La deuda de la alternancia

Los estudios de la transición mexicana han insistido en que las crisis económicas de los ochenta y noventa alentaron sensiblemente el proceso político de cambio democrático. Los tropiezos recurrentes de la economía deslegitimaban progresivamente a un régimen que asfixiaba libertades en lo político y que, a diferencia de otros sistemas autoritarios, era incapaz de propiciar un entorno de estabilidad que hiciera posible el crecimiento y el desarrollo. De ahí que las reformas políticas de la transición estuvieran también acompañadas de cambios en las estructuras económicas del país: el tratado de libre comercio, la autonomía del Banco de México, las reformas al artículo 27 constitucional en materias ejidal y electricidad, el rescate bancario, la creación de órganos reguladores de mercados estratégicos, entre otros. Al mismo tiempo, el arribo de la pluralidad política  activó una tímida agenda de modernización asentada en el diálogo estable entre el PRI y el PAN, que no sólo evitó nuevas crisis económicas sino que también envió a los mercados las señales correctas: nuestra transición sería gradual, pacífica e institucional y, en consecuencia, la economía mexicana estaría a salvo de contingencias políticas. Las dos fuerzas mayoritarias intencionalmente se situarían en el centro del espectro: apertura de mercados, responsabilidad hacendaria y expansión fiscal, certeza en los derechos de propiedad y en el cumplimiento de los contratos, la democracia como regla del juego político.

Sin embargo, la agenda de modernización se quedó constreñida al ámbito nacional. El cambio político y económico del país no ha tocado a estados y municipios. El primer gobierno de la alternancia decidió no transformar esos enclaves subnacionales como estrategia de gobernabilidad. La polarización de la izquierda en el inicio del segundo gobierno de la alternancia hizo políticamente inviable cualquier intento de desdoblar la transición. Nuestro federalismo se ha convertido en un sistema de feudos estatales autoritarios, sin alternancia, sin transparencia y económicamente irresponsables. Gobiernos estatales que viven de la Federación sin someterse a las mínimas rutinas democráticas. Este contexto explica que, por ejemplo, entre 2006 y 2012 la deuda de las entidades federativas creciera 147 por ciento. Coahuila ilustra con nitidez el déficit democrático de nuestro federalismo: en ese mismo periodo la deuda creció ocho mil 591%, sin controles de ningún tipo debido a la hegemonía autoritaria del PRI y sin consecuencias, hasta hora, jurídicas, políticas o electorales.

El caso Coahuila y el de otras entidades federativas como Chiapas, Tabasco o Michoacán han evidenciado que la deuda se esconde en contabilidades no homogéneas, que aumenta en años electorales, que las mayorías monocolores en las legislaturas locales son sinónimo de ausencia de controles a la contratación de deuda, que esta modalidad de financiamiento no está destinada a inversiones productivas ni asociada a su vida útil. Han visibilizado también el emergente mercado de despachos de reestructuración de deuda pública que cobran altas comisiones y que son contratados sin seguir las reglas de licitación pública. Sorprende, sin embargo, que no exista iniciativa del gobierno para ordenar la deuda pública. Hasta ahora, el gobierno se ha limitado a anunciar que no habrá rescates financieros. Pero el tema de fondo sigue sin atenderse. En ausencia de iniciativa presidencial, los senadores del PAN presentamos una propuesta de reforma constitucional para inhibir la irresponsabilidad hacendaria de los gobiernos locales. La iniciativa no sólo mantiene la política de transparencia de las recientes reformas a la ley de contabilidad gubernamental, sino que se focaliza en controles institucionales a la contratación de deuda. Por un lado, exige que las legislaturas estatales aprueben con mayoría calificada de dos tercios cualquier contratación de financiamiento, de manera que ningún partido pueda convalidar deuda por sí mismo. Por otro, faculta al Senado, como cámara de representación territorial, a objetar la contratación de deuda bajo ciertos supuestos, en particular, cuando no persiga o esté vinculado a un propósito productivo. Con estos controles, Coahuila difícilmente hubiera alcanzado los niveles actuales de deuda y, en consecuencia, sus próximas generaciones no estarían condenadas a un esfuerzo fiscal mayor para enfrentarla.

La deuda de la transición es la deuda de modernización de nuestro federalismo. El nuevo gobierno tiene a su favor circunstancias que no tuvieron los dos gobiernos de la alternancia. Tendrá que decidir si las utiliza para concluir el cambio democrático. Todo dependerá de que el gobierno se libere de la deuda con los suyos.

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx