Contrapesos, ¿hasta dónde?

Como en toda pieza de ingeniería, tanto la cantidad como la calidad son cruciales. La insuficiencia de contrapesos lleva al autoritarismo, su exceso a la ineficiencia o al inmovilismo. Pocos límites que cumplan con su propósito es mejor que muchos límites que en apariencia constriñen a los poderes...

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María Amparo Casar 11/06/2014 02:19
Contrapesos, ¿hasta dónde?

Los contrapesos fueron ideados para poner límites a los poderes y evitar la concentración de autoridad en uno de ellos. También fueron concebidos para incorporar diversas visiones de la sociedad y así enriquecer las decisiones de carácter público. Los contrapesos hacen más lenta la toma de decisiones, pero su propósito no es paralizar la tarea de gobierno.

Como en toda pieza de ingeniería, tanto la cantidad como la calidad son cruciales. La insuficiencia de contrapesos lleva al autoritarismo, su exceso a la ineficiencia o al inmovilismo. Pocos límites que cumplan con su propósito es mejor que muchos límites que en apariencia constriñen a los poderes, pero que en realidad entorpecen las decisiones de política pública y las hacen menos coherentes, consistentes, eficaces y duraderas.

Los contrapesos en una democracia son de dos tipos: los institucionales y los sociales. Los dos coexisten y juegan un papel importante. Los institucionales hacen coincidir la responsabilidad de una decisión en dos o más órganos de poder. Los sociales son ejercidos por actores individuales o colectivos sin autoridad expresa o delegada, pero con recursos de poder capaces de modificar las decisiones públicas.

México se situó durante muchos años en un extremo del espectro. El Presidente tenía muy pocos contrapesos formales. Con un Congreso monocolor, una Suprema Corte subordinada y gobernadores estatales cuya permanencia estaba amenazada por la voluntad presidencial, el Ejecutivo podía actuar, si no a sus anchas, casi.

Por el lado de los contrapesos sociales las cosas eran, si cabe, peores. El control mediático evitaba la exhibición y el descrédito. La inexistencia de encuestas de desempeño impedía que se conociera el sentir social. La movilización controlada contenía las expresiones de descontento. La inexistencia de organizaciones sociales independientes especializadas imposibilitaba una versión no oficial de las cifras y de los resultados de las políticas públicas. La ausencia de debate público hacía fácil la imposición de una sola visión de la realidad. Así podríamos seguir.

La transición fue moviendo el péndulo a lo largo del espectro y hoy los contrapesos están por todas partes: en el Congreso, sin cuya anuencia no se puede gobernar; en la Corte, que es capaz de anular un acto de los otros poderes; en los órganos autónomos, que actúan al margen de las ramas y órdenes de gobierno; en la sociedad, que pone bajo la lupa el desempeño gubernamental; en los medios, que investigan y denuncian.

Lo que no se ha puesto a debate es si cantidad es igual a calidad y si los muchas veces bienvenidos contrapesos institucionales y sociales están cumpliendo sus funciones o más bien obstaculizando la función de gobierno. La proliferación de contrapesos institucionales no garantiza mayor eficiencia y la multiplicación de contrapesos sociales tampoco equivale en automático a mayor democracia.

Ni la disminución de facultades a cargo del Ejecutivo ni la puesta en manos de los órganos autónomos de ciertas funciones estatales ni el activismo social son buenos en sí mismos. Tampoco garantizan más democracia y más eficacia. Si no sirven a los propósitos para los que fueron creados y desvirtúan su naturaleza en lugar de servir se vuelven perniciosos.

A últimas fechas hemos tenido ejemplos de cómo los contrapesos sirven para avanzar intereses particulares más que para fortalecer la democracia o hacer más eficaz la tarea de gobierno. Ejemplos los hay de actores públicos y privados.

Ahí está el PAN condicionando la discusión de las leyes reglamentarias en materia energética a que los congresos estatales armonicen su legislación electoral. La petición del PAN es simplemente absurda cuando no vergonzosa. Con su exigencia de que primero se aprueben las leyes en los estados lo que está pidiendo al presidente Peña Nieto es que utilice su poder para avasallar la autonomía de las legislaturas locales. ¡Un partido que dice luchar por acabar con la subordinación de los estados a la Federación y de los congresos locales a los gobernadores pidiendo abiertamente al Presidente girar una orden para que actúen no conforme a su autonomía sino a un dictado presidencial!

Del lado social está la CNTE intentando echar por la borda la Reforma Educativa. La libre manifestación de ideas, de expresión y de manifestación son derechos que deben resguardarse, pero el contrapeso que puede y debe desplegar la sociedad también tiene límites. Si no convence por las vías y con los instrumentos a su alcance y no logra evitar o conseguir la aprobación de una decisión de política pública por los cauces institucionales, no tiene derecho a anularla en la práctica a través de actos ilegales.

Un sistema político debe ser democrático, pero también eficaz. Los contrapesos deben servir a ambos propósitos: robustecer la democracia y fortalecer el buen gobierno. No parecen estar haciéndolo. Quizá porque no hemos puesto atención al contrapeso más eficaz de todos: la aplicación de la ley.

                *Investigador del CIDE

                amparo.casar@cide.edu

                Twitter: @amparocasar

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