San Bartolo y la mala fuerza

Las inconsistencias del caso ya se revisan en la Comisión de Derechos Humanos del DF y en la Asamblea Legislativa.

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Ivonne Melgar 31/05/2014 00:16
San Bartolo y la mala fuerza

Para Sebastián Beltrán, con el gozo de la puerta abierta para el cultivo de sus talentos.

 

El caso de San Bartolo Ameyalco y las incógnitas que lo rodean ocupa ya a diputados federales y senadores del PRI, PAN y PRD en la Comisión Permanente, sede del Poder Legislativo en días de receso de las cámaras.

Y es que los hechos de violencia del 21 de mayo, cuando pobladores se enfrentaron a granaderos y dejaron gravemente heridos a dos elementos uniformados, han prendido las señales de alerta sobre los déficit que afronta la Ciudad de México, más allá del escándalo de la Línea 12.

De entrada, destaca el problema del agua, que se convierte en un dolor de cabeza para los habitantes de la ciudad.

Un segundo aspecto que revela el violento episodio es el desgaste de las estructuras de consulta vecinal que, bajo el nombre de comités ciudadanos, heredó la administración de Marcelo Ebrard al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Espacios diseñados para hacerle contrapeso a las autoridades locales, ahora operan cooptados por los jefes delegacionales y legisladores, al mejor estilo clientelar, asfixiando cualquier expresión contraria a sus intereses.

Esta distorsión hizo crisis en la delegación Alvaro Obregón, con el bejaranista perredista Leonel Luna, quien pidió al secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano, el uso de la fuerza para garantizar la obra hidráulica a la que se opone la mayoría del pueblo por considerar que afecta sus manantiales.

Grave error del responsable de la política interna capitalina haberle creído al delegado que la presencia policiaca se justificaba y que tenía el asunto bajo control, cuando había ignorando a la asamblea de San Bartolo, cuya condición de pueblo originario obliga a las autoridades a la consulta, como parte de sus usos y costumbres.

Y ese es el tercer aspecto que ha quedado al descubierto, el doble discurso de los perredistas que, como Serrano y Luna, se dicen radicales: con una mano reclaman consulta popular para tirar la Reforma Energética y con la otra aplastan uno de los pilares de los derechos humanos de las comunidades indígenas.

Las inconsistencias del caso, una vez que los responsables de llevar al pueblo a mil 500 uniformados quisieron camuflar el pleito en un asunto de piperos, ya se revisan en la Comisión de Derechos Humanos del DF y en la Asamblea Legislativa.

Y el miércoles también la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado, dio trámite a la propuesta de los diputados del PRD Fernando Zárate Salgado y Fernando Belaunzarán Méndez, con la idea de esclarecer los propósitos de la obra, pues se habla de que iba destinada a beneficiar la expansión de Santa Fe.

Los vecinos alegan que sus recursos naturales están en riesgo y  temen desvíos de los mismos. Es falso, revira la autoridad, en una confrontación que balconea el descuido en la operación política del proyecto y el ninguneo a sus destinatarios. 

El exhorto que habrá de concretarse en los próximos días en la tribuna legislativa, con el posicionamiento de las siete bancadas, busca advertir sobre el mal uso de la fuerza policial en sustitución de la tarea de gobierno.

En el cabildeo de los perredistas con el jefe de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la senadora del PAN Mariana Gómez del Campo, entre otros actores clave para sacar adelante este llamado, se quiere reivindicar para San Bartolo la resolución del día 27 en la Suprema Corte.

Y es que esta semana los ministros sentaron jurisprudencia al pronunciarse a favor del municipio de Cherán, en Michoacán, para que cualquier decisión de gobierno o legislativa que involucre a sus pobladores sea materia de consulta, como lo indica el Convenio 169 de la OIT, ratificado por México.

El tema es de doble filo porque a nombre de los usos y costumbres se desafía a los tres niveles de gobierno, retados ahora a construir decisiones que atiendan esa particularidad sin ser rehenes de autonomías inviables y paralizantes.

En el texto que ya se trabaja en comisiones, Zárate Salgado y Belaunzarán Méndez alertan que el conflicto en esa zona de Álvaro Obregón “ha potenciado la violencia preexistente y ha sembrado el miedo hacia las autoridades”.

Los diputados hablan de los riesgos de la “mano dura” que, señalan, caracteriza a una estrategia que pretende echarle la culpa a los vecinos, tildándolos de violentos e irascibles, una ruta contraria a la forma en que la izquierda debería aspirar a resolver los problemas. “El gobierno más peligroso es el que le da la espalda a los ciudadanos”, cuestionan en el documento.

Y es que San Bartolo muestra los nuevos desafíos del PRD —gobernante desde hace 17 años— en el manejo de las clientelas políticas y el reparto de cuotas partidistas.

Podríamos comernos el cuento del pleito de los piperos, si no fuera porque los palos y las pedradas que desde las azoteas tiraba el pueblo en pleno son un atento aviso del desgaste de un modelo de administración de conflictos en la ciudad que un día  —o gran farsa publicitaria del sexenio pasado— soñó tener al mejor alcalde del mundo.

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