Ley de telecom crea derechos de usuarios; busca poner fin a abusos en servicios

Acuerdan en el dictamen piso parejo para competidores; dan a legisladores del PAN libertad para decidir su voto

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02/07/2014 06:49 Leticia Robles de la Rosa
Las comisiones unidas del Senado de la República afinarán el dictamen en materia de telecomunicaciones y se espera que el próximo viernes sea discutido ante el pleno de la Cámara alta.

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de julio.- En el proyecto de dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, diseñado por el Senado y el gobierno federal, se pone fin a 11 abusos frecuentes de las compañías de telefonía y televisión de paga hacia los usuarios.

También se crean 14 derechos inviolables para que los usuarios no sean obligados a pagar tarifas excesivas o modificadas, para que exijan calidad en el servicio y se liberen de contratos que no les satisfacen.

Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio y Televisión y de Estudios Legislativos del Senado distribuyeron el documento de la legislación pendiente y en él se indican medidas como la eliminación del cobro de larga distancia en telefonía fija y móvil, a partir de enero de 2015.

También se obligará a las empresas a otorgar la portabilidad numérica en un plazo máximo de 24 horas, a no cobrar la consulta de saldos y a rescindir el contrato dentro de los 60 días naturales siguientes, sin penalización alguna, cuando el proveedor del servicio modifique las condiciones originalmente contratadas, entre otras acciones.

Los senadores del PRI, PAN, Verde y una parte del PRD acordaron con el gobierno no privilegiar a ningún competidor; definieron la preponderancia a partir del criterio por sector, pero también se aplicará por servicios.

En la bancada panista, pese a que su dirigente nacional los exhortó a definir la preponderancia por servicios, los legisladores decidieron votar ayer libremente en comisiones y en el pleno.

Proponen duplicar las penas en telecom

Legisladores garantizarán competencia en televisión de paga.

Los senadores del PRI, PAN y Partido Verde acordaron con el gobierno federal no privilegiar a ningún competidor de telecomunicaciones y televisión, pues definieron la preponderancia a partir del criterio por sector, pero dejaron abierta la puerta para aplicarla por servicios y al mismo tiempo ordenaron declarar el poder sustancial en la televisión de paga, para garantizar la competencia.

Ayer, las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio y Televisión y Estudios Legislativos del Senado, distribuyeron el proyecto de dictamen de las nuevas leyes de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que también duplica las sanciones a quienes no las respeten con multas de hasta de 10 por ciento de los ingresos y hasta la suspensión de transmisiones.

Las sanciones serían por hasta 10 por ciento de los ingresos anuales de un operador que preste servicios en telecomunicaciones o radiodifusión y esa sanción  podría duplicarse en casos de reincidencia.

Según el proyecto, se planteaban sanciones de 5 por ciento,  pero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dijo que eran muy suaves por lo que se propuso aumentarlas.

A manera de ejemplo, en el 2013 América Móvil, la líder del mercado local de telecomunicaciones controlada por Carlos  Slim, reportó ingresos en México por 21 mil 300 millones de dólares, con lo que una multa de 20 por ciento podría superar los cuatro mil millones de dólares.

El proyecto de dictamen define preponderancia por sector, lo cual, desde la perspectiva de varios senadores panistas y perredistas, beneficia a la principal empresa de televisión del país: pero al mismo tiempo faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para declarar la existencia de agentes económicos con poder sustancial en televisión de paga, lo cual está dirigido a esa misma empresa; además, prohíbe a los agentes con poder sustancial asociarse con pequeñas cableras, las cuales sí pueden juntarse entre ellas para competir ante el más fuerte.

El proyecto de dictamen reproduce en el artículo 262 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión reproduce el texto del octavo transitorio de la reforma constitucional.

“El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales, e incluirán en lo aplicable, las relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.

“Para efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto.

“Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por declaratoria del Instituto una vez que conforme a la Ley exista condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate”, dice el artículo 262.

Pero al mismo tiempo, tiene un transitorio 39 en el cual faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que en el plazo de 30 días realice la investigación para “determinar la existencia de agentes económicos con poder sustancial en cualquiera de los mercados relevantes de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, entre los que deberán incluirse el mercado nacional de audio y video asociado a través de redes públicas de telecomunicaciones y, en su caso, imponer las medidas correspondientes”.

RUTA DE LA REFORMA

Esta es la agenda que seguirá la Reforma en Telecomunicaciones en los próximos días.

Miércoles 2 de julio:

  • 10:00 horas. Reunión de la Comisión de Radio y Televisión para fijar posición.
  • 11:00 horas. Reunión de las juntas directivas de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Radio y Televisión y Estudios Legislativos, para acordar el método de trabajo.
  • 18:00 horas. Reunión  de las comisiones unidas.

Jueves 3 de julio:

  • 11:00 horas. Sesión del pleno de la Comisión Permanente, la cual espera el dictamen de comisiones unidas para convocar al Senado a sesión extraordinaria para aprobar las nuevas leyes en materia de telecom y radiodifusión.

Viernes 4 de julio:

  • Sesión extraordinaria del  pleno para discutir el paquete de reformas.

Atenúan requisitos para colaboración con jueces

Aunque mantiene el castigo de ocho años de prisión a quien se niegue a colaborar con las autoridades en la persecución de los criminales, el proyecto de dictamen de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión acota los requisitos que deben cumplir los concesionarios y obliga a que los requerimientos se hagan vía un juez y el Diario Oficial de la Federación.

Además, el proyecto de dictamen reduce a un año el tiempo en que los concesionarios deben guardar los datos de sus usuarios para lograr su identificación en caso de la comisión de un delito.

El proyecto de dictamen, que esta tarde será discutido para su aprobación por las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio y Televisión y Estudios Legislativos, confirma que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) será el único responsable de los contenidos y de su supervisión; y deja de manera explícita que los contenidos no serán objeto de ninguna censura previa.

El documento tiene cambios en el capítulo denominado De la Colaboración con la Justicia, que fue uno de los más polémicos, porque los concesionarios consideraron que las obligaciones eran excesivas.

“Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes.

“Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación”, precisa el nuevo capítulo.

El proyecto de dictamen establece, además, que los medios de tipo social, como son las radios comunitarias e indígenas, no tienen derecho a la comercialización, porque su propósito no es de negocio, sino de servicio a la sociedad.

Precisa, sin embargo, que tendrán derecho a tener varios tipos de financiamiento, entre ellos donativos, ya sea en dinero o en especie; podrán vender productos y servicios de su propia producción en cabina; pueden rentar sus espacios físicos o su infraestructura, con el propósito de que algún interesado en hacer producciones radiofónicas pueda hacer uso de ellas, a cambio de un pago.

De igual manera, tendrán derecho a acceder a al menos el uno por ciento de la publicidad del gobierno, ya sea federal, estatal o municipal.

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