Desconfianza

El juicio contra El Chapo es una prueba para la capacidad de la justicia y una oportunidad para comenzar a salir del pozo de la desconfianza y de la impunidad del delito, que inhabilita cualquier estrategia contra el crimen.

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José Buendía Hegewisch 02/03/2014 02:33
Desconfianza

La reaprehensión de Joaquín El Chapo Guzmán levantó, como otras veces, un mar de desconfianza en la opinión pública por su identidad, la forma de captura, sus consecuencias en mayor violencia y, en lo particular, por la expectativa del proceso judicial o la posibilidad de extraditarlo a Estados Unidos. A pesar de la confirmación de las agencias estadunidenses y del gobierno mexicano de la veracidad del golpe, la reacción proyecta hasta donde es débil la esperanza de que la decapitación del cártel de Pacífico reduzca su actividad o sirva para atacar su entorno de redes económicas y políticas, o que la alicaída justicia mexicana se beneficie de la información que aporte el juicio. El Chapo era no sólo el símbolo de corrupción, sino de la incapacidad de la justicia para aplicar la ley.

Puede argüirse que esto se debe a que la experiencia reciente enseña las limitaciones de la política de persecución de las “cabezas” del narco para bajar la espiral de violencia;  o que pudo tratarse de un liderazgo en descenso y la propia organización lo entregara o abandonara como contribución para seguir con su normal operación en el trasiego de droga a Estados Unidos; incluso por la creencia de que volverá a evadirse, o con el tiempo ser liberado subrepticiamente por un juez como ocurrido en agosto pasado con Rafael Caro Quintero. La falta de credibilidad en la justicia se traduce en que, según un sondeo de Gabinete de Comunicación Estratégica, la percepción pública está dividida a la mitad entre los que creen que la persona presentada es  El Chapo. Aún más que siete de cada diez mexicanos piensa que volverá a escaparse, entre otras cosas porque en esa misma proporción se cree que su fuga de 13 años atrás estuvo resguardada por la cobertura de funcionarios o políticos.

Por eso, una vez detenido, El Chapo dejó de ser un asunto policiaco y de seguridad para convertirse en el mayor problema para la justicia. Si desde la detención el gobierno  evitó la épica militar o el tratamiento de trofeo que caracterizó a su antecesor y  quiso presentarla como un asunto de procuración de Justicia, en el proceso penal  tiene la  oportunidad de demostrar su compromiso. El juicio contra El Chapo es una prueba para la capacidad de la justicia y una oportunidad para comenzar a salir del pozo de la desconfianza y de la impunidad del delito, que inhabilita cualquier estrategia contra el crimen.

Por eso sería un error acceder a extraditarlo a Estados Unidos. Implicaría aceptar impotencia para garantizar la seguridad en el proceso y que sirva para desentrañar el entorno de corrupción y sobornos que nutre los balances en números negros del cártel del Pacífico. Los jueces y el Poder Judicial en Italia, como se recuerda, fueron decisivos en la lucha contra la mafia con el proceso “Manos Limpias” del fiscal Antonio Di Pietro que puso al descubierta en los noventa la extensa red de corrupción y sobornos que implicaba a todos los partidos del momento y a diversos grupos empresariales. Pero también contribuyó a recuperar la credibilidad en valores de la cultura de la legalidad, sin la cual ninguna estrategia contra el crimen organizado puede funcionar.

La desconfianza en la justicia explica también la confusión de valores éticos que refleja la manifestaciones en apoyo de la liberación de El Chapo en Culiacán y demandar un “juicio justo”, así como  del apoyo social al narco en regiones del país e incluso la  proliferación de autodefensas que toman la seguridad y justicia en sus manos como en Michoacán o Guerrero; y hasta el linchamiento como en Los Reyes La Paz. Incluso hasta cuando se pide aprovechar la captura de El Chapo para cambiar la estrategia contra el crimen, hay que señalar que las distintas fuentes de violencia persistirán mientras la justicia no funcione.

Tangentopoli (soborno) en Italia o la evasión de 13 años de El Chapo no se debió sólo al poder corruptor del crimen, sino a la impunidad en los aparatos de seguridad y justicia. La Operación Limpieza del gobierno anterior de Calderón para sanear a la PGR se saldó en un rotundo fracaso, que ahora incluso puede traer demandas de afectados contra las autoridades de entonces, comenzando por la exprocuradora Marisela Morales. Si bien han rodado cabezas de grandes capos, en el lado de la justicia parecen estar a buen recaudo aunque la confianza en ella se extinga. 

El Chapo no era símbolo de la incapacidad del Estado para mantener la seguridad y, sobre todo, de hacer cumplir la ley. Hoy la justicia mexicana tiene una oportunidad en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

                *Analista político

                jbuendia@gimm.com.mx

                Twitter:@jbuendiah

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