Delitos electorales

El Senado ha aprobado por consenso la Ley General de Delitos Electorales.

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Roberto Gil Zuarth 05/05/2014 02:00
Delitos electorales

La reforma constitucional en materia político-electoral introdujo dos cambios sustanciales al derecho penal de los procesos electorales: por un lado, facultó al Congreso de la Unión para establecer, a través de leyes generales, tipos penales electorales, sus sanciones y la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas para prevenirlos y perseguirlos; por otro, mandató a crear fiscalías especializadas a nivel federal y local dotadas de autonomía orgánica y funcional con respecto a los poderes ejecutivos locales, en la misma lógica de la transformación del Ministerio Público, con el propósito de especializar la acción procuradora de la autoridad. Dos cambios para hacer más eficaz el reproche social a conductas que alteran la libertad del voto, las condiciones de equidad en las competencias y la imparcialidad en el ejercicio de la función estatal de organizar elecciones.

Este nuevo modelo constitucional implica que una ley definirá para todo el país las conductas que constituirán delitos electorales, las penas aplicables y la forma en la que deben interactuar las autoridades encargadas de investigar y sostener la acusación ante los tribunales, esto es, supone confeccionar una misma política criminal para el control social de conductas especialmente perniciosas para la formación democrática de la voluntad colectiva. Se pretende, pues, romper con dos de las causas de la altísima impunidad que persiste en las justas electorales: la multiplicidad de regulaciones y la zona gris entre las jurisdicciones generada por el arreglo federal. Si el derecho penal electoral no ha sido suficientemente disuasivo de ciertos comportamientos, es debido a la deficiente estructuración de las reglas y los procedimientos para prevenirlos y castigarlos. Bienes jurídicos que no se protegen con la misma intensidad, tipos penales imprecisos y abiertos que contienen la clave de la evasiva, penas ineficientes para inhibir porque no encarecen el precio de delinquir, arreglos competenciales que facilitan la elusión de responsabilidades. El derecho penal electoral ha sido una maquinaria de amenazas no creíbles, un mazo sin peso, una espada sin filo.

La creación, desde la Constitución, de fiscalías especializadas tiene el propósito de quebrar  la subordinación a la razón política del poder punitivo del Estado y asegurar un mínimo de esfuerzo institucional para prevenir y castigar delitos electorales. Es simplemente un despropósito que la autoridad que debe perseguir los delitos cometidos en una elección dependa de uno u otro de los contendientes. Por otro lado, es visible una tendencia a desplazar, de entre las prioridades organizacionales de las procuradurías, la atención de las conductas electorales que ameritan sanción penal. Bajo estas condiciones, el derecho penal electoral ha quedado atenazado por la componenda o la venganza partidarias y reducido a una suerte de figura decorativa. No es casual que en prácticamente las dos décadas que han transcurrido desde que se instaló el discurso sobre el derecho penal de las elecciones, no exista un solo caso emblemático que hubiere terminado en tribunales y mucho menos en sanciones ejemplares. Es obvio que la razón no es que en nuestros procesos electivos los jugadores acaten escrupulosamente las reglas. Sucede que la dinámica de las alternancias ha inducido al repliegue del control punitivo de las conductas que inciden en las elecciones, ya sea para no comprometer la victoria propia, o bien, para sortear la revancha en la derrota.

El Senado ha aprobado por consenso la Ley General de Delitos Electorales. Es la primera política criminal común orientada a salvaguardar los valores y principios de la democracia electoral. Su contenido responde a una lógica de intervención mínima de la justicia penal, pero lo suficientemente eficaz para disuadir comportamientos antisociales. Es la apuesta por la uniformidad en el tratamiento penal de conductas y la definición clara de tramos competenciales. El primer entregable de la reglamentación de la Reforma Político-Electoral. Un paso para corregir un histórico vacío.

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx

                Twitter: @rgilzuarth

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