Facultan a la Profeco en televisión de paga

La iniciativa daría al IFT poder para aplicar control accionario a empresas del sector; propuesta de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones

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19/03/2014 05:39 Leticia Robles de la Rosa
La propuesta de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión será entregada a la Mesa Directiva del Senado, que encabeza Raúl Cervantes.
La propuesta de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión será entregada a la Mesa Directiva del Senado, que encabeza Raúl Cervantes.

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de marzo.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá el poder para aplicar el control accionario a las empresas de televisión, radio, telefonía y todo tipo de concesionario de telecomunicaciones, establece la versión más reciente de la propuesta de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Ordena además que la publicidad en las estaciones de televisión no excederá al 18% del tiempo total de transmisión por cada canal de programación, y en las estaciones de radio, el tiempo destinado a publicidad comercial no excederá 40% del tiempo total de transmisión por cada canal de transmisión.

De igual forma, habilita a la Profeco como la defensora de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, al grado de que los concesionarios de televisión de paga deberán registrar ante la Procuraduría los contratos que firme con sus clientes.

Garantiza que no habrá censura o restricción del derecho a la información y a la expresión, pero incluye los criterios de los contenidos que deben seguir los concesionarios; otorga siete facultades al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) para que obligue a los concesionarios a cumplir con la difusión electoral e incluso imponga medidas cautelares e investigar infracciones por violaciones y a la Secretaría de Salud la responsabiliza de autorizar la publicidad de los llamados productos milagro y bebidas alcohólicas.

La propuesta, que ya es conocida por legisladores federales a unos días de ser entregada a la Mesa Directiva del Senado de la República, que encabeza Raúl Cervantes, también establece que las concesiones únicas tendrán una duración de tres años; las concesiones para televisión y radio comerciales serán por 20 años y las destinadas a los medios públicos y sociales serán de 10 años; todas con posibilidades de renovarse por el mismo tiempo.

El paquete de la propuesta incluye la Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, amén de que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en leyes como la referente a la Administración Pública Federal, del INEGI y el Código Penal Federal, entre otras.

Ordena el cobro por segundo en telefonía celular; incluye reglas para el uso compartido de infraestructura; los criterios de multiprogramación y de los registros públicos de telecomunicación y de concesiones, las cuales tienen siete causales de cambio o rescate de espectro radioeléctrico.

En el artículo 112 de la propuesta de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece que el IFT tendrá la facultad del control accionario.

“El concesionario, cuando sea una persona moral, presentará al instituto, a más tardar el 30 de junio de cada año, su estructura accionaria o de partes sociales de que se trate, con sus respectivos porcentajes de participación, acompañando además una relación de los accionistas que sean titulares del 5 por ciento o más del capital social de la empresa, así como el nombre de las personas físicas que participen directa o indirectamente con 10% o más del capital social de la empresa, sus principales accionistas y sus respectivos porcentajes de participación, a la que acompañará la información en el formato que determine el instituto”, describe.

También dispone que el concesionario deberá dar aviso al instituto de la intención de los interesados en realizar la suscripción o enajenación de las acciones o partes sociales, ya sea directa o indirectamente; acompañará el aviso con la información detallada de las personas interesadas en adquirir las acciones o partes sociales.

El instituto tendrá un plazo de 10 días hábiles, a partir del aviso, para solicitar la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tendrá 10 días hábiles para ello; el instituto tendrá 15 días hábiles para objetar, con causa justificada, la operación de la que se trate.

“Las operaciones que no hubieren sido objetadas por el instituto deberán inscribirse en el libro de registro de accionistas o socios de la persona moral, sin perjuicio de las autorizaciones que se requieran de otras autoridades conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables”, añade.

Aclara que el aviso no será necesario en caso de fusión de empresas, escisiones o reestructuras corporativas, “siempre que los cambios en la tenencia accionaria sean dentro del mismo grupo de control o dentro del mismo agente económico”.

Regulación de contenidos

Con el principio de que “el derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos, a través del servicio público de radiodifusión y de televisión restringidos, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables”, establece que las secretarías de Gobernación, Educación y Salud, junto con el INE, vigilarán los contenidos.

La Secretaría de Gobernación, propone el borrador, tendrá 11 facultades, entre ellas “requerir a los concesionarios que presten el servicio de televisión y audio restringidos, la reserva gratuita de canales para la distribución de señales de televisión de conformidad con las disposiciones legales; vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites señalados en esta ley, de respeto a la vida privada, a la dignidad personal, la moral y no ataquen los derechos de terceros, ni provoque la comisión de algún delito o perturbe el orden público”.

De igual forma, “monitorear los tiempos máximos para la transmisión de publicidad en las transmisiones de radio y televisión e informar al IFT sobre los resultados del monitoreo para efectos del ejercicio de sus facultades de vigilancia; establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación infantil”.

La Secretaría de Salud será la responsable de “autorizar la publicidad de suplementos alimenticios, productos biotecnológicos, bebidas alcohólicas, medicamentos, remedios herbolarios, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas y demás que se determinen en la legislación aplicable”.

Facultades del instituto

Incluye 66 facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones; las reglas como debe funcionar, la ética que deben seguir los comisionados, quienes tienen 10 causales para ser cesados, en un procedimiento en el cual intervendrá el Senado; tendrá un Consejo Consultivo de 15 integrantes honorarios, una autoridad investigadora, una Contraloría Interna; designará la red pública.

Posibles sanciones

  • En caso de que los concesionarios no permitan la verificación del IFT, éste podrá aplicar multa de 100 a 20 mil días de salario mínimo; multa adicional por cada día que se nieguen y el auxilio de la fuerza pública.
  •  Multa por un equivalente de 0.01% hasta 0.5% u 8 millones de veces de salario mínimo de los ingresos de los concesionarios por presentar de manera extemporánea avisos, reportes, documentos e información.
  • Multa por un equivalente de 0.51% a 1% o 41 millones de veces de salario mínimo por contravenir las disposiciones sobre homologación de equipos y cableados; incumplir con las obligaciones de registro establecidas en la ley; bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o restringir arbitrariamente el derecho de cualquier usuario de servicio de acceso a internet; rebasar los topes máximos de publicidad.
  • Multa por un equivalente de 1.1% a 2% o 76 millones de veces el salario mínimo por establecer barreras de cualquier naturaleza que impidan la conexión del equipo terminal del usuario con otros concesionarios; proporcionar dolosamente información errónea, entre otras.
  • Multa por un equivalente de 2.1% a 4% u 82 millones de veces el salario mínimo por no cumplir con las reglas de interconexión; ejecutar actos que impidan la actuación de otros concesionarios; modificar la red sin autorización, entre otras. 
  • Multa por un equivalente de 4.1% a 5% a quien preste servicios de telecomunicación o radiodifusión sin contar con concesión o autorización, o a quien interrumpa, sin causa justificada o sin autorización del IFT, la prestación total de servicios en poblaciones en que el concesionario sea el único prestador de ellos.

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