La culpa no es del #MeToo

Terrible. Lamentable noticia del suicidio de Armando Vega Gil, uno de los fundadores del grupo Botellita de Jerez. Más aún el contexto de su muerte, que conocemos ya todos. También es terrible que esta noticia haya instalado el debate, otra vez, en el lugar y dirección equivocada: que la culpa –en el imaginario público– es de las mujeres y que antes de hablar de las tantas aristas del acoso y abuso sexual (que es la antesala a la terrible cifra de 9 muertas al día en México) nos quedemos señalando las fallas del movimiento MeToo.

Y éste tendría que ser al gran tema: porque así como hablamos del techo de cristal y de lo complicado que es para una mujer llegar más allá de lo que históricamente se le ha permitido, también nos referimos a tantas mujeres asesinadas, desaparecidas... y desaparecidos. Y respecto a robos a casa-habitación y actos de extorsión a mediano o pequeños empresarios. Y a un largo etcétera que pasa por la inhibición de la única herramienta que debería darle sentido al Estado: la denuncia como mecanismo de protección de nuestra integridad (física o material). ¿Por qué las mujeres del #MeToo denunciaron en redes sociales y no ante un MP? Por lo mismo que tampoco denuncian cuando son víctimas de extorsión los pequeños empresarios de Michoacán: por miedo (y por falta de confianza a las autoridades encargadas de atender sus denuncias).

Buscar el descrédito de una denuncia por ser anónima es el recurso más torpe para evadir una responsabilidad. El anonimato responde a una decisión de quien acusa, porque el Estado no ha sido capaz de construir instituciones capaces de dar la atención correcta ni a mejorar sus procesos de impartición de justicia. Ni el Estado se ha blindado contra la violencia de género: “Hay datos terribles que queremos transformar a través del lanzamiento de un proyecto de Servicio Civil de Carrera con perspectiva de género, la mayor parte de las mujeres se ocupan en niveles de enlace, en niveles de jefaturas bajas de departamentos y los puestos de alto rango han sido entregados a varones y no a las mujeres”, me dijo Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP. Pero el asunto, para entender la gravedad, no se queda en la limitación de desarrollo profesional: “También frenar el acoso, el acoso sexual que tampoco vamos a negar, es una realidad muy latente en la Administración Pública Federal, en los ámbitos de gobierno y vamos a tener políticas de cero tolerancia al acoso laboral, al acoso sexual (...) Hemos llevado investigaciones muy precisas en las quejas que se dan en materia de acoso sexual y hemos destituido ya incluso a titulares de órganos internos de control que nosotros dimos un voto de confianza...”. Y será éste un primer gran paso. La entrevista la hice el viernes, ya en la vorágine que trajo el renacimiento del movimiento #MeToo. La conversación la transmitimos ayer lunes, cuando la discusión en redes se concentró en la muerte de Vega Gil como un falso detonante de los riesgos del anonimato. Lo que debe seguir es dejar el ambiente tóxico: ése que desacredita, que entorpece. Por décadas, las mujeres hemos llevado la peor parte. Por el miedo y el silencio que éste provoca. De lo que tenemos que hablar es de cómo pulir los protocolos, los espacios de denuncia; porque al llegar a un Ministerio Público, llegan las tantas dudas sobre si habrá justicia ante la denuncia de cualquier delito: acoso o abuso sexual... un secuestro. El tema es que el Estado sea capaz de atender las denuncias, porque si no el anonimato será el último recurso para una víctima de cualquier delito. No dejemos que la decisión de una persona desvíe la discusión del centro de este debate: que el Estado tenga claras y sólidas sus herramientas para atender, lo mismo una violación, un feminicidio o un robo a casa habitación.