Después de El Chapo: desmovilizar, reinsertar

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Cecilia Soto 24/02/2014 02:13
Después de El Chapo: desmovilizar, reinsertar

La estrategia que sigue el actual gobierno para abordar el reto de la seguridad es la interpretación del sabio proverbio popular: “A Dios rogando y con el mazo dando”,  al tiempo que, afortunadamente, abandona el referente del gobierno de Felipe Calderón como algo que había que negar en cada acción en la materia. A El Chapo Guzmán ya no se le presentó caminando, relajado y sin esposas, en las instalaciones gubernamentales, como sucedió con Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, sino probablemente esposado y fuertemente vigilado, tampoco tuvimos que esperarnos a leer The New York Times para saber que fue gracias a la información de la DEA y agencias de seguridad americanas que se le ubicó con precisión.

El gobierno empieza a ganar seguridad en sí mismo, a encontrar su propio estilo, a reconocer en los hechos errores de su evaluación inicial y a enfrentar la complejidad social que ha dado lugar a fenómenos como el de Michoacán. No podía ser de otra manera, pues no puede ser lo mismo opinar desde la oposición que encabezar el gobierno federal con la perspectiva privilegiada que da toda la información a la mano.

Mi preocupación tiene que ver más con la primera parte del proverbio al que me refiero, con el aspecto de “a Dios rogando”, que no cabe del todo en la estrategia de prevención social que implementa la Secretaría de Gobernación. Me refiero específicamente a la desmovilización y reinserción social de las miles de personas que participan voluntaria o forzadamente apoyando las acciones del crimen organizado. Si no se desarrolla e implementa una estrategia específica para brindar una alternativa de vida a estas personas, se asegurará que el llamado efecto cucaracha, la huida de estos delincuentes a otras regiones, contagie de la misma cadena de delitos a zonas que habían estado en relativa tranquilidad.

Una estrategia de desmovilización y reinserción social de los círculos concéntricos asociados al crimen organizado puede nutrirse de la rica experiencia de Naciones Unidas en procesos de pacificación, pues la realidad que tenemos en  Tierra Caliente, Michoacán, regiones específicas de Tamaulipas, Veracruz, zonas de la frontera norte y otras, no es muy diferente a la experiencia vivida en El  Salvador, en las zonas de influencia de las FARC y el ELN, en Colombia, o en microrregiones de los Balcanes. Se trata de zonas en las que la población civil ha  tenido la experiencia traumática de vivir bajo una dictadura cruel y bárbara o una guerra civil no declarada, pero presente en el día a día de las familias.

La estrategia de desmovilización y reinserción se puede llevar a cabo en regiones en donde la paz está cerca o donde las fuerzas bélicas —el crimen organizado—están en franca retirada. La experiencia internacional incluye también la desmovilización y reinserción de fuerzas como las autodefensas, especialmente en procesos donde han existido por largo tiempo, como en Colombia, pero en México es posible que la propuesta gubernamental de incorporarlas bajo ciertas condiciones a fuerzas institucionales baste para encaminar una solución viable.

El problema es diferente cuando se trata de zonas en las que un número importante de personas vive desde hace tiempo del delito o sirve voluntaria o forzadamente a los delincuentes (o a la dictadura, o a los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial). La cárcel sólo es alternativa para los cabecillas o los sicarios, pero no para toda la cadena que colaboró o fue testigo de sus delitos. Por la edad reportada de los miles de muertos y desaparecidos durante los últimos diez años, se trata de hombres jóvenes de entre 15 y 35 años: es necesario diseñar una hoja de ruta para reinsertar socialmente a sus familias. En El Salvador, el proceso de reinserción social es apoyado económicamente por el gobierno durante dos años, en el caso de Colombia es por seis años.

La prioridad es atender a los miles de niños y jóvenes dejados en la orfandad paterna, así como a los dependientes tanto de las víctimas del crimen organizado como a las familias de quienes murieron como resultado de guerras intestinas entre los cárteles. En la práctica, ello significa garantizar económicamente la educación básica de los menores y la manutención de viudas y/o dependientes. Ello no sólo por razones humanitarias, también para eliminar las circunstancias que prolongan una dependencia hacia las células delincuenciales o que les obligan a caer en las redes del delito.

Una convocatoria regional abierta para rendirse y dejar las armas, garantizando un juicio imparcial y la protección a la familia: educación a los menores, un ingreso que cubra las necesidades esenciales de la familia, así como opciones de atención psicológica y capacitación laboral, puede ser una opción atractiva cuando la fuente de ingreso diario que proveía la delincuencia es incierta o ha desaparecido.

En el caso de personas que no hayan cometido crímenes graves, actos de barbarie, etcétera, la convocatoria puede ofrecer un abanico de alternativas: un ingreso mínimo, condicionado a un compromiso de desmovilización, desarme y reinserción social, opciones para terminar la educación básica y/o adquisición de habilidades laborales, terapia psicológica y grupos de apoyo, incluyendo los religiosos, posibilidades de reiniciar su vida en otra región, borrado de tatuajes incriminatorios y muchas otras alternativas en las que pueden colaborar no sólo los distintos niveles de gobierno, también ONG dedicadas a la reinserción, a la educación informal o a la protección contra la violencia.

La reinserción social es un proceso largo y difícil, pero no hay otra alternativa cuando es grande el número de personas capturadas en un modo de vida ilegal y más cuando éstas son jóvenes. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog.

                *Analista política ceciliasotog@gmail.com

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