De mezquindades y aberraciones jurídicas

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Juan José Rodríguez Prats 12/12/2013 01:21
De mezquindades y aberraciones jurídicas

El hombre como individuo y como pueblo padece una crisis del deber y una hipertrofia del derecho.

Gregorio Marañón

 

En eso de hacer leyes, como diría un paisano, “vamos en franca decadencia p’abajo” o, como consecuencia del malestar con nuestra democracia, “estábamos mejor cuando estábamos peor”.

Coincido con Manuel Herrera y Lasso: las asambleas no sirven para hacer leyes, las legitiman, las difunden. Las grandes aportaciones del derecho han surgido de cubículos solitarios o de expertos. La función más importante del Poder Legislativo es la de control para exigir cuentas y fincar responsabilidades, tarea en la que nuestros congresos dejan mucho qué desear.

Doy algunos ejemplos de las que veo como graves equivocaciones en las reformas recientes a nuestra ya maltratada Constitución.

Al recibir la minuta del Senado sobre la Reforma Política, los diputados incluyeron en un transitorio la primera legislatura con derecho a reelección para 2018. El argumento, totalmente baladí, es para emparejarla con la de los senadores. Pero el motivo verdadero es para que los actuales diputados tengan la oportunidad de ser los primeros beneficiados y no tengan que enfrentarse con diputados que quieran reelegirse, como originalmente estaba planteado por el Senado, al poner como inicio de vigencia 2015. Daña mucho al derecho legislar para el caso o con dedicatoria, se rompe con el principio de generalidad y se somete a la dictadura del corto plazo. Espero que los senadores regresen a la redacción original.

Los senadores aprobaron que si un legislador pretende reelegirse por otro partido, deberá renunciar, a la mitad de su periodo, al que lo llevó al poder. En un ejemplo claro del miedo a perder derechos adquiridos, se le da preeminencia a los partidos sobre la ciudadanía. Sorprende que el PAN, cuyos fundadores siempre sostuvieron que el partido es un instrumento de la ciudadanía, se haya prestado o haya sido el autor de esta infamia —así me atrevo a calificarla— y una traición a la doctrina panista. Se sostuvo que de esta manera se evitaría el “transfuguismo”, cuando éste corresponde a la cultura política y no al ámbito del derecho. Por otra parte, se asume que el tránsfuga es el culpable, cuando en muchos casos, los partidos, conducidos por oligocracias, se posesionan de la designación de candidatos.

No corresponde al derecho regular las posibilidades de coalición. Esas no son normas jurídicas revestidas de sanción. Más bien corresponden a la realidad política y duran en tanto los protagonistas honren su palabra y estén de acuerdo en adoptar políticas públicas. Una norma encierra un deber ser, que se asume en plenitud. La más elemental racionalidad jurídica señala que es de posible cumplimiento. La opción de ignorarla no se deja a consideración del sujeto pasivo; esto es, del responsable de aplicarla. En ese escenario se rompe con uno de los fines elementales del derecho: la predictibilidad de lo que el Estado hace y debe hacer.

Darle autonomía a la PGR —simplemente porque la Constitución así lo señale— es sobreestimar los efectos del derecho. Muchos son los organismos autónomos conforme a la ley que en realidad son dependientes. Es muy peligroso que se libere al titular del Ejecutivo de la mayor responsabilidad de un Estado: brindar seguridad aplicando la ley. La actuación del Ministerio Público se ha distorsionado por falta de ética profesional, problema que debe superarse por otros mecanismos. Una modificación legal no cambia la realidad, no nos engañemos.

Efectivamente, en toda democracia existe el chantaje entre poderes, pero siempre deben prevalecer principios, dándole preeminencia al interés nacional. Un chantaje para obtener beneficios partidistas o personales representa la más degradante distorsión del trabajo Legislativo.

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