No habrá censura en internet con Telecom: Lozano

El presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, dijo que la legislación secundaria no prevé bloqueos, amenazas ni temas de “seguridad nacional” para intentar restringir información

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23/04/2014 05:41 Leticia Robles de la Rosa
El presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, dijo que la legislación secundaria no prevé bloqueos, amenazas ni temas de “seguridad nacional” para intentar restringir información. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de abril.- La izquierda y un grupo de senadores del PAN se unieron ayer para hacer tambalear la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y obligar al Senado de la República a llevarla a un periodo extraordinario, pues “los tiempos nos marcan que primero se tiene que definir la Reforma Político-Electoral y enseguida los demás temas”, advirtió la dirigente nacional panista, Cecilia Romero.

Ayer, el Senado se convirtió en un escenario de estrategias políticas que le permitieron a la izquierda frenar por unas horas la presentación oficial del anteproyecto de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, con el argumento de que se violó el procedimiento al ser un documento elaborado sólo por el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el panista Javier Lozano, y no por las mesas directivas de las comisiones unidas.

La estrategia de la izquierda, respaldada por senadores como Javier Corral y Marcela Torres, no pudo impedir, sin embargo, que la mayoría formada por el PRI, Javier Lozano y los senadores del PVEM en las mesas directivas de las comisiones unidas avalara el documento de Lozano y lo difundiera como el anteproyecto de dictamen sobre el cual mañana se discutirá la construcción de dos nuevas leyes y reformas a 11 existentes.

Pero aun cuando la estrategia de la izquierda y algunos panistas no pudo impedir que se cumpliera el calendario fijado por las comisiones unidas, con el objetivo de que este viernes y sábado se apruebe el dictamen en el pleno, para de ahí enviarse a la Cámara de Diputados, la presencia de Cecilia Romero, presidenta nacional del PAN, lanzó señales de que el blanquiazul está dispuesto a prolongar lo más posible estas leyes.

Después de reunirse con los senadores panistas, Cecilia Romero explicó en conferencia de prensa que las leyes de telecomunicaciones están en la antesala de irse al periodo extraordinario.

—¿Usted estaría en la posición de que este tema se discuta en extraordinario?

— No es una posición. Yo creo que es la necesidad, casi diría yo, inminente. No lo estamos poniendo como una definición, pero los tiempos nos marcan que primero se tiene que definir la Reforma Político-Electoral y enseguida lo demás.

“Me parece que es casi casi predecible que no darán los tiempos del periodo ordinario; sin embargo, no puedo adelantarlo de manera definitiva”, respondió la dirigente nacional del panismo.

La inminente presentación del anteproyecto de dictamen de las leyes en telecomunicaciones agudizaron las diferencias en el interior del grupo parlamentario del PAN, con una confrontación franca, en momentos irónica y sarcástica, entre Javier Lozano y Javier Corral, también senador panista.

 Reventar, la estrategia

Pero la diferencia en el interior del PAN, por lo que se vio ayer irreconciliable entre los dos legisladores que más saben del tema de telecomunicaciones, fue aderezada por los perredistas y su decisión de reventar la sesión para impedir la difusión del proyecto de dictamen.

Durante su reunión plenaria, realizada en la mañana, previa a la sesión del pleno, el PRD acordó que todos sus integrantes se presentaran a la sesión de comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, presidida por Javier Lozano; de Radio y Televisión, que encabeza Alejandra Barrales, y de Estudios Legislativos, de Graciela Ortiz, para aplicar su táctica dilatoria, que ya mostró en diciembre pasado cuando intentó impedir la aprobación de la reforma constitucional en materia energética.

Ayer hablaron 12 de sus integrantes en comisiones unidas, incluido Luis Miguel Barbosa, su coordinador, quien de esta forma se estrenó como participante en el trabajo de las comisiones. Uno a uno argumentó que se violaba el procedimiento. Alejandra Barrales dijo que era incorrecto que Javier Lozano haya elaborado solo el documento. A ella se sumaron todos sus compañeros. Zoé Robledo presentó lo que denominaron el dictamen alterno.

De nada sirvió que Lozano Alarcón o Graciela Ortiz hablaran de que es natural en el Senado que sea el presidente de la Comisión principal quien presentara la propuesta de dictamen; Javier Corral, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, sacó el Reglamento del Senado para recordar que la ley les marca que sean las mesas directivas las que emitan el documento.

Fueron dos horas de argumentos. Luz María Beristáin, Dolores Padierna y Manuel Bartlett descalificaron a Lozano, quien negó tener conflicto de intereses y dijo que no se retirará del proceso.

Como Bartlett le reprochó su falta de ética, Lozano le contestó que era el menos indicado para hablarle de comportamientos éticos, y le recordó que lo demandó por difamación, le ganó “y por cierto no me ha pagado”, lo cual dejó callado al petista.

Dolores Padierna le reprochó que haya participado en la elaboración de la iniciativa original del presidente Enrique Peña Nieto y se respaldó en cuatro tuits enviados por Lozano en diciembre, enero y febrero, en los cuales hizo referencia a que trabajaba en la iniciativa de telecomunicaciones, aunque en ningún momento esos mensajes hacen referencia a que Lozano estaba trabajando en iniciativas presidenciales.

La tensión crecía hasta que se decidió que tres horas después se reunirían las mesas directivas, donde a puerta cerrada la mayoría del Revolucionario Institucional y el Verde respaldó a Lozano y avaló el anteproyecto que los perredistas rechazaron y advirtieron que impugnarán constitucionalmente.

Hacen 192 cambios a iniciativa

Según el texto, queda anulada la posibilidad de censura en internet.

El Senado hizo ayer público el anteproyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que anula la posible censura en internet sin eliminar el derecho del usuario a solicitar el bloqueo de contenidos, matiza la obligación de los concesionarios a ayudar en la lucha contra el crimen sin quitar la pena de ocho años de cárcel por no hacerlo y mantiene multas de hasta 11 mil 35 millones de pesos.

Se trata de un documento que contiene cambios a 192 artículos a la propuesta original del gobierno federal para atender diferentes puntos que fueron puestos en la mesa por la izquierda y algunos panistas, aunque conserva la participación de secretarías de Estado, como Gobernación, Salud y Educación, en materia de publicidad y contenidos audiovisuales.

Propone que el IFT concluya el apagón analógico previo al 31 de diciembre de 2015; se reconoce a los permisionarios con estaciones de baja potencia que no lleguen a la fecha o que no se alcance el nivel de
penetración de receptores para que el instituto emita un programa para que no se prive a la población de este servicio público de interés general.

De igual forma, plantea disminuir de tres a un año el plazo para la consolidación de las áreas de servicio local y la eliminación de los cobros por el servicio de la larga distancia.

Adiciona que el agente preponderante en radiodifusión podrá ser declarado como tal no sólo por audiencia, sino también por capacidad utilizada en sus redes, acorde con las resoluciones del IFT; fija como variantes para medir servicios a usuarios, suscriptores, audiencias, tráfico y capacidad de redes.

Propone que los canales de TV deberán contar con lenguaje de señas en algún segmento de al menos uno de los programas noticiosos; que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos a padres de familia; en sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios tendrían que hacer uso del idioma nacional o las lenguas indígenas nacionales o, en su caso, utilizar el subtitulaje tratándose de televisión.

Para el caso de la supuesta censura en internet, el proyecto de dictamen modifica el concepto de privacidad, donde originalmente estaba incluida la parte polémica que dice que los concesionarios “podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”, para trasladarlo con modificaciones al concepto de libre elección.

Ahora, será parte de la libre elección que el concesionario “podrá bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario o cuando medie orden de autoridad competente”.

Mantiene que el servicio de telefonía celular se pagará por segundo; que las televisoras de paga tendrán que registrar sus contratos ante la Profeco; que los concesionarios fijarán libremente las tarifas a los usuarios, pero estarán obligados a registrarlas y no podrán modificarlas mientras dure el contrato.

En caso de que los concesionarios no permitan la verificación del IFT, éste podría aplicar multa de 100 a 20 mil días de salario mínimo; multa adicional por cada día que se nieguen y el auxilio de la fuerza pública;  multa por un equivalente del 0.01% hasta 0.5% u 8 millones de veces de salario mínimo de los ingresos de los concesionarios por presentar de manera extemporánea avisos, reportes, documentos e información.

Una multa por un equivalente del 0.51% al 1% o 41 millones de veces de salario mínimo por contravenir las disposiciones sobre homologación de equipos y cableados; incumplir con las obligaciones de registro establecidas en la ley; bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o restringir arbitrariamente el derecho de cualquier usuario de servicio de acceso a internet, o rebasar los topes de publicidad.

Multa por 1.1% a 2% o 76 millones de veces el salario mínimo por establecer barreras de cualquier naturaleza que impidan la conexión del equipo terminal del usuario con otros concesionarios; proporcionar dolosamente información errónea, entre otras; multa por  2.1% a 4% o 82 millones de veces el salario mínimo por no cumplir con las reglas de interconexión; ejecutar actos que impidan la actuación de otros concesionarios; modificar la red sin autorización, entre otras.

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