Reforma Energética y democracia

Algunos sectores que se oponen a la reforma han comenzado a anunciar que propugnarán porque se organice una consulta popular que la deje sin efectos legales.

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Raúl Contreras Bustamante 21/12/2013 02:01
Reforma Energética y democracia

El día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto  promulgó el decreto que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, se trata de una reforma constitucional que permitirá celebrar al Estado mexicano contratos con particulares para la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del país.

En términos generales, el nuevo texto de nuestra Carta Magna descarta la entrega de concesiones a particulares y se limita a diferentes modalidades de contratos o licencias para la explotación y exploración de los recursos energéticos. A pesar de la apertura a la explotación del sector energético, la reforma plantea que “los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.

En materia de energía eléctrica también reitera que: “Corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”.

Con el acto de promulgación se finaliza formalmente el proceso de reforma constitucional y se materializa un gran éxito en la gestión presidencial, que logró hacer las transformaciones que desde hace muchos años se venían postergando por falta de consensos políticos.

A pesar de las resistencias naturales de la izquierda, la reforma fue posible por la coincidencia de opinión de una amplia mayoría dentro de las dos cámaras del Congreso federal, así como de las legislaturas de los estados.

La ingeniería constitucional prevé que ningún partido por sí mismo puede reformar a la Constitución. En la Cámara de Senadores la reforma se aprobó con 95 votos en favor y 28 en contra. En la de Diputados fueron 354 sobre 134; y en las legislaturas estatales de 24 Congresos —que al momento de escribir esta colaboración habían discutido el texto—, sólo la legislatura de Tabasco se había manifestado en contra de ratificar la reforma.

Algunos sectores que se oponen a la reforma han comenzado a anunciar que propugnarán porque se organice una consulta popular que la deje sin efectos legales.

La verdad sea dicha, no se trata más que de un recurso extremo para seguir manifestando su inconformidad, porque desde el punto de vista jurídico no tiene viabilidad alguna.

Así es la democracia. Somos una República representativa. El proceso de reforma que tantos años se debatió y postergó hoy tiene plena validez legal.

La única manera de poder revertir esta reforma sería una nueva iniciativa consensuada y aprobada no por el Congreso, sino por el Poder Constituyente Permanente, que se integra por los Poderes Legislativos de la Federación y el de los 31 estados.

Una consulta popular no puede modificar a la Constitución. Los poderes constituidos no pueden ir más allá de lo que manda el texto constitucional. Sólo una nueva reforma podría modificar lo alcanzado en la iniciativa recién promulgada. Lo demás son sueños de opio.

El presidente Peña acaba de subir otro escalón. Primero ganó la candidatura de su partido, luego ganó las elecciones, después logró el consenso partidario inédito para establecer el Pacto por México con el que alcanzó un número importante de reformas estructurales y, ahora, consiguió que se le autorizara la Reforma Energética.

Todo se alineó a su favor. Hasta el infarto de Andrés Manuel López Obrador  y la ausencia por enfermedad del líder perredista en el Senado, en el momento crucial de la discusión.

Giovanni Sartori ha dicho: “Nuestras democracias decepcionan, pero no traicionan”. Los acuerdos políticos se materializaron en estas reformas trascendentes.

Muchos se pueden sentir desencantados, pero nadie se puede llamar defraudado. Así es la democracia.

Hay que vigilar el buen manejo que el gobierno haga de las facultades que les han sido concedidas y que sea por el bien de México.

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