Aceleran la apertura de Pemex a IP

La Reforma Energética avanza en lo general en el pleno; avalan Fondo petrolero para becas universitarias y gasto en ciencia y en tecnología

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11/12/2013 05:41 Leticia Robles de la Rosa

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre.- El pleno del Senado aprobó en lo general, con 95 votos en favor, 28 en contra y sin abstenciones, la Reforma Energética que fija cuatro meses, a partir de la entrada en vigor de los cambios, para que las empresas privadas nacionales y extranjeras comiencen a invertir en crudo, refinación, transporte, búsqueda de gas y generación de energía eléctrica, amén de que convierte al fondo petrolero en el abastecedor económico del país.

En una larga sesión, con una breve toma de tribuna y críticas se avalaron los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como a 21 transitorios.

En medio de la insistencia perredistas por dilatar lo más posible el proceso de aprobación, que llevó a postergar la votación en lo general hasta la madrugada, el pleno del Senado concretó así los cambios constitucionales con el voto de los senadores del PRI, PAN y Partido Verde, y que incluye nuevas disposiciones que apuestan, a nivel constitucional, a obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) a mantenerse alejados de la corrupción.

La reforma dispone reglas constitucionales para las empresas públicas encargadas de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos.

“En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas y determinará las demás actividades que podrán realizar”, precisan los cambios hechos al artículo 25 constitucional, que se aprobó con 93 votos a favor, en lo particular.

La reforma plantea que el Congreso de la Unión tendrá cuatro meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, para procesar todos los cambios legales necesarios, “a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto, entre ellas, regular las modalidades de contratación, que deberán ser, entre otras, de servicios, de utilidad, de producción compartida o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos”.

El dictamen aprobado ayer, diferente al que se presentó y aprobó en comisiones, elimina las referencias a la obligación de que el Ejecutivo y el Congreso de la Unión terminen con los subsidios generalizados a gasolina y electricidad.

En ese espacio dispuso que el Congreso de la Unión tendrá cuatro meses, después de la entrada en vigor de la reforma, para tener las leyes que regulen “las modalidades de contratación para que los particulares, por cuenta de la nación, lleven a cabo, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”.

Permite a las empresas productivas del Estado; es decir, Pemex y CFE, así como a las empresas particulares “reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la nación”.

También ordena que el Poder Ejecutivo “contará con los órganos reguladores coordinador en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley”.

Mientras en el dictamen original las comisiones unidas del Senado establecieron que las dos comisiones serían “órganos desconcentrados” de la Secretaría de Energía; en el dictamen aprobado ayer en lo general dice que “se convierten en órganos reguladores coordinados en la materia, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión”.

Fondo Petrolero

Entre los cambios realizados al dictamen original de la Reforma Energética, se observa que el fideicomiso administrado por el Banco de México para administrar la riqueza petrolera, se denominará Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo, porque se convertirá en el principal abastecedor económico del país.

Amén de fondear la Pensión Universal —ya no todas las pensiones públicas como se programó originalmente—, el Fondo dará dinero para becas universitarias y de posgrado, para aumentar el presupuesto destinado a la ciencia y tecnología; abastecer de recursos a los fondos de Estabilización de los Ingresos Petroleros y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; a financiar inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional y para sacar al país de posibles crisis económicas.

“En caso de una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada a una caída en el PIB, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o a una caída en la plataforma de producción de petróleo, y una vez que se hayan agotado los recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros o su equivalente, la Cámara de Diputados podrá aprobar, mediante votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes, la integración de recursos de ahorro público de largo plazo al PEF, aun cuando el saldo de ahorro de largo plazo se redujera por debajo de 3% del PIB del año anterior”, dice.

Determina que la ronda cero, que permitirá a Pemex escoger los yacimientos donde trabajará solo, de donde lo hará en asociación con empresas nacionales y extranjeras o donde de plano no le entrará, sea de 90 días y no de 60 días como estaba originalmente.

Plantea que las áreas de almacenamiento, transporte y distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos ya no serán sólo tarea de Pemex, sino que entrarán particulares.

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