Felipe de Borbón tiene una tarea difícil

Será el nuevo rey de España y deberá trabajar mucho para reposicionar a la monarquía, en medio del reto independentista en pleno auge

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03/06/2014 05:55 José David Pérez/ Especial

MADRID, 3 de junio.– Juan Carlos pasa a la historia en vida y deja a su hijo Felipe la corona junto a los retos y responsabilidades que conlleva.

La decisión del rey deja a su hijo ante un país decepcionado, herido por una “larga y profunda crisis que ha dejado cicatrices en el tejido social”, como el monarca reconoció, y con el reto independentista de Cataluña en pleno auge.

España está sumida en una decepción cívica que afecta a la mayoría de las instituciones, y la corona no ha sido una excepción. A pesar de las evaluaciones deficientes que diversas encuestas públicas y privadas han otorgado al monarca y a la Casa Real, la Zarzuela siempre ha insistido en que el rey nunca ha bajado de la aprobación ciudadana: ajustado, pero aprobado.

Sin embargo, ese tan esgrimido aprobado ya no es suficiente y el príncipe Felipe deberá afrontar la decepción de parte de la ciudadanía española y la desconfianza de algunos grupos políticos.

Para la Casa Real, el príncipe Felipe es uno de sus grandes activos, su garantía de supervivencia, en cierto modo.

Caso aparte es el de la princesa y futura reina Letizia, quien ha cosechado críticas y no ha conseguido emular, hasta ahora, al otro gran activo de la monarquía española, su suegra, la reina Sofía.

Dinero real. En 2014, la Casa Real recibió 7.75 millones de euros del gobierno, de los cuales cerca de 50% es usado para el pago del personal de servicio. Además, el rey asigna un “salario” a cada integrante de la familia real.

La sucesión fue recibida durante todo el día de ayer con elogios por parte de políticos oficialistas y opositores.

Pero diversas formaciones políticas y sociales exigieron que el futuro de España se decida en las urnas; es decir, defienden este momento como el idóneo para abrir el debate sobre si el país debe seguir como una monarquía o convertirse a una república.

El resultado de esta exigencia o propuesta, según el emisor, fueron decenas de manifestaciones en 40 ciudades de España.

Además, ayer se confirmaron los problemas de disciplina del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pues mientras su actual líder elogiaba al futuro rey, no faltaban miembros que exigían al partido liderar la petición de un referéndum sobre la continuidad de la monarquía.

A pesar de que la abdicación reabrió el debate social, evidenció los retos sociopolíticos del futuro Felipe VI y dejó al Ejecutivo español en evidencia por la falta de previsión en este asunto; aunque la economía, uno de los principales temores nacionales, no vivió ninguna alteración espectacular.

Los efectos de la abdicación en la aún inestable economía española dependerán de la eficacia del Ejecutivo para evitar una confrontación sociopolítica o un vacío de poder.

Quienes no mostraron calma fueron los independentistas catalanes, pues el presidente catalán Artur Más deseó “suerte, aciertos, y éxitos, lo mejor para España”. Sin embargo, también deseó lo mejor para Cataluña: “poder decidir democráticamente y libremente nuestro futuro como
nación”.

La gestión de la “unidad de España” es, para expertos constitucionalistas, el principal caballo de batalla, al menos en el corto plazo, del próximo rey. Además, jugar la parte de mediador o apaciguador de esta tensión puede reforzar ese carácter de unificación y mediación con el que tantos revisten a la monarquía.

La armas del rey

Los retos están servidos para Felipe VI. Sin embargo, las armas para afrontarlos también. Desde la denominada legitimidad histórica, pasando por el poder constitucional, hasta llegar a las oportunidades de que la monarquía sea más austera y más transparente son parte del arsenal felipista.

La Constitución establece que ninguno de los actos del rey pueden considerarse ilegales, por lo tanto no puede ser sancionado; además, cualquier mal derivado de sus acciones será responsabilidad del presidente del gobierno. Con lo cual, otra vez en teoría, los actos del rey pueden condenar a un gobierno.

Al rey también corresponde el consentir o no las obligaciones contraidas por los tratados internacionales. Además, es el mando supremo de las fuerzas armadas españolas y tiene la potestad para nombrar al presidente del gobierno, aunque para ello su candidadato requiere el apoyo del Congreso de los diputados.

Sucesión al trono: el rey es árbitro y moderador

De acuerdo con la Constitución española el monarca tiene el deber esencial de actuar como un ente de control y unidad en medio de la división de Poderes que rige el Estado hasta la actividad diplomática, como las declaraciones de guerra y paz, y también es capaz de elegir y proponer al presidente del gobierno, entre otras. 

La España de Juan Carlos roza su desenlace y, por ende, ese país donde no faltaba quien afirmaba que “no era monárquico, que era juancarlista”, se transforma hoy en algo que tiene su lugar cada vez más en el pasado.

Ante este cambio, España se cuestiona: ¿qué futuro tiene la monarquía?

Para responder a esa cuestión se hace inevitable repasar el papel del monarca en la sociedad española. De acuerdo con la Constitución del país, se trata del Jefe del Estado y bajo este cargo ostenta la función de: moderar, arbitrar, representar internacionalmente al Estado y ejercer funciones estrechamente ligadas con la unidad nacional.

De acuerdo con numerosos juristas la función esencial del rey es ser árbitro y moderador; además sobre él, y sobre la institución de la Corona, reposa una fuerte función identitaria de España.

Para poner en práctica este rol de punto de unión, el monarca tiene su marco de actuación oficial delimitado en los artículos que van del 56 al 65 de la Constitución española. En ellos se establecen los derechos, las competencias y la esencia de la Corona española.

En estos artículos se establece los principales derechos del monarca: la inviolabilidad y la irresponsabilidad. Inspirada en una una vieja premisa británica que reza que “el rey no puede hacer nada malo”, la figura real es inviolable. Es decir, ninguno de sus actos son condenables; pues ninguno de sus actos son su responsabilidad.

La irresponsabilidad real se debe a que todo acto del monarca debe estar refrendado, es decir debe contar con el acuerdo, explícito o tácito, o la presencia del presidente del gobierno o uno de sus ministros con competencias en la actuación del rey.

Además, el monarca recibe una cifra anual del Presupuesto General del Estado que distribuye libremente entre su familia y los miembros civiles o militares que el mismo designa. A esta cuantía que este año superó los siete millones de euros se suman diversos bienes del Patrimonio Nacional español que están limitados al uso del monarca y van desde palacios hasta embarcaciones.

Con estos derechos, el rey asume una gran obligación, que va más allá de su carácter de símbolo  y es que debe ser el velar por el respeto de la Constitución y los derechos de todos los ciudadanos españoles. Así lo establece el artículo 61 y por ello es capaz presidir las reuniones del Poder Ejecutivo, cuando así lo requiera el Presidente.

Los creadores de la Constitución española realizaron este documento de una forma reveladora. Para algunos expertos, el orden de los títulos, es decir los asuntos que se reglan, es ilustrativo. Y es que el primer título, por encima de la Corona y cualquier otro poder, es el referente a los derechos de los ciudadanos y deberes fundamentales de los ciudadanos españoles.

Encabezando la carta con este título los consitucionalistas, nombre que reciben los redactores de la Constitución española, parecen evocar la igualdad como la base del país y a la Corona como una garantía de mediación para que esto se cumpla.

A este deber esencial se aunan diversas funciones que van desde la actividad interna donde el rey actúa como un ente de control y unidad en medio de la división de Poderes que rige el Estado español hasta la actividad diplomática, como las declaraciones de guerra y paz.

Desde su nombramiento el rey tiene la potestad de ser quien tenga, teóricamente, la última palabra en buena parte de los procesos nacionales. Por ejemplo, el monarca es quien sanciona, es decir muestra su conformidad, a una ley. También es capaz de elegir y proponer al presidente del gobierno y es el responsable de convocar y disolver a las Cortes españolas, es decir al Congreso de diputados y al Senado.

Ahora, Felipe de Borbón, aquel que fue designado por la Constitución como Príncipe de Asturias, por ser príncipe heredero, es llamado a ser rey y a ostentar todos los títulos ligados al mismo como los de rey de Castilla, León y Aragón, de Navarra, Toledo, Granada, Valencia, de Galicia, de Mallorca y Menorca, de Sevilla, de Córdoba, de las Islas Canarias, Conde de Habsburgo, de Flandes, de Barcelona y un largo etcétera.

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