ONG acusan desfalco en el sector educativo

Mexicanos Primero presentó demandas en las 32 entidades por los 35 mil millones de pesos que se les pagan a maestros aviadores, jubilados y fallecidos

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07/05/2014 05:48 Lilian Hernández
El total de alumnos en escuelas censadas por el INEGI fue de 23.5 millones. De ellos 18.3 por ciento pertenecen a nivel preescolar, 55.8 por ciento a primaria y 25.6 por ciento a secundaria.
El total de alumnos en escuelas censadas por el INEGI fue de 23.5 millones. De ellos 18.3 por ciento pertenecen a nivel preescolar, 55.8 por ciento a primaria y 25.6 por ciento a secundaria.

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo.- Por el desfalco de 35 mil millones de pesos en sueldos de aviadores, comisionados, jubilados y fallecidos, la asociación Mexicanos Primero interpuso denuncias administrativas en los 31 estados y el Distrito Federal contra quienes resulten responsables por haber pagado esos sueldos.

De acuerdo con la agrupación, el pago anual a 298 mil 174 supuestos maestros ha representado un gasto superior a 35 mil millones de pesos, lo que equivale a 95 millones diarios que se van “al desagüe”, lamento Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero.

Con ese dinero, se podrían contratar a 322 mil policías en el país, equivalente a 10 mil elementos en promedio por estado y se podría instalar equipo especializado para la prevención y tratamiento de la violencia.

En entrevista posterior, Claudio X. González reconoció que no será sencillo resolver el despilfarro de 35 mil millones de pesos que cada año se pierden en el sector educativo, habrá resistencia, pero se tiene que resolver cuanto antes.

“Tenemos que resolver el problema, no lo podemos dejar, no va a ser sencillo porque esas 398 mil personas que viven del presupuesto, pero no sirven a la educación se van a resistir, y las cúpulas sindicales que los representan también”.

En charla con Ricardo Alemán para Grupo Imagen Multimedia, destacó que se hicieron denuncias formales administrativas en contra de los responsables de pagar y cobrar este dinero.

“Están echados andar procesos formales judiciales para investigar administrativamente a estas personas que nos están cometiendo este fraude”.

 Destacó que la organización Mexicanos Primero está presionando para que se hagan públicas las bases del censo de Maestros, Alumnos y Escuelas de Educación Básica, que se ponga orden en la nómina magisterial, se dé fin al despilfarro y se pague únicamente a los maestros que trabajan.

“No es posible que tengamos resultados tan pobres en materia educativa, que estemos atrasados por décadas en relación a países desarrollado y por otro lado, gastemos tanto en educación”.

Por la mañana, en la conferencia de prensa donde se dieron a conocer las demandas, María Elena Morera, presidenta de Causa Común, detalló que es un desperdicio lamentable lo que se ha gastado en el pago a quienes no están con los estudiantes en funciones de enseñanza, porque esa cantidad anual equivale a 65 mil pesos diarios, con lo que podría ofrecerse comidas escolares a 12 millones de alumnos durante todo el ciclo escolar.

Por su parte, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, dijo que con esos recursos podrían implementar 13 programas de prevención del delito, por lo que “no podemos permitirlo, cuando hay carencias tan sentidas en las escuelas”.

Ante ese “dinero que se va a la basura”, el presidente de Mexicanos Primero planteó a la SEP cinco exigencias, a fin de que corrijan esos errores que tiene la nómina de manera impune y use bien el dinero, porque hay un mal gasto educativo que no puede seguir, de lo contrario, advirtió, seguirá siendo un delito contra los alumnos.

En la conferencia de prensa David Calderón, director ejecutivo de Mexicanos Primero, explicó que el desvío de recursos que se desprende del censo educativo resulta de multiplicar el número de personas que gana como maestros, pero no cumplen con una función en la escuela, y que perciben en promedio un sueldo de 10 mil pesos al mes, “lo cual es una cantidad conservadora”, porque no se está tomando en cuenta otras prestaciones, sino el salario base.

Las organizaciones que forman parte de la iniciativa El Ojo Ciudadano presentaron lo que se podría hacer con esos más de 35 mil millones de pesos que se van en sueldos de aviadores, comisionados y líderes sindicales, como asegurar a más de 17 millones de familias con el Seguro Popular, incorporar a 6 millones de jóvenes al programa de becas Oportunidades y rehabilitar 13 de cada 100 escuela.

“Parte de ese desvío se debe al desorden que cunde en la administración pública. Otra parte se debe, simple y llanamente, a la corrupción: aviadores, comisionados, líderes sindicales. Por tanto, el recurso que los mexicanos destinamos para la educación debe ser sólo para la educación, no para labores políticas o sindicales y mucho menos para mantener a vividores del presupuesto”, aseveró Claudio X González.

Ante la indignación por el desvío de esos recursos, el presidente de la agrupación informó que en todos los estados interpusieron denuncias administrativas en las contraloría generales de los estados, contra quienes resulten responsables por el mal gasto de ese dinero y, por ende, que se sancione a los servidores públicos que emitieron esos pagos, a quienes dieron la instrucción e incluso podría incluirse a quienes lo recibieron, ya que obtuvieron dinero sin dar clases.

A pesar de que esas denuncias podrían tardar, porque cada estado tiene diferentes plazos, Calderón destacó que lo importante es que se levantaron las denuncias y es parte de las acciones para propiciar que la SEP corrija ese “robo”.

Los dirigentes de las asociaciones civiles que ofrecieron los comparativos de lo que se podría hacer con ese dinero perdido coincidieron en que se trata de un desfalco y “que se está tirando a la basura, por lo que es indignante”, arremetió María Elena Morera.

Al respecto, Edna Jaime, criticó a diferentes instancias por haber “volteado a otro lado” y no mirar el desvío de esos recursos, porque los órganos internos de control de la SEP, las contralorías estatales, los congresos locales y la Secretaría de la Función Pública tenían la obligación de darse cuenta del uso de ese dinero, pero su omisión refleja “una profunda opacidad”.

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