Gobierno de BCS advierte de omisiones en Cabo Dorado

El proyecto turístico del promovente, un consorcio chino-estadunidense, contraviene disposiciones legales, señala

COMPARTIR 
26/05/2014 11:23 Ernesto Méndez / Fotos: Alejandro Olivera

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de mayo.- El proyecto Cabo Dorado, que un consorcio chino-estadunidense pretende construir cerca del Parque Marino Nacional Cabo Pulmo, no coincide con la vocación establecida en el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos, no cuenta con ningún trámite para la dotación de servicios básicos a los que se refiere la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur y propone intensidades de uso de suelo que son distintas a las políticas de desarrollo municipal, de acuerdo con la opinión técnica enviada por el gobierno del estado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El documento, firmado por Joel Ávila Aguilar, secretario de Promoción y Desarrollo Económico de Baja California Sur, establece además diversas omisiones en la manifestación de impacto ambiental (MIA) presentada por La Rivera Desarrollos, como el hecho de que los datos sobre disponibilidad de agua del acuífero Santiago son incorrectos; no se demuestra la interconexión de los tres predios, donde se quiere establecer el desarrollo de 22 mil 503 cuartos hoteleros, y carece de evaluación sobre los efectos que ocasionaría el surgimiento de un nuevo asentamiento humano de entre 225 mil y 500 mil personas, que llegarían a la zona para trabajar en la prestación de servicios turísticos.

Existen impactos asociados al desarrollo del proyecto que no se revisan en la MIA, como es el establecimiento de un centro de población a raíz del proyecto, y el consecuente flujo adicional que conlleva, entre otras situaciones, a una mayor demanda superior a la disponibilidad del acuífero Santiago. Generando un grave problema de abastecimiento del recurso hídrico, aunado a un desarrollo no planeado, y un crecimiento exponencial de todo tipo de servicios”, indica el posicionamiento enviado el pasado 27 de marzo a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat.

De acuerdo con Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, Costa Salvaje, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Greenpeace y el Grupo de los Cien, las inconsistencias y omisiones del promovente son razones suficientes para negar la autorización de la manifestación de impacto ambiental (MIA), de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Las organizaciones de la sociedad civil destacaron que la opinión técnica del gobierno de Baja California Sur coincide con los señalamientos hechos por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), el Instituto de Ecología de la UNAM y de miles de ciudadanos preocupados con la preservación del arrecife de coral mejor cuidado del mundo y la gran biodiversidad que existe en la región.

A la fecha son ya más de mil 300 expertos de diversas instituciones académicas los que han enviado opiniones en el sentido de que la MIA de Cabo Dorado omite información relevante que hace imposible evaluar los impactos ambientales que ocurrirán en los ecosistemas terrestres y marinos. A estas opiniones y en el mismo sentido se sumó la del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat en Baja California Sur, expuesta el 8 de mayo durante la reunión pública de información del proyecto Cabo Dorado”, recordaron.

dgp

Relacionadas

Comentarios