Amipci, contra la "ley sopita"

La iniciativa va contra el objetivo de aumentar el acceso a internet, advierte esa organización

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20/12/2013 03:53 Claudia Ocaranza
Julio Vega, director general de la Amipci, advirtió que la iniciativa también es opuesta a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Foto: Cortesía AMIPCI
Julio Vega, director general de la Amipci, advirtió que la iniciativa también es opuesta a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Foto: Cortesía AMIPCI

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de diciembre.- La industria mexicana de internet se alista para encabezar la cruzada que evite la criminalización de los internautas bajo el argumento de evitar la piratería, luego de que diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa para modificar la Ley de Propiedad Intelectual, que podría llevar a castigar a quienes compartan archivos digitales sin importar si son administradores de sitios ilegales o usuarios.

Esta iniciativa, que ya comienza a ser nombrada como "ley sopita" en referencia a la Stop Online Piracy Act (SOPA), que fue rechazada en 2012 por el congreso estadunidense,"va en contra de la mayor penetración de internet que pretende la Estrategia Digital Nacional y corresponde más a la defensa de un modelo de negocio que a la defensa de los derechos de autor”, dijo a Excélsior Julio Vega, director general de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci).

La propuesta busca tipificar como un delito el “poner a disposición del público en general, obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor”, de acuerdo a la fracción III del artículo 231.

Gilda González, directora de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas (Amprofon) consideró que “sólo hay infracción si el titular de la cuenta ignora los avisos que se le enviarán diciendo que están faltando a la ley al poner a disposición sus archivos en un sitio ilegal”.

En entrevista con Excélsior, González admitió que falta especificar a quién se refiere exactamente la ley cuando dice “el titular de la cuenta” y explicó el proceso para hacer funcionar la norma en caso de que se apruebe.

Si el autor de la obra encuentra que su trabajo está en un sitio que él no ha autorizado, puede levantar una queja ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las autoridades revisarán su petición y, de avalarla, enviarán al titular de la cuenta y al administrador del sitio un aviso preventivo, aunque la ley es clara en que “el aviso no es un requisito previo”.

Criminales en la red

El infractor tendría diez días para probar su inocencia y si no lo consigue, se hará acreedor a multas desde 30 hasta 20 mil días de salario mínimo.

En tanto, los administradores de los sitios señalados estarán en riesgo de estar en “prisión de seis meses a seis años y (a pagar) de trescientos a tres mil días de multa”, se lee en el documento promovido por los diputados Aurora Denisse Ugalde y Héctor Humberto Gutiérrez.

No queremos que al usuario de la red se le considere como un criminal”, dijo Vega al referir que el objetivo de la Estrategia Digital Nacional es lograr que cada vez más personas de los 70 millones de mexicanos que siguen sin internet tengan acceso a la red.

Lo que propone la ley plasma limitaciones sobre el uso que dan a los sitios y a sus archivos, sin que esto signifique que la Amipci esté a favor de la piratería, especificó Vega.

Agregó que una ley de esta naturaleza “debe aparejar el respeto a internet y a la Constitución con el derecho al uso de las tecnologías de la información para que no sea un freno”.

De acuerdo a la iniciativa, el IMPI tendría la facultad de pedir a los prestadores de servicios de internet que brinden información de los usuarios, como el nombre y la dirección IP, con lo que las autoridades, sin especificar quiénes, podrían deshabilitar las cuentas de los titulares que sean “infractores”.

Si no existe un proceso sólido detrás de la solicitud se pone en grave riesgo al usuario y también a quien provea esta información, pues es el responsable del cuidado de esos datos, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares”, consideró Vega.

Pero González insistió en que, aunque sea un menor el titular de la cuenta, los datos le serán cancelados y su dirección IP será conocida, sin que esto implique un castigo para sus padres o el titular de la factura de internet. No especificó si el menor será castigado con multas de algún tipo.

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