La complicidad exhibida

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Ivonne Melgar 22/03/2014 02:38
La complicidad exhibida

Las evidencias están a la orden del día: la mancuerna de la política y los negocios es sinónimo de corrupción. Y de fraude contra el patrimonio y los intereses ciudadanos.

Llámese caso Oceanografía o Línea 12 del Metro, los escándalos del manejo turbio de los recursos públicos están dejando al descubierto que existe en México un andamiaje institucional que propicia, permite y tolera la discrecionalidad entre los llamados servidores públicos y los representantes de la iniciativa privada.

De manera que esta coyuntura no debe reducirse a un problema de personajes que sobornan, extorsionan o se quedan con sus millonarias comisiones.

Así, mientras Amado Yáñez, dueño de la naviera que burló a Banamex, se dio a la fuga para escapar de la justicia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no supo prender la señal de alerta sobre los manejos irregulares ocurridos en 2013, es decir, en el primer año del gobierno actual, como lo reconoció el senador priista David Penchyna, según reveló ayer en estas páginas el columnista Francisco Garfias.

Porque pese a las advertencias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los cochupos de Oceanografía en sus servicios a Pemex durante los sexenios panistas, ésta siguió siendo contratada por negocios que operaban con 11 mil empleados formales y un número indeterminado de trabajadores nunca dados de alta, en un hecho que da cuenta de la evasión fiscal y el incumplimiento de la ley laboral en que incurría la empresa, entre otras irrregularidades largamente toleradas por gobiernos federales y locales.

Por ejemplo: falta revisar qué negocios tienen administraciones municipales con la naviera en entidades como Campeche.

Y es que trátese de autoridades del PAN, PRI o del PRD, los expedientes de la corrupción en Pemex y en el Sistema de Transporte de la capital del país, que ahora entretienen a nuestra clase política y a los medios de comunicación —frente a una opinión pública ya acostumbrada al pillaje del erario—, son evidencia de una maquinaria muy bien aceitada entre el dinero y el poder.

Su fuerza es tal que, según lo que ahora difunden las propias autoridades del DF, las constructoras de la Línea 12 pudieron darse el lujo de evitar el mantenimiento al que estaban obligadas, de negarse a asumir la reparación material del daño por las fallas de la obra y de desafiar al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con el alegato de que la suspensión del servicio fue una exageración, un montaje con fines políticos, en referencia a que buscaba lastimar a su antecesor, Marcelo Ebrard.

Las declaraciones del presidente de ICA, Bernardo Quintana, compiten con las hechas en la Asamblea Legislativa del DF por el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, de que él nada tuvo que ver en la licitación ni en la asignación del contrato.

Pero si ambos pueden sacudirse la responsabilidad de esa manera es porque la izquierda que gobierna la Ciudad de México se sumó acríticamente al ejercicio discrecional del poder cuando de gastar el presupuesto se trata, negándose a transparentar sus movimiento financieros, como en su momento lo hizo el exgobernador de Coahuila, el priista Humberto Moreira, mientras endeudaba por miles de millones a la entidad.

Por supuesto que importan los nombres de los funcionarios omisos frente al incumplimiento de las empresas beneficiadas por contratos multimillonarios. Claro que interesa delimitar el alcance de las responsabilidades de quienes, deliberadamente, han sido cómplices en la asignación a modo de obras que todos pagamos y padecemos, porque en ambos casos, se trata del mal uso de una recaudación fiscal cada vez mayor.

Pero más allá de los protagonistas de los arreglos oscuros, asistimos a la cínica presentación de un engranaje que está atentando contra nuestra calidad de vida: política y negocios.

Y no se trata de la máxima que se le adjudica al padre del Grupo Atlacomulco, el profesor Carlos Hank González, de que político sin dinero es un pobre político. Es algo más grave, porque se encuentra ya arraigado en la forma de ejercer el poder y en la dinámica de generar dinero, un modus operandi tan o más perjudicial que las prácticas monopólicas que nos impide avanzar hacia dos asignaturas aún lejanas: la cultura del mérito y la rendición de cuentas, que no se reduce a informes inentenbibles, sino a resultados del acto de gobernar.

Por eso las presuntas denuncias de los moches que los legisladores cobrarían por gestionar asignaciones de recursos a las presidencias municipales se han convertido en una feria de la que nadie escapa.

Porque lo que tenemos es una clase política ligada a los negocios sin el menor pudor, bajo un sistema de incentivos donde las puertas del poder se abren con dinero y éste se genera al amparo del poder.

La novedad es que los expedientes de Oceanografía y de la Línea 12 del Metro nos están documentado la crisis de esa mancuerna en dos síntomas. Uno: el modelo de fiscalización que tenemos resulta insuficiente y caduco. Ni inhibe la corrupción, pero tampoco logra encubrirla.

Y dos: el tradicional uso político de la revelación del contubernio se agotó. No sirve más. Y es que tratándose de una aceitada maquinaria que a todos engulle, los deslindes se vuelven caricatura que mueve a risa. De manera que el exhibidor terminará siendo exhibido.

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