La Suprema Corte de Justicia alarga el debate de rastreo a celular

El pleno de la SCJN buscará poner límites a la facultad de los procuradores del país para solicitar, sin orden judicial y en tiempo real, la localización de teléfonos celulares

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15/01/2014 08:04 Isabel González / Foto: Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero.- Con el propósito de impedir abusos y violaciones a los derechos humanos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) buscará poner límites a la facultad de los procuradores del país para solicitar, sin orden judicial y en tiempo real, la localización de teléfonos celulares relacionados con delitos de alto impacto para la sociedad.

Aun cuando ocho de los 11 ministros que componen el pleno del tribunal se pronunciaron en favor de declarar válida y constitucional la atribución prevista en los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales y 40 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se originó un empate en la sesión pública de ayer que impidió votar la acción de inconstitucionalidad 32/2012 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De los ocho ministros que avalan la constitucionalidad de las normas impugnadas, la mitad considera “conveniente, y oportuno” que la geolocalización sólo sea factible cuando se trate de un caso urgente que ponga en riesgo la vida y la integridad de las víctimas del delito, así como también cuando se corra el riesgo de que desaparezca el objeto de la investigación.

En contrario, la otra mitad de los ministros no estimó necesario realizar una motivación por parte del Ministerio Público cuando solicite la ubicación geográfica de un teléfono desde el que presumiblemente se realizaron llamadas para la comisión de un ilícito como secuestro, amenazas, extorsión, crimen organizado o contra la salud.

Ese fue el motivo por el que se reprogramó para el próximo jueves la resolución del asunto a fin de que la ministra ponente Margarita Luna Ramos presente a sus compañeros una propuesta final del caso, misma que deberá contener las consideraciones expresadas en la sesión de ayer por los ministros sobre los limites podrían configurarse.

La ministra Luna Ramos ofreció modificar su proyecto original para incluir las visiones y consideraciones de ambos bloques de ministros, con el fin de lograr un consenso mayoritario que resuelva los puntos pendientes al momento de la votación final.

Trataría de unificar la propuesta de cómo se debiera leer pensando que existe intromisión al derecho a la intimidad diciendo que se trata de casos de urgencia; esto es que cuando se ponga en riesgo la vida o integridad física de las víctimas del delito o,bien cuando exista el riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito”, agregó.

Además de Luna Ramos, Luz María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Fernando González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea son los ministros que se han pronunciado por validar la facultad de los procuradores del país en la geolocalización de equipos móviles de telefonía celular.

De la mayoría de ministros, Zaldívar, González Salas, Gutiérrez Ortiz Mena y Silva Meza se inclinaron por acotar la atribución de la autoridad ministerial.

En tanto, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz y Sergio Valls Hernández mantuvieron su postura en contra.

Previo a la posposición del caso, el ministro presidente de la Corte, Juan Silva Meza admitió que delitos como el secuestro o la extorsión ponen en riesgo el funcionamiento de las instituciones democráticas y por ello se justifica el uso de herramientas tecnológicas para combatirlos.

Los delitos de alto impacto a los que se refiere el artículo 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales que estamos analizando atentan seriamente en contra de las instituciones democráticas y justifican que el Estado realice las acciones y utilice los medios técnicos adecuados para proteger la integridad de las personas que sufren o son susceptibles de delitos”.

Fg

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