciativa constitucional en materia de códigos únicos penal y de procesos penales. Las iniciativas no han llegado al Congreso y, de hecho, el gobierno y su partido empiezan a abandonar sutilmente la propuesta de un código penal para todo el país, quizá advertidos de la enorme resistencia que la idea enfrenta por parte de los gobernadores. Y ni qué decir del caso de las policías comunitarias: un día se les reconoce como aportes sociales a la seguridad, se les recibe en Bucareli y se les ofrece plazas en los cuerpos policiales fuera de la lógica de la profesionalización policial, para días después anunciar el desmantelamiento de algunas de sus expresiones por sus vínculos con el crimen organizado. Cambios de estrategia que no son más que discursos. Anuncios de ocasión que le apuestan a la desmemoria colectiva.

El Pacto por México ha generado una sola iniciativa. La foto del consenso ha desdibujado la dialéctica natural entre el gobierno y la oposición, ese juego competitivo en el que se visibilizan las posiciones parciales en el proceso y la aportación individual al resultado. Para la oposición, el pacto por México ha servido de poco. Los ciudadanos no lo conocen ni reconocen a la oposición en el impulso de la agenda. No tiene, pues, valor político para la oposición. Pero sí ha sido profundamente útil para el gobierno: ha generalizado la percepción de que el Presidente sabe negociar, sabe ceder y está dispuesto a avanzar en las grandes reformas, aun cuando ningún hecho lo confirme. En la percepción colectiva la reforma educativa es un logro del Presidente, no del pacto y mucho menos de la oposición. El mecanismo le ha servido al gobierno para ocultar sus propias resistencias al cambio o para evadir los costos de impulsar una auténtica agenda de máximos y el deber de formar la mayoría necesaria para materializarla. El gran acuerdo fundacional del país es la algarabía celebratoria no de una realización, sino de una propuesta. Percepción de eficacia que diluye el deber del gobierno de comprometerse con una agenda y justificar los medios de política pública que considera idóneos.

El presidente Peña va ganando la partida de las percepciones. Lo que hace no mucho hubiese sido juzgado como la restauración del viejo presidencialismo, es celebrado como el gesto de un liderazgo que se apropia de todos los resortes del poder. La foto en la Asamblea del PRI sintetiza bien la esencia del gobierno en sus primeros 100 días: el poder debe verse en todo su esplendor. La autoridad de la omnipotencia antes que la autoridad de los resultados. El poder de las formas como deslinde del pasado. El gobierno de la percepción.   

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx