Caso Édgar Tamayo: Estados Unidos violaría tratados

Diplomáticos coinciden en que la ejecución del connacional sería una “flagrante violación” a los derechos humanos y a acuerdos internaciones

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20/01/2014 05:56 Iván E. Saldaña

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de enero.- El próximo 22 de enero la “justicia” llegará para algunos con la ejecución del mexicano Édgar Tamayo Arias. En cambio para otros —incluso para el gobierno de México— ésta es una muestra de injusticia por la negativa de Estados Unidos a acatar acuerdos internacionales.

En la página de internet Officer Down Memorial Page, en un comentario del 8 de enero 2014 dedicado al oficial estadunidense asesinado Guy P. Gaddis (muerte que se le imputa a Tamayo Arias) se pide justicia a dos décadas de su deceso.   

“Hay muchas memorias de Guy. Una vida que se terminó muy pronto. Él es ahora un ángel que vela por todos nosotros. Que sus familiares, amigos y seres queridos encuentren la paz con su muerte y que se haga justicia en pocas semanas”, dicta la traducción del comentario.

Sin embargo, la postura del gobierno mexicano es determinante: rechazar la pena de muerte e insistir ante las autoridades locales y federales de Estados Unidos que respeten el debido proceso con los extranjeros detenidos en su país y se les permita asistencia consular.

En entrevista con Excélsior, dos cónsules en Estados Unidos y un ex embajador en retiro con más de 35 años de trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano, coinciden en que este gobierno ha gestado una tarea “responsable en protección de los mexicanos en el exterior” y usado todas sus instancias políticas para evitar la ejecución.

No señalan culpa o inocencia a Édgar Tamayo, pero sí reclaman a un gobierno, sobre todo a los locales, que hay una “flagrante violación” a derechos humanos y acuerdos internaciones. Dicen que la tarea no termina con Édgar Tamayo Arias ni con los 51 del “Fallo Avena”, sino que “va más allá en hacer justicia a los mexicanos en el exterior”.  

Por lo pronto, Édgar Tamayo Arias corre la misma suerte de ejecución que Estados Unidos aplicó en 2008 a Humberto Leal García, y en 2011 a José Ernesto Medellín, quienes forman parte de un resolutivo internacional a quienes “no se les permitió el derecho de que les explicaran” las leyes ni el idioma del país juzgante.

Javier Díaz de León

Cónsul general de México en Raleigh, Carolina del Norte, EU

—¿Cuál es su papel desde el consulado general, ante casos como el de Tamayo Arias?

—Parte de nuestra tarea es generar una mayor conciencia entre las autoridades, en este caso, de Estados Unidos, para que cumpla lo que tenemos acordado todos los países que formamos parte de la Convención de Viena, en el término de lo que llamamos la notificación consular.

—¿Cómo buscan que esto se respete?

—Nuestro trabajo tiene que ver mucho, obviamente, con seguir insistiendo con las autoridades. Nuestra embajada lo hace a nivel federal en Washington, nosotros a nivel local con los gobiernos de los estados, de los condados, incluso de las ciudades con las policías locales, de garantizar que tengan plena conciencia de que si ellos no llevan a cabo esa notificación consular corren el riesgo de poner en entredicho la viabilidad legal del proceso de la persona a quien hayan detenido —independientemente de su culpabilidad o no—, ponen entredicho la viabilidad de ese proceso.

—Texas rechazó la petición de cambiar la sentencia para Tamayo, ¿qué opinión tiene al respecto?

—Es un tema en el cual el gobierno de México tiene una posición clara en varios sentidos. Por un lado, históricamente, tiene ya una trayectoria de manifestar una preocupación frente a la pena de muerte. México siempre ha manifestado su posición no solamente en el ámbito bilateral con Estados Unidos, sino en foros multilaterales, considerando que la pena de muerte no la vemos nosotros como una vía idónea para tratar de evitar crímenes.

“Por otro lado, más allá del tema en sí mismo de la pena de muerte, existe el principio del respeto al derecho internacional. Cuando un gobierno estatal dice que ellos no están obligados a cumplir lo que el gobierno federal asumió como parte de sus responsabilidades en un tratado internacional, pues evidentemente sí representa para nosotros una preocupación.”

—¿Hay una cifra o registro de cuántos mexicanos están en cárceles o penales estadunidenses en la región que le compete?

—Es difícil tener una claridad sobre ese tipo de cosas, le explico por qué: básicamente sólo las cárceles federales generan ese tipo de estadísticas. El gran problema es tener una claridad en cárceles muy locales, estatales o de condado. Tenemos un monitoreo constante de las principales detenciones en las Carolinas (Carolina del Norte y del Sur) y periódicamente personal del consulado realiza un programa de visitas a estas cárceles. No quisiera dar una cifra clara en este momento porque tenemos algunas ideas de dónde están, pero básicamente dependemos de las autoridades que nos notifiquen la detención de los connacionales para poderlo registrar.

 Hermilo López Bassols

Ex embajador

—Se acerca la ejecución de un mexicano en Estados Unidos.

—Creo que en pocos días tendremos una infausta noticia para México: nuevamente  Estados Unidos, el gobierno de un estado, va a, posiblemente, dolosamente, ejecutar a un mexicano. Esa situación nos duele mucho. Si bien ganamos el fallo en Avena, ya sería otro más de los mexicanos que, con argumentos que la ley americana maneja, evidencia una flagrante violación al derecho internacional, ahí hay una necesidad absoluta de que participemos nosotros enérgicamente.

—¿México ha hecho todo a su alcance?

Si el escenario lo comparamos con 20 años atrás, en la situación presente hay un avance considerable, me parece que en el terreno de protección formidable de adiestramiento, de militancia, de lucha, de cercanía con nuestras comunidades.

—A Tamayo no le respetaron el derecho consular, ¿su proceso judicial pudo no ser el correcto?

—Le están violando su derecho de notificación. Independientemente de la naturaleza del crimen —que quede perfectamente claro, México no reclama que esta persona no cometió semejante delito—, debemos de señalar que en el debido proceso, que ha llegado con determinados números de años hasta la sentencia de muerte establecida, lo que ha ocurrido es que empieza una relación jurídica entre el imputado y las autoridades viciada, porque no existe la facultad, la facilidad, los derechos elementales, inclusive humanos, a la que todo ser humano tiene, independientemente del territorio donde se encuentre para ir a un tribunal, y eso está establecido en la Convención de Viena.

José Octavio Tripp

Cónsul general en Dallas, EU

—¿Cuál es su opinión del caso Avena?

—La del Estado gobierno mexicano, en el sentido de que nosotros exigimos, de acuerdo con las convenciones internacionales, que exista de manera permanente y sistemática la notificación consular y que en ausencia de ésta sea un vicio de origen procesal que inhiba cualquier procedimiento particularmente si éste tiene el riesgo de desembocar en pena de muerte. México es muy claro en ese sentido.

—¿Cómo se lleva el monitoreo de los detenidos, sobre todo en cárceles estatales que son las que menos notifican?

—El monitoreo se lleva, y es cierto, es tan grande la población de mexicanos allá y del sistema penal que no necesariamente se notifica a los consulados de México, sin embargo, en casos de pena de muerte siempre hay notificación consular. No conozco un solo caso donde haya un condenado a muerte y no esté enterado ya (el gobierno). Aunque sea ex post, el consulado de México despliega de inmediato sus labores de protección, pero la clave en esto, reitero, está en que tan pronto como se inicia el procesamiento contra un mexicano en riesgo de pena de muerte, que exista esta notificación.

México rechaza la ejecución

El gobierno de México reiteró ayer domingo que ha utilizado todos sus recursos legales para evitar en Estados Unidos que el próximo 22 de enero sea ejecutado el mexicano Édgar Tamayo Arias, sin embargo, añadió que seguirá insistiendo en el caso, y en general en todos donde a un mexicano juzgado en el exterior se le condena de esta forma.

A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México se pronunció nuevamente en rechazo de la ejecución de Tamayo Arias, pues, justificó, sería una “clara violación por parte de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales previstas en la Convención de Viena”.

Recordó que la Corte Internacional de Justicia, con base en el artículo 36 de la Convención de Viena, y tras una demanda de México contra Estados Unidos, dictó el fallo en favor de que a 51 mexicanos juzgados en su territorio —incluido Édgar Tamayo— se les revisara y reconsiderara sus sentencias. Lo que se conoce como el “Fallo Avena”.

México también reconoció que hay voluntad de algunos miembros del gobierno federal y de legisladores estadunidenses en aplicar los acuerdos internacionales, en cambio, destacó que son los gobiernos locales —como Texas—  que se oponen en acatar dicho fallo.

“El Gobierno de México se opone a la pena de muerte y está decidido a emplear los recursos necesarios para la protección de aquellos nacionales en peligro de recibir dicha condena”, señaló la SRE.

Cabe resaltar que de efectuarse esta sentencia de ejecución contra Édgar Tamayo, representaría la tercera muerte programada de los mexicanos que forman parte del “Fallo Avena”. 

La Cancillería añade en su comunicado que, entre las muchas acciones en favor de la vida del mexicano, destaca la gestión política del secretario José Antonio Meade, de los titulares de la Embajada de México en Estados Unidos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del gobierno de Morelos, que enviaron cartas a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del estado, solicitando la suspensión de la ejecución.

Recordaron también que organismos internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU, Amnistía Internacional y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, entre otras, se han expresado con la misma intención de México.

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