Responsabilidad ética y reforma electoral

COMPARTIR 
Opinión del experto nacional 10/05/2014 01:01
Responsabilidad ética y reforma electoral

Por María Marván Laborde*

La ley secundaria de la Reforma Político Electoral no salió en tiempo, los partidos políticos aún no pueden llegar a un acuerdo. Todavía no hay un proyecto sobre las normas que deben regir la vida político electoral del país.

La reforma constitucional salió en diciembre de 2013 gracias a que cada una de las partes, PAN, PRI y PRD, estaban convencidas de que sus ideas, sus preocupaciones estaban contenidas, o podrían estarlo, en una redacción consensuada, frases carentes de contenidos reales, recipientes vacíos listos para adquirir sentido al momento de redactar la ley secundaria. Por primera vez no avanzaron de manera paralela los cambios constitucionales y los del Cofipe. En enero no pudieron hacer una sola mesa de negociación. Cada partido redactó su iniciativa con muy pocos elementos en común. 

La incertidumbre quedó grabada en el abusivo uso de todo lo que el INE podrá hacer o no.  Podrá atraer elecciones o funciones específicas, podrá delegar tareas, podrá remover a los consejeros, podrá… podrá… podrá. Todos y cada uno de los podrás son en realidad desacuerdos. Conflictos no resueltos entre partidos, discrepancias entre facciones de los partidos, promesas rotas de disciplina partidaria.  

Es imperativo que la legislación secundaria no sea una convención de palabras ambiguas y dobles sentidos donde todo cabe y nada queda puntualizado de manera diáfana. Al leer la ley los partidos deben saber qué pueden hacer o no. Las autoridades tienen que tener directrices claras para interpretar las normas escritas. El Tribunal debe poder juzgar respetando el espíritu de la legislación.

En cuestiones fundamentales como quién y cuándo puede solicitar que el Consejo General del INE ejerza la facultad de atracción debe haber certeza; no es conveniente que algún partido considere que la ley establece un proceso y otro partido demuestre que con una interpretación “amplia” de otros artículos puestos en distinto lugar la autoridad podría tomar la decisión contraria. No menos relevante será que todos entiendan lo mismo respecto a cómo y cuándo castigar a los candidatos que se excedan en sus gastos de campaña.

Éstos son solamente dos ejemplos de los muchos que se nos pueden ocurrir. Los partidos no deben intentar ganar en la mesa del Consejo General o en el Tribunal Electoral lo que no lograron consensuar en el Poder Legislativo. Los partidos no pueden esperar que la autoridad electoral imagine el proyecto que cada uno de ellos trae en la cabeza. La ley debe ser entendible para los partidos, para las autoridades, pero sobre todo para la sociedad. Las conquistas no logradas deberán ser materia de otra reforma electoral, nunca de negociaciones mañosas, de interpretaciones que atenten contra la lógica de lo que quedó escrito.

Advierto al menos tres momentos riesgosos: el primero tendrá que ver con la creación de los nuevos reglamentos. La falta de claridad en el significado de los acuerdos aprobados por el Congreso hará que el INE trabaje partiendo de imaginarios distintos. ¿Qué hacer si reglamentos como  el de fiscalización o el de Radio y Televisión son impugnados por distintos motivos pero por los diez partidos políticos, suponiendo que Morena, Encuentro Social y Frente Humanista consigan el registro?

El segundo momento crítico iniciará tan pronto arranque el proceso electoral, cada decisión en la organización de la elección, cada spot, cada acto de autoridad  será impugnado. A la queja de un partido le seguirá el pago de cortesía del de enfrente. Todos alegarán que en la torre de Babel construida en San Lázaro la ley no dice lo que dice sino lo que ellos quieren que diga.

El tercer momento, el más grave, sería la posible impugnación de las nueve elecciones de gobernadores de las que el INE ya es responsable. La incipiente cultura de la aceptabilidad de la derrota de la que adolecen nuestros partidos, sumada a la falta de claridad en la ley, puede ser desastrosa. Hoy está en manos de partidos y legisladores evitar una catástrofe, hoy es posible prevenir la confrontación estéril. 

Gracias a la transición democrática el Presidente ya no tiene los márgenes de maniobra con los que contó Salinas de Gortari para resolver el conflicto de la elección de Guanajuato a principios de los años 90. Hoy en día hemos construido canales institucionales para resolver los conflictos electorales, la primera piedra de ese entramado institucional es la ley, por ello las normas deben ser claras y el acuerdo que se requiere es de fondo, no de forma. Los legisladores tienen la obligación ética de acordar un proyecto que tenga un mandato claro. México no puede darse el lujo de que no hagan su trabajo con toda responsabilidad.

*Exconsejera presidente del IFE, excomisionada del IFAI y doctora en sociología por la New School de New York

 

Comparte esta entrada

Comentarios

Lo que pasa en la red