Advertencia sobre autonomía política y autodefensas

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Ricardo Pascoe Pierce 16/05/2014 00:00
Advertencia sobre autonomía política y autodefensas

La anunciada reconversión de las autodefensas michoacanas en policías rurales ha oscurecido lo que realmente acontece en ese estado. La narrativa oficial nos hace entender que “lo que era ilegal” ha dejado de serlo, y ahora es “legal”. Entenderíamos que las fuerzas irregulares civiles entregaron sus armas y ahora obedecen a una estructura de mando militar o de policía estatal; este último detalle no queda del todo claro.

Sin embargo, según los propios datos del gobierno federal, las autodefensas incorporadas a la policía rural sería una parte notoriamente minoritaria de sus integrantes. Se llegó a contabilizar alrededor de 12 mil autodefensas en el estado en su momento de mayor efervescencia. Se han incorporado a las policías rurales menos de mil. Las armas registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no entregadas y mantenidas en manos de civiles, alcanzarán alrededor de tres mil.  Son armas de alto poder que, legalmente, no pueden estar sino en manos de policías o militares autorizados para su manejo. Pero Michoacán es una excepción, aunque no la única. Se ha legalizado lo ilegal. Y no se ha resuelto el problema, pues las autodefensas, en sus diversas formas, siguen operando con absoluta libertad, a pesar de lo que dice el comisionado Castillo.

Además de militar, el problema es político. La aparición de las autodefensas fue precedida por un proceso de crisis de la autoridad estatal, y el llenado de esas ausencias de autoridad ocurrió de manera natural por caciquismos locales, narcotraficantes, grupos guerrilleros y movimientos indígenas autonomistas. El entrecruce de demandas locales, legítimas, de autodefensa de las comunidades ante agresores criminales o corporativos con las actividades ilegales del crimen organizado, caciques o mineras y guerrillas ha creado un complejo entramado confuso donde la distinción entre unos y otros se hace difícil. Debido al vacío dejado por la autoridad, han surgido estas formas de autonomía política, aunque sean dirigidas por colonos auténticos o criminales. El efecto es el mismo.

La autonomía política se da como un método de autogobierno, en donde las comunidades se dotan de formas propias, autodirigidas, de seguridad y administración de la justicia. Muchas comunidades en Michoacán, Guerrero y Oaxaca imparten justicia en asambleas a mano alzada. Teóricamente no debiera ser así en un país con leyes que definen cómo se procura la justicia y quiénes son los encargados de su impartición, además de precisar los responsables de la protección ciudadana. Sin embargo, el hecho de que las instancias del Estado, en materia de seguridad y justicia, han demostrado que no tienen ni la capacidad ni la voluntad de ejercer su función legalmente definida, es el espacio que abre las puertas a las formas de autonomía política que ejercen las comunidades. Claro, otra manera de definir este problema en términos políticos sería hablar de un Estado fallido. El problema que se observa en Michoacán es que existe una política de fingir que el asunto de las autodefensas se resolvió con un llamado “desarme” que recibió dos definiciones: la del gobierno federal, que hablaba de la “entrega” de armas, mientras que las autodefensas hablan de un “registro” de armas. La diferencia no es lingüística: en la interpretación de las autodefensas, se quedan con sus armas. Y así ha sido. Entonces, resulta que persiste el Estado fallido en Michoacán por dos cuentas. Por un lado, la presencia de la autoridad como única fuerza armada no se ha logrado y, por el otro lado, a pesar de la insistencia federal en el desarme, éste tampoco se ha logrado. Es el peor escenario de todos los mundos. El Estado fallido demostró, por segunda ocasión, por qué es fallido. La gestión autonómica de las comunidades empieza a extenderse por muchos estados de la República. Consolida la noción entre muchos mexicanos de que el Estado funciona, cabalmente, para unos, pero no para otros. Esa gestión se expresa de muchas maneras y con diversas formas de organización. Pero el aspecto clave es la percepción comunitaria de que la presencia de los servicios del Estado, aun estando presentes,  son deficientes, parciales e incapaces de atender la cobertura requerida.

Aún no llegamos a una situación de rebelión popular, como la descrita por Carlos Marx en su libro La comuna de París, pero hay que advertir que después de la autoadministración de la seguridad y la justicia, viene, como lógica implacable, el rechazo al sistema político en su conjunto, con una mezcla de nuevos cárteles y caciques más audaces. Aún estamos a tiempo para las correcciones que requiere la administración pública en todos sus niveles. Pero si se mantiene la ceguera y la autocomplacencia que expresan las actuales autoridades, en vez de mejorar, la situación va a empeorar. Advertidos estamos.

                ricardopascoe@hotmail.com

                Twitter: @rpascoep

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