Multan por más de 5 mdp a normalistas de Oaxaca

Los 13 normalistas detenidos, tendrán que pagar una multa cada uno por 412 mil 319.50 pesos, esto por el incendio de vehículos

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25/03/2014 18:25 Patricia Briseño/Corresponsal Fotos: Cuartoscuro

OAXACA, 25 de marzo.- El Poder Judicial del Estado (PJE) impuso la sanción administrativa consistente en 5 millones 360 mil 153.50 pesos a las 13 personas consignadas por incendiar un vehículo, el pasado 21 de marzo, cuando normalistas se enfrentaron con la Policía Estatal sobre la carretera internacional 190 al oriente de la ciudad.

El Juez Cuarto de lo Penal del PJE, Armando Lustre Núñez, precisó que cada uno de los indiciados deberá de cubrir la  fianza de 412 mil 319.50 pesos en un plazo de 72 horas; en caso de solicitarlo la defensa, se ampliará el término a 144 horas para exhibir la caución.

El órgano colegiado precisó que de los 412 mil 319.50 pesos de la caución, 22 mil 319.50 corresponden a la multa, 350 mil por la reparación del daño y 40 mil pesos a cumplimiento de obligaciones.

13 normalistas han sido consignados.

A los 13 hombres consignados e ingresados al Penal Central de Santa María Ixcotel se les imputa haber participado en el incendio de un camión repartidor de refrescos.

El Poder Judicial rechazó que exista otra querella interpuesta por algún particular o el gobierno estatal, afectado en el patrimonio del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO).

De acuerdo con las autoridades ministeriales, se acreditó que  diez detenidos son alumnos del Sistema de Educación Normal, mientras que tres individuos están al servicio del diputado local del PRI, Fredy Gil Pineda Gopar.

Por su parte, el procurador de Justicia, Héctor Carrillo Ruiz refirió que el delito de daño génico no es grave, de tal manera que cubierta la fianza, los presuntos  implicados obtendrán su libertad, con la reservas de la ley.

En otro orden, el abogado del estado anunció que la dependencia a su cargo presentará al Poder Legislativo, la propuesta de modificaciones al Código Penal del estado, en que se prevé tipificar las conductas negativas desplegadas durante las marchas como el vandalismo y el uso de la violencia o amenazas con el fin de intimidad a la autoridad, entre otros puntos.

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