Oportuna intervención

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Martín Espinosa 08/04/2014 02:25
Oportuna intervención

Acertada fue la decisión, por decir lo menos, del gobierno federal de intervenir en el Estado de México frente a los niveles delictivos que desde hace varios meses registraron un “repunte” que comenzó a preocupar a las altas esferas de la seguridad del país. No había pasado ni una semana de que el gobernador Eruviel Ávila había declarado que se trataba de “un problema atípico y temporal” cuando el propio presidente Enrique Peña Nieto lo invitó a una “comida” en Los Pinos con el fin de platicar del grave problema que ya era evidente para todos y para tomar la decisión de mandar a las fuerzas federales a los principales “focos rojos” donde a diario se han registrado asaltos y extorsiones, así como ejecuciones a manos del llamado crimen organizado, principalmente en las zonas norte y oriente de la entidad.

Finalmente se reconoció que el asunto no data de la intervención federal en Michoacán por lo que los especialistas llaman “el efecto cucaracha”, sino que desde hace años la situación en el Edomex se vino descomponiendo hasta llegar a los niveles que hoy presenta. La intervención del gobierno de Peña Nieto tuvo que llegar “hasta el fondo” al grado de cambiar a quien era la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rocío Alonso Ríos, por un experimentado policía como lo es Damián Canales Mena, quien en su larga trayectoria en la seguridad pública ha ocupado cargos como director de la Policía Judicial del DF y secretario de Seguridad Pública de Hidalgo.

Sin embargo, las medidas adoptadas desde la “cúpula” gubernamental del país de nada servirán si no se va al fondo de un problema que ha sido la característica de muchas regiones del país que han vivido en “carne propia” el incremento de la violencia en la última década: la corrupción de sus cuerpos policiacos y de las estructuras encargadas de la procuración de justicia.

Para nadie es un secreto que tanto las policías estatal y municipales del Estado de México han sufrido desde hace años un grave deterioro debido al rezago tanto en su capacitación y armamento, así como en materia salarial. Sólo basta ir a algunas de la oficinas del Ministerio Público del estado para “conocer” la forma en que los policías judiciales y agentes del MP “bailan” (como se le conoce en el argot policiaco) a los detenidos a quienes piden cantidades de dinero para, posteriormente, dejarlos en libertad. El “corredero” de dinero llega hasta los subprocuradores regionales que son quienes “manejan la plaza” a su antojo, sin reportar siquiera al actual procurador Miguel Ángel Contreras Nieto.

Los mandos estatales están más preocupados porque sus agentes ministeriales porten los “famosos pines” donde se lee el nuevo lema del actual gobierno estatal en materia de procuración de justicia, que por eliminar la corrupción en la dependencia y evitar los “entres” que ahí prevalecen.

De tal forma que el reto principal que tienen las autoridades federales en materia de Seguridad Pública es comenzar a combatir el delito, pero al interior de las propias dependencias estatales encargadas, supuestamente, de garantizar el combate a los delincuentes, así como del respeto a la ley. Y la “limpia” tendrá que ser a fondo ante el reporte de los propios habitantes de amplias zonas del norte y oriente de la entidad en el sentido de que son los propios cuerpos policiacos los que protegen a los criminales y delincuentes que tienen asolada a la población.

Porque si han proliferado los asaltos al transporte público, a transeúntes, así como la venta de drogas en muchos municipios del estado ha sido porque las instancias encargadas de combatirlos se han coludido, en muchos de los casos, con las bandas delincuenciales que “han sentado sus reales” en toda la zona conurbada al DF y, en otros, las propias autoridades han sido ineficientes para hacer que se respete la ley.

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