Michoacán en positivo

La violencia en Michoacán puede abrir, si se utiliza adecuadamente y por paradójico que suene, enormes oportunidades de futuro.

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Opinión del experto nacional 22/01/2014 03:06
Michoacán en positivo

Por Carlos Resa Nestares*

Primera de dos partes

 

El uso de la violencia letal es una desgracia sin paliativos. La muerte es siempre la peor de las derrotas. Pero es algo más: una emisión contundente y amplificada de información. Y lo que brota de la violencia desatada en Michoacán puede abrir, si se utiliza adecuadamente y por paradójico que suene, enormes oportunidades de futuro.

Michoacán ha puesto de manifiesto una vez más que el árbol del narco, ente difuso, origen último de toda la violencia según el discurso oficial y burocrático, en última instancia justificación de las actividades del estado central, no permitía ver el bosque de un escenario bastante más siniestro que la pretendida colombianización: la sicilianización de partes de México. Pero también que sus mafiosos, aunque muy violentos, son frágiles.

Vestidos por Kaláshnikov, con el cambio de siglo florecieron en regiones dispersas de México mafiosos dedicados a lo que es su especialidad: la venta en territorios reducidos de protección privada, un servicio que en ocasiones es difícil distinguir de la mera extorsión. No es que México haya sido ajeno a lo largo de su historia a la tradición de venta de protección privada. Lo que cambió a partir de los años noventa del siglo XX es que los mafiosos, entendidos en sentido estricto, dejaron de pertenecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El PRI fue, entre otras muchas cosas y no exclusivamente, un cártel (en sentido estrictamente económico de reparto del mercado) de mafiosos. Por una parte, era una marca registrada con una formidable reputación en la utilización de la violencia frente a potenciales competidores. Cuanto mayor es el prestigio violento, menor es la necesidad de utilizarlo. Es el mismo mecanismo que inhibe a los alumnos a enfrentarse al abusón del colegio: el terror a su reacción violenta. Era la pax mafiosa subida a lomos del monopolio weberiano de la violencia estatal.

Por otra, el PRI en su esplendor proporcionó a los mafiosos un espacio de negociación para la distribución territorial del negocio y, sobre todo, para la resolución pacífica de los conflictos entre los miembros del cártel sobre el acuerdo común de un sanedrín ejecutivo e inapelable, pero con un mandato limitado en el tiempo. Si, según Carl von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, la política priista fue la continuación de la guerra civil entre mafiosos, alias revolucionarios o caciques, por otros medios, no violentos. Nada, por otra parte, que no haya sido el patrón oro de la construcción de los estados nacionales.

Desde que Carlos Salinas de Gortari, por motivos espurios, resolviese implosionar el edificio del PRI como cártel de mafiosos, los servicios de protección privada en México, un mercado hasta entonces copado de trabajadores del sector público o asociados se han privatizado (valga la redundancia) y debilitado. El pluralismo electoral no consiguió sino empeorar el estado fluido del mercado. Podrá discutirse el precio, pero la metamorfosis del burócrata gestor en empresario triunfante en la cúspide de diversos sectores, desde la telefonía a la banca, fue ordenada y con plenas garantías jurídicas.

Por contra, nada se planificó para la transición de los mafiosos. Podía haberse optado por nacionalizar la protección privada, que ya actuaba de facto vestida de uniforme con sus sinergias inmediatas, y convertirla en seguridad pública. Hubiese sido un proceso complejo pero que cuenta con un puñado de manuales de buenas prácticas en todo el mundo. A cambio se optó por medidas cortoplacistas que dejaron multitud de derechos de propiedad en el aire y no sólo en ámbitos claramente ilegales sino también en el de empresarios legales o meros ciudadanos que fueron dejados al albur de extorsionadores públicos y privados.

Era una oferta en busca de su propia demanda. Ante la debilidad del estado para proporcionar ni seguridad pública ni privada, el vacío se llenó con nuevos actores, unos surgidos del sector público y otros nacidos desde la iniciativa empresarial privada. Pero el proceso no fue de mera sustitución de poderes. Se dejó al libre albedrío de las manos invisibles del mercado. El inconveniente es que la naturaleza del servicio ofertado no es precisamente pacífico.

*Profesor asociado de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid.
Consultor de la ONU sobre Drogas y Delincuencia

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