Abrirán 8 nuevos penales federales; participa la IP en su construcción

Se sumarán a los 13 existentes; inauguran hoy el primero de ellos en Hermosillo

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02/10/2012 03:39 Aurora Vega
Abrirán 8 nuevos penales federales; participa la IP en su construcción

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de octubre.- En los próximos meses la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal inaugurará ocho reclusorios, para sumar un total de 21 cárceles que albergarán a 51 mil reos del fuero federal que se encuentran en instalaciones estatales.

De acuerdo con información de la dependencia, estos penales fueron construidos con capital privado.

Los nuevos centros federales están ubicados en Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Sonora. En Hermosillo hoy se inaugura el primero.

Las nuevas instalaciones serán entregadas por el presidente Felipe Calderón. Las mismas empresas que se encargaron de su construcción operarán los servicios básicos de alimentación, lavandería y limpieza, entre otros. Laseguridad de y en los penales seguirá en manos de las autoridades gubernamentales.

El gobierno federal tendrá que pagar anualmente por la construcción y el otorgamiento de servicios alrededor de 200 millones de pesos.

Documentos de la SSP federal detallan que el financiamiento de la construcción de estas cárceles, por parte de empresas privadas, será cobrado a lo largo de 20 años.

Respecto de los 51 mil reos federales que se encuentran en cárceles estatales, se informó que 73 por ciento de ellos no ha concluido sus procesos penales, por el retraso que existe de parte de los jueces.

La población en las cárceles del país asciende a 238 mil 269 reos, de los cuales 51 mil pertenecen al fuero federal.

Anuncian la entrega de ocho prisiones más

Las cárceles serán para presos del fuero federal y se intenta desahogar la población de algunos penales estatales; en esta semana abren uno en Hermosillo y otro en Guanajuato.

El gobierno federal, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), que dirige Genaro García Luna, informó que además de los 13 centros de reclusión federal que ya existen, en los próximos meses serán entregados ocho centros federales más, que se construyen con dinero de empresas privadas.

Con estos ocho centros de reclusión federal se tendrán en total 21 centros federales con capacidad para albergar a 51 mil reos federales que actualmente se encuentran en cárceles estatales; sin embargo, el 73 por ciento de ellos no han concluido sus procesos penales por el retraso que existe por parte de los jueces.

En esta semana serán inauguradas las cárceles de Hermosillo, Sonora, y Ocampo, Guanajuato, que contarán no sólo con los sistemas de vigilancia más avanzados en tecnología, sino con personal que ha sido capacitado para laborar en los penales de máxima seguridad.

Información de la Secretaría de Seguridad Pública federal precisa que los nuevos penales no sólo estarán equipados con modernos sistemas de informática y cómputo para registrar la actividad diaria del centro penitenciario, sino con un sofisticado sistema de registro para la entrada y salida de las personas.

De acuerdo con los documentos de la dependencia federal, los restantes nuevos centros de reclusión estarán ubicados en Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán y Oaxaca.

Los ocho nuevos penales que serán entregados por el presidente Felipe Calderón estarán operados los servicios básicos de alimentación, lavandería, limpieza y otros por las mismas empresas que construyeron los complejos penitenciarios federales, por lo que el gobierno federal tendrá que pagar anualmente por la construcción y el otorgamiento de servicios alrededor de 200 millones de pesos.

El financiamiento de la construcción de estas cárceles por parte de empresas privadas será cobrado a lo largo de 20 años.

De acuerdo con la SSP, la población de reos en las cárceles del país asciende a 238 mil 269 reos, de los cuales 50 mil 413 pertenecen al fuero federal.

En las 416 cárceles del país, administradas por los gobiernos estatales, 68 de ellas presentan una sobrepoblación de reos y falta de infraestructura, adecuada alimentación, seguridad y servicios de salud, entre otros.

Esto contrasta con el sistema de cárceles federales y de máxima seguridad a cargo del gobierno federal, que otorga una cantidad por cada preso en un centro de readaptación social federal, donde no solamente no hay hacinamiento, sino un total control de vigilancia y seguridad que en las cárceles a cargo de los gobiernos de los estados.

La SSPF opera 13 centros de reclusión de mediana y máxima seguridad: El Altiplano, Occidente, Noreste, Centro Femenil Noreste, Noroeste, Oriente, Sureste, Nor-noroeste, Norponiente, Norte, Nor-noreste y el Ceferesi.

Los penales que actualmente opera el gobierno federal se encuentran ubicados en Islas Marías; el Cefereso 4 en El Rincón, Nayarit; el Cefereso 2, en Puente Grande, Jalisco; el Cefereso uno, en El Altiplano, ubicado en Toluca, Estado de México; el Ceferesi, en Morelos, el Cefereso 6, en Huimanguillo, Tabasco; otro considerado como complejo penitenciario federal, ubicado en Papantla, Veracruz; el Cefereso 5, Villaldama, Veracruz; Cefereso 3, en Matamoros, Tamaulipas; el Cefereso 9, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Cefereso 8, en Guasave, Sinaloa; Cefereso  7 en Guadalupe Victoria, en Durango; Cefereso 11, en Monclova, Coahuila, y el  Cefereso 13, en Gómez Palacio, Durango.

Para mejorar el sistema penitenciario federal, la dependencia, que encabeza Genaro García Luna, destinó 13 mil 400 millones de pesos.

La SSP federal revela que en lo que va del sexenio se ha registrado la fuga de 937 internos.

Diferencias en la seguridad

Los recursos destinados a las cárceles hacen algunas diferencias entre la población de internos.

416 cárceles del país son administradas por los gobiernos estatales.

68 de ellas presentan una sobrepoblación de reos y falta de infraestructura, adecuada, además de deficiencias en la alimentación, seguridad y servicios de salud, entre otros.

El sistema de cárceles federales y de máxima seguridad a cargo del gobierno federal otorga 150 pesos de manutención diaria por cada preso en un centro de readaptación social federal, donde no solamente no hay hacinamiento, sino un total control de vigilancia y seguridad que en las cárceles a cargo de los gobiernos de los estados.

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