Reprograma la SCJN resolución de geolocalización para el jueves

Aun cuando ocho de los 11 ministros que componen el pleno del tribunal se pronunciaron a favor, se originó un empate en la sesión pública que impidió votar la acción de inconstitucionalidad

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14/01/2014 15:43 Isabel González

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de enero.-Con el propósito de impedir abusos y violaciones a los derechos humanos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) buscará poner límites a la facultad de los procuradores del país para solicitar, sin orden judicial y en tiempo real,  la localización de teléfonos celulares relacionados con delitos de alto impacto para la sociedad.

Aun cuando ocho de los 11 ministros que componen el pleno del tribunal se pronunciaron a favor, se originó un empate en la sesión pública que impidió votar la acción de inconstitucionalidad

Aun cuando ocho de los 11 ministros que componen el pleno del tribunal se pronunciaron a favor de declarar válida y constitucional la atribución prevista en los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales y 40 bis, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se originó un empate en la sesión pública de este martes que impidió votar la acción de inconstitucionalidad 32/2012 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De los ocho ministros que avalan la constitucionalidad de las normas impugnadas, la mitad considera "conveniente, y oportuno" que la geolocalización sólo sea factible cuando se trate de un caso urgente que ponga en riesgo la vida y la integridad de las víctimas del delito así como también cuando se corra el riesgo de que desaparezca el objeto de la investigación.

En contrario, la otra mitad de los ministros no estimó necesario realizar una motivación por parte del Ministerio Público cuando solicite la ubicación geográfica de un teléfono desde el que presumiblemente se realizaron llamadas para la comisión de un ilícito como secuestro, amenazas, extorsión, crimen organizado o contra la salud.

Ese fue el motivo por el que se reprogramó para el próximo jueves la resolución del asunto a fin de que la ministra ponente Margarita Luna Ramos presente a sus compañeros una propuesta final del caso, misma que deberá contener las consideraciones expresadas en la sesión de este martes por los ministros respecto a qué limites podrían configurarse frente a la atribución que se encuentra a debate.

Yo lo que propondría es traerles en blanco y negro para el día jueves la propuesta ya integral de este engrose en esta parte del proyecto y desde luego matizando lo que ya había ofrecido en la primera parte del mismo, evidentemente sosteniendo que no hay  una violación al derecho a la intimidad; aún en el caso de que se estimara o que pudiera darse la intromisión al derecho a la intimidad se encuentran justificadas las medidas porque se trata de facultades del Ministerio Público, es idónea, es proporcional y razonable", expuso Luna Ramos.

Trataría de unificar la propuesta de cómo se debiera leer pensando que existe intromisión al derecho a  la intimidad diciendo que se trata de casos de urgencia; esto es que cuando se ponga  en riesgo la vida o integridad física de las víctimas del delito o, bien cuando exista el riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito", agregó.

Además de Luna Ramos, Luz María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Fernando González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea son los ministros que se han pronunciado por validar la facultad de los procuradores del país en la geolocalización de equipos móviles de telefonía celular.

De la mayoría de ministros, Zaldívar Lelo de Larrea, González Salas, Gutiérrez Ortiz Mena y Silva Meza se inclinaron por acotar la atribución de la autoridad ministerial.

En tanto que Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz y Sergio Valls Hernández mantuvieron su postura fijaron su postura en contra de la misma.

Previo a la posposición del caso, el ministro presidente de la Corte, Juan Silva Meza admitió que delitos como el secuestro o la extorsión ponen en riesgo el funcionamiento de las instituciones democráticas y por ello se justifica el uso de herramientas tecnológicas para combatirlos.

En realidad los delitos de alto impacto a los que se refiere  el artículo 133 quater del código federal de procedimientos penales que estamos analizando atentan seriamente en contra  de las instituciones democráticas  y justifican que el Estado bajo el principio debida diligencia llevar a cabo las acciones  y utilice los medios técnicos adecuados  para proteger la integridad de las personas que sufren o son  susceptibles de sufrir esos delitos", destacó al pronunciarse por fijar límites a dicha facultad.

"Ahora decimos, ajustados, precisamente a las interpretaciones conformes que sean las indispensables para que esto se realice, blindadas de constitucionalidad tal como  lo exige el principio pro persona que sostiene a nuestro régimen  de interpretación constitucional, permitir que la investigación  de estos delitos de alto impacto que pueden poner en riesgo  las instituciones democráticas permitiendo incluso que la medida  de investigación no pase por un control  judicial previo, maximiza el derecho a la integridad personal de todos", abundó el ministro.

jgl

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