La tentación preferente

Reglamentar la Reforma Energética a través de la tramitación preferente es un desafío a la responsabilidad técnica

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Roberto Gil Zuarth 23/12/2013 00:00
La tentación preferente

La Reforma Política de 2011 introdujo a la relación entre los Poderes con legitimidad democrática directa, Ejecutivo y Legislativo, un instrumento para que se fijen y voten posiciones en el Parlamento. En efecto, la iniciativa preferente es esencialmente un acicate para decidir. A favor o en contra, pero transcurrido un plazo, una decisión. Y es que la modalidad de trámite preferente que recoge la Constitución para iniciativas enviadas por el Ejecutivo no le concede un poder para vencer o suplir al Congreso, como sucede en otros modelos comparados. El silencio legislativo no da cauce a la vigencia de un proyecto de ley propuesto por el Presidente. El resorte que articula los incentivos de proponer y de cooperar u obstruir es la deliberación intracameral sujeta a un plazo cierto y determinado. El Ejecutivo puede invertir o sacrificar capital político para plantear una agenda, a sabiendas de que tendrá ocasión para asignar créditos y responsabilidades por el destino de la iniciativa. El Congreso puede evadir el costo de proponer o rentabilizar el crédito de avalar determinadas políticas, pero jamás abstraerse de debatir y votar. El tiempo como gravedad que alinea los incentivos entre naturales competidores. La deliberación bajo el yugo de una guillotina que impide nadar “de muertito”.

¿En qué escenarios ha de usarse la iniciativa preferente? Si bien la Constitución fija límites materiales (tipo de norma y número de iniciativas susceptibles de tramitación preferente) y temporales (ejercicio obligatorio en un momento específico), la razón de la utilización de la figura es esencialmente estratégica. El Presidente decide en qué, cuándo y cómo la usa. Bajo su más estricta responsabilidad. Pero el instructivo también advierte que es un mecanismo para forzar a que el Congreso avale preponderantemente una visión de política pública. Un plazo fijo y perentorio para el análisis y dictaminación de una pieza legislativa acota los márgenes de modificación de la representación popular, por la sencilla razón de que el tiempo corre en contra del Congreso. Menos tiempo para empaparse del contenido, generar alternativas, prever impactos normativos, presupuestales o sociales. La iniciativa preferente explota la debilidad estructural de cualquier parlamento: la complejidad de integrar y consensuar la pluralidad. Ahí radica su potencia.

La reforma constitucional en materia energética exige un conjunto de leyes reglamentarias y la modificación de otras actualmente vigentes. Se estima que cerca de 14 ordenamientos deben ser expedidos o reformados. La tensión política que ha circundado su aprobación, en las tomas de tribunas y los cercos legislativos, bien pudiera sugerir que la obligatoria reglamentación de la reforma se realice en tramitación preferente. No debe extrañar que el Ejecutivo federal voltee a ver con interés este mecanismo para sacar rápido el saldo restante de la reforma. Menos tribulaciones, menos caos, menos molestias. Pero usarla en este tema es un craso error. La reforma constitucional sobre el sector energético no predispuso un modelo unívoco. Quitó candados, generó opciones, revitalizó la potestad de configuración de las mayorías democráticas que un falso nacionalismo había petrificado. La reglamentación de la reforma no es un ejercicio deductivo de decisiones acabadas, sino el marco de referencia para la construcción de instituciones, incentivos, relaciones jurídicas, etcétera. El éxito de la Reforma Enérgetica depende de que los principios y reglas, los márgenes y límites de libertad económica, los linderos de actuación del Estado en el sector de los hidrocarburos y de las energías, se desdoblen en procedimientos, actos, plazos, derechos, obligaciones, facultades de un complejo orgánico y funcional. El poder revisor de la Constitución determinó plazos para la aprobación de estas normas de desarrollo, en la inteligencia de su complejidad y en la conciencia de que no debían quedar a las calendas griegas. Hubo, pues, una razón constitucional y política.

Reglamentar la Reforma Energética a través de la tramitación preferente es un desafío a la responsabilidad técnica. Un espacio innecesario al error y a la frustración. La tensión será mayor si el desenlace es una mala reforma. A los actuales inconformes se sumarán los futuros decepcionados. La tentación preferente debe tratarse con cuidado.

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx

                @rgilzuarth

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