¿Por qué falta entusiasmo a las reformas?

El discurso optimista de transformación del gobierno a partir de las reformas, tampoco se articula con la percepción de la ciudadanía sobre los cambios y la confianza en un mejor futuro.

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José Buendía Hegewisch 09/02/2014 01:39
¿Por qué falta entusiasmo a las reformas?

La frenética producción de reformas del actual gobierno no ha logrado generar hasta ahora el entusiasmo que esperaría tras una década de resistencias y obstáculos a cambios legislativos trascendentales. La sobre expectativa que suele depositarse en la ley, como poder casi mágico para transformar la realidad, decae ante la constatación del poco valor de la legalidad en la práctica cotidiana e incluso su desaparición para asegurar la  seguridad y justicia en estados como Guerrero o Michoacán. En la ambivalente relación con la ley, hoy parece imponerse  más su ausencia en los hechos, que la esperanza de que las reformas en curso den frutos y traigan un mejor futuro.

El humor colectivo lo cruza un doble mensaje que atribuye a las reformas  la solución de todos los problemas y, al mismo tiempo, incredulidad sobre sus efectos para mejorar la vida.  La contradicción entre el valor, posibilidades y alcances de la ley versus las prácticas y la convivencia de todos los días se percibe a todo nivel. En México, declaraba en una entrevista estos días el ministro José Ramón Cossio (Reforma 8/2/14), “nunca nos hemos tomado en serio el derecho” y por eso la relación oscila entre “el fetichismo y su negación”.

Esta semana se aprobaron y promulgaron dos leyes que, hay consenso en ello, pueden atacar prácticas que cotidianamente desestiman y turcen la ley, bajo los usos y costumbres del autoritarismo en la administración de justicia, el abuso de poder y la corrupción en los actos de gobierno. El Congreso respaldó por amplia mayoría un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece nuevas reglas para cambiar el actual modelo inquisitorial y cerrado de justicia por el sistema acusatorio y de juicios abiertos en todo el país. Por su parte, el Ejecutivo publicó la reforma onstitucional de transparencia que obliga por primera vez a partidos y sindicatos a abrir sus cuentas de los fondos públicos que reciben. Ambas reformas aspiran a cambiar la forma de ejercer la autoridad discrecional y opaca en la procuración de justicia, así como la corrupción del poder casi omnímodo que han alcanzado los partidos, así como la desigualdad de derechos entre un estado y otro.

Viejas prácticas como negociar la ley o el fortalecimiento de nuevos poderes inmunes a rendir cuentas están entre las causas de la desvalorización de la Justicia. Publicitar y abrir la “caja negra” del proceso penal  o debilitar el uso patrimonial de los recursos de los estados, aunque sea restándoles facultades a los gobiernos locales, parecen avances alentadores. Sin embargo, no dejan de recibirse con escepticismo y poca confianza de que, en efecto, las transformaciones se lleven a cabo. Peña Nieto, por ejemplo, tuvo que reconocer que hay “contrariedad” entre las herramientas a favor de la transparencia de la acción pública y la percepción sobre la corrupción. En el acto de promulgación de la ley se había cuestionado que  en los estándares internacionales de trasparencia México ocupe lugares similares a países con grados muy inferiores de desarrollo institucional, como Gabón o Níger, a pesar de contar con leyes de vanguardia en la materia desde más de una década.

La idealización de la ley como si tuviera poderes sobrenaturales es un subterfugio para evadir la responsabilidad de llevarla a la práctica, de convertirla en conducta, en nuevos usos y costumbres colectivas. Conforme mejoran las leyes de transparencia, también se disparan las reservas y negativas de información de las instituciones; mientras se legisla para transformar la justicia, se revelan más escándalos de corrupción de jueces y ministerios públicos sin que pase nada e, incluso, la legalidad desaparece en regiones en las que el orden lo garantizan las autodefensas  en lugares como Chilpancingo o Apatzingán.

Parece que, en efecto, se trata de un país de instituciones y leyes, pero sin legalidad y en el que las practicas de los actos de gobierno, de la justicia o de la gobernabilidad responden a una naturaleza social o una cultura distinta. En ese contexto, el discurso optimista de transformación del gobierno a partir de las reformas, tampoco se articula con la percepción de la ciudadanía sobre los cambios y la confianza en un mejor futuro.

Hay una creciente distancia entre el optimismo del discurso oficial y la disolución de la convivencia, la percepción de corrupción y de inseguridad en la calle.  Nada más grave si el éxito de los avances institucionales depende de la participación de la ciudadanía, de que los ciudadanos hagan suyos los cambios. 

                *Analista político

                jbuendiah@gmail.com

                Twitter: @jbuendiah

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