Ley de partidos políticos

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Raúl Contreras Bustamante 31/05/2014 00:05
Ley de partidos políticos

Como consecuencia de la Reforma Política que los principales partidos políticos consensaron, el pasado 23 de mayo se publicó en el Diario Oficial, la Ley General de Partidos Políticos.

Con 97 artículos y nueve transitorios, la nueva legislación entró en vigor al día siguiente de su publicación. Establece plazos para que todos los congresos y la Asamblea Legislativa del DF tengan que ajustar la legislación a este marco jurídico-electoral —a más tardar el 30 de junio próximo— y a los propios partidos, para que ajusten sus documentos básicos y demás reglamentación, el 30 de septiembre de este año.

A mediados del siglo XIX, ningún país del mundo —con excepción de Estados Unidos— conocía a los partidos políticos en el sentido moderno de la palabra: había tendencias de opiniones, clubes populares, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios, pero no partidos, propiamente dichos.

En 1950, los partidos políticos ya funcionan en la mayoría de las naciones civilizadas, esforzándose las demás por imitarlas. En la actualidad, son la principal —y a veces única— vía de acceso institucional y democrático al poder político. Aún en los países donde subsiste la monarquía –hoy, en casi todos los casos, de carácter constitucional—  los partidos políticos, son instrumentos imprescindibles del sistema político de esas naciones.

Maurice Duverger, define a los partidos políticos como “organismos cerrados, disciplinados, mecanizados, a esos partidos monolíticos, cuya estructura se parece exteriormente a la de un ejército, pero los medios de organización son más flexibles y más eficaces, descansando en un adiestramiento de las almas, más que de los cuerpos”.Esta legislación se había venido dilatando desde hace mucho tiempo. Cualquier forma de gobierno dominante, se rehúsa a crear normas para controlarse a sí mismo. Los partidos políticos habían eludido la obligación de legislar específicamente para establecer límites y transparentar su actuación.

El resultado ha sido decepcionante. En la mayoría de los temas abordados, la legislación reproduce normas que ya estaban codificadas y en funcionamiento.

Refrenda la tendencia hacia la centralización, al determinar que será aplicable a los partidos políticos nacionales y locales. La soberanía de las entidades federativas ya no alcanza para que puedan existir partidos estatales o regionales. Todo se ventilará en el Distrito Federal, en el INE.

Quizá el único avance, lo constituye la obligación que los partidos ahora tienen en materia de transparencia. Se considera información pública: los documentos básicos; padrón de militantes; órganos de dirección, con sus remuneraciones ordinarias y extraordinarias; contratos y convenios de adquisiciones, arrendamientos y concesiones; montos de financiamiento; resultados de revisiones, auditorias y otros rubros importantes más.

La nueva legislación omitió establecer que si los partidos son instrumepntos para la democracia, dentro de sus obligaciones debería estar la de ser democráticos en todos sus actos.

Se les olvidó a los legisladores citar al artículo 3 de la Constitución considera a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Se refrenda que las autoridades electorales no podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos; y entre esos tópicos, están los procedimientos y requisitos para la selección de candidatos a cargos de elección popular.

Quiere decir, que con la reelección autorizada para los diputados, senadores y alcaldes —electos por mayoría y aún los plurinominales— la nueva ley les dejó a los partidos toda la libertad de decidir —como mejor les convenga— a quienes impondrán para esos cargos de gobierno.

Es decir, la partidocracia quedó inalterada.

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