Fallan en lucha contra el narco en Centroamérica

Las inadecuadas decisiones del gobierno han provocado que la violencia se dispare en la región fronteriza entre Guatemala y Honduras

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29/06/2014 05:42  Marguerite Cawley/Insight Crime Especial

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio.- Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG) detalla cómo las medidas  inadecuadas para combatir el tráfico de drogas ayudaron a exacerbar la violencia en la región fronteriza entre Guatemala y Honduras; un fenómeno que tiene importantes implicaciones políticas.

Las provincias de Zacapa y Chiquimula, en la frontera oriental de Guatemala, tuvieron tasas de homicidio de más del doble de la nacional, de 34 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2013. En el lado hondureño de la frontera, Copán y Ocotepeque tuvieron una tasa combinada de 102 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2012, más de 20 por encima de la media nacional —aunque el número de homicidios se redujo en 2013.

El informe de junio, titulado “Corredor de Violencia: La frontera entre Guatemala y Honduras”, señala que estas provincias comparten algunas características importantes: todas son pobres, con altos niveles de desempleo, y poco respeto por el control por parte el gobierno. También son zonas de tránsito importantes para los productos de contrabando y drogas, con cientos de cruces fronterizos ilegales conocidos como “puntos ciegos” en la región.

Aunque la tristemente célebre y sangrienta ciudad de San Pedro Sula, en la provincia de Cortés, también se encuentra cerca de esta frontera, los autores señalan que allí las características de la violencia son diferentes, ya que es un centro urbano con una fuerte presencia de pandillas.

Aunque estas regiones han sido durante mucho tiempo puntos de paso ilegal de productos y drogas, no siempre han sido tan violentas. Según ICG, esto está relacionado con “choques externos” durante la última década, incluyendo los efectos no deseados de las medidas tomadas por las autoridades para combatir el tráfico de drogas y la reducción en el mercado de Estados Unidos para la cocaína, lo que ha provocado que los grupos de traficantes compitan ahora por una parte en una olla más pequeña de ganancias.

Uno de los factores ha sido la estrategia antidrogas de México desde 2006, que, como se ha señalado en informes anteriores, ha aumentado en gran medida el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a través de Centroamérica y afectado especialmente a los débiles y corruptos países del “Triángulo Norte” —Honduras, Guatemala y El Salvador—.

Mientras tanto, desde 2009, la interdicción por parte de las autoridades guatemaltecas ha ayudado a echar los vuelos con drogas, de la provincia norteña de Petén hacia la vecina Honduras, desde donde los cargamentos entran a Guatemala por vía terrestre, contribuyendo en gran medida al flujo de drogas en la región fronteriza.

En los últimos años, las autoridades guatemaltecas, también han capturado a los líderes de algunos de los clanes de la droga más antiguos del país —incluyendo a Waldemar Lorenzana—, quien por mucho tiempo operó en el este de Guatemala como una autoridad de facto, con una amplia red de alianzas y construyendo apoyo local. Su detención dio a los extremadamente violentos y agresivamente expansionistas Zetas de México, que entraron por primera vez a Guatemala en 2007, así como a otros rivales locales, más espacio para operar en la estratégica región fronteriza.

El informe de ICG llega justo meses después de que el gobierno del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina anunciara la creación de una nueva fuerza de trabajo para luchar contra la creciente violencia y la actividad criminal en el norte y el noreste de Guatemala. La nueva unidad se basa en una fuerza de tarea que comenzó a operar a lo largo de la frontera con México en 2013.

Sin embargo, ICG señala que las patrullas fronterizas no serán suficientes para combatir la inseguridad en una región que también sufre de graves deficiencias sociales, económicas e institucionales. La organización demanda una estrategia más amplia para abordar la violencia relacionada con las drogas, incluyendo el fortalecimiento de la policía local y los órganos judiciales, la proporción de oportunidades de educación, y el fomento de la inversión pública y privada en estas regiones.

A partir de enero de 2013, alrededor de 79 por ciento de los asesinatos en Guatemala estuvieron concentrados en 10 provincias, en el sureste del país. Aunque las autoridades debaten cuántos asesinatos del país se pueden atribuir al tráfico de drogas, parece claro que los cambios en el paisaje regional y local del tráfico de drogas han influido enormemente en la violencia cerca de la frontera con Honduras.

En junio de 2009, un golpe militar en Honduras derrocó al gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya. Los narcotraficantes rápidamente tomaron ventaja del caos y los enfrentamientos políticos resultantes, y convirtieron al país en un bastión criminal. Fue en ese mismo tiempo que los vuelos con drogas se volcaron hacia Honduras. La revista electrónica guatemalteca Plaza Pública ha señalado que la consecuente proliferación de las rutas terrestres para introducir cargamentos a Guatemala proporcionó más oportunidades para el robo de cargamentos de drogas, y por lo tanto para el potencial conflicto.

Ambas provincias de Izabal y Zacapa, al oriente del país, fueron invadidas por los Zetas bastante pronto en su campaña, lo que cambió en gran medida la dinámica criminal en la región. Según Plaza Pública, un aumento de la violencia en las provincias fronterizas con Honduras pudo haber correspondido con el momento en el que los Zetas comenzaron a cobrar un porcentaje sobre los envíos a través de su territorio en 2011, matando a los que se oponían.

El informe de ICG muestra cómo las políticas oficiales ayudaron a contribuir a esta situación, tanto empujando a la actividad criminal a migrar —en el caso de los vuelos con drogas— como al cambio en la naturaleza —al decapitar a grupos criminales de larga data y socialmente arraigados—.

La región fronteriza entre Guatemala y Honduras es quizá uno de los ejemplos ilustrativos del fracaso de las autoridades nacionales para tener en cuenta los posibles efectos secundarios de sus políticas de seguridad.

Hay numerosos ejemplos en Latinoamérica sobre cómo al atacar la actividad criminal en un país, esto conduce a la migración o difusión de esta actividad. Esto parece estar ocurriendo ahora con los vuelos sudamericanos a Honduras —que han comenzado a aterrizar primero en Panamá y Nicaragua—, en respuesta a las medidas de interdicción. También es común que la decapitación de los grupos narcotraficantes conduzca a la agitación criminal, a medida que los viejos grupos se fragmentan y surjen otros nuevos y más pequeños.

El informe también pone de relieve cómo el despliegue de una fuerza de tarea para resolver la violencia, que en parte ha resultado de tales políticas de seguridad, es miope y no tiene en cuenta factores específicos de la violencia en la región fronteriza.

La frontera entre Guatemala y Honduras comparte características con muchas otras regiones fronterizas de Latinoamérica. Estas son a menudo geográficamente remotas, mal monitoreadas, débilmente gobernadas y con pocos recursos, lo que dificulta la lucha contra la actividad criminal. Esto facilita el flujo de drogas y otro tipo de contrabando y las hace regiones estratégicas de operación para los grupos criminales, y por lo tanto a menudo centros de violencia —como ha sido el caso durante mucho tiempo de la frontera entre Ecuador y Colombia—, y como viene siendo el caso en el creciente centro de drogas en la frontera de Paraguay con Brasil.

Las políticas de seguridad militarizadas —tales como las fuerzas de tarea— a menudo han sido acusadas de actuar como una solución provisional que no logra resolver este tipo de problemas de raíz, a pesar de su popularidad en lugares como Honduras y México. Como ICG señala, son precisamente las causas subyacentes de la violencia las que en última instancia deben ser enfrentadas, y un elemento clave debe ser el mejorar la capacidad y la confiabilidad de las fuerzas de seguridad locales, en lugar de depender de una operación especial nacional.

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