¿Qué pasa realmente en Michoacán?

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Federico Ponce Rojas 18/01/2014 00:47
¿Qué pasa realmente  en Michoacán?

La respuesta más fácil es culpar al Estado y señalar a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal como responsables por una aparente incapacidad para cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad a la población; sin embargo, este asunto es extraordinariamente mucho más complejo, ya que amén de la responsabilidad estatal, que sin duda comienza con los dos gobiernos perredistas anteriores y se acentúa con las acciones tomadas en la pasada administración federal, es innegable que en las causas encontramos una amplia gama de factores.

Muchos analistas señalan a Michoacán como el claro ejemplo de un Estado fallido, y no están muy equivocados, pues la entidad cumple con varias de las características que se requieren para ello: bandas criminales como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Zetas que actúan con total impunidad; una envidiable ubicación geográfica con importantes ciudades para la comercialización de droga y clientes cautivos y potenciales para llevar a cabo los delitos de secuestros, levantones, cobro de cuotas y extorsión.

Una constante en la entidad es que los gobiernos municipales y la policía están sometidos por el crimen organizado y no es difícil que el gobierno de Fausto Vallejo ya haya sido penetrado por fuerzas de la delincuencia que buscan mantener el control en el estado.

Como consecuencia, la población ha tomado la determinación de organizarse para defenderse y evidentemente las autonombradas autoridades comunitarias se justifican argumentando que hay vacíos en cuanto a seguridad pública se refiere; sin embargo, no se debe pasar por alto que existe el artículo 17 constitucional que establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Otro de los factores que ha incidido en la situación que vive la entidad es el alto nivel de corruptibilidad que presentan los cuerpos policiacos, en virtud de que tan sólo en los próximos días la SSP de Michoacán dará de baja a 700 policías que reprobaron el examen de control de confianza.

Estamos viendo los grandes esfuerzos que hace el gobierno de la República para precisamente profesionalizar a las policías, los exámenes de confianza, las pruebas  de control, los antidopings, la capacitación.

En contraparte, estos hombres defienden sus comunidades portando armas que son de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas sin la capacitación necesaria; es decir, ¿se pueden enfrentar con el Ejército mexicano, o en el peor de los casos contra organizaciones delincuenciales, o en las poblaciones rurales, al abigeato?

No se debe pasar por alto que el Ejército detiene en flagrancia a las personas (autodefensas o Caballeros Templarios por igual) cuando los detectan violando la ley, portando sus armas abiertamente.

También se debe precisar que en algunos videos difundidos en YouTube sobre lo ocurrido en la localidad de Antúnez se percibe que la gente desarmada, manipulada por sus líderes, de manera violenta intenta desarmar a los soldados. Si hubiera habido una ráfaga, como algunos críticos señalan, ¿no estuviéramos hablando de más muertos?

Por otra parte, es importante puntualizar que las acciones del Ejército, por sí solas, no darán solución a la problemática; el Ejército sólo coadyuva con la responsabilidad que tienen los tres niveles de gobierno.

El esfuerzo de las Fuerzas Armadas, inclusive arriesgando su propia vida, puede ser estéril si no se aplica una estrategia de fondo que abarque programas integrales que refuercen la labor que realiza el Ejército mexicano y permitan regresar la estabilidad social y la reactivación económica a la entidad.

En días pasados el gobierno federal anunció que asumiría el control de la seguridad en los municipios de Michoacán, mediante la inversión de 250 millones de pesos para reforzar el programa de prevención del delito en la región y emplazó a los grupos de autodefensa a que regresen a sus lugares de origen, pues la seguridad de sus regiones estará plenamente a cargo de las instituciones que pueden hacerlo en el marco de la ley.

Sin embargo, es innegable que la problemática en la región no se resolverá con el desarme de los grupos de autodefensa, se deben contemplar aspectos políticos, sociales y económicos de fondo que permitan lograr la estabilidad en la entidad.

Las guardias comunitarias tienen que cumplir con la normatividad, porque sólo los regímenes de derecho nos darán la tranquilidad, el orden y la paz que toda sociedad civilizada busca. No se puede luchar contra la ilegalidad, violando la ley.

Apostilla: Lamentamos profundamente el deceso de los dos soldados de la patria que  entregaron su vida y murieron con honor el pasado cinco de enero. Nuestro más sentido pésame a sus familias y para ellos un reconocimiento y agradecimiento por su servicio brindado a la patria y las labores de paz que realizaron sirviendo con lealtad a las Fuerzas Armadas.

                *Ex subprocurador general de la República y vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional

                fpr_enlinea@hotmail.com

                Twitter: @fpr_enlinea

 

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