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Expulsión, excomunión, ¿y la cárcel?

Yuriria Sierra

Yuriria Sierra

Nudo gordiano

Del grupo de delitos abominables en todas sus variantes, la violación es, por mucho, uno de los actos más atroces. Y si el atenuante va en dirección a la infancia, mucho peor. Sin embargo, a pesar de sus implicaciones, no todos los casos transitan por el mismo camino en la búsqueda de justicia. La violación es un delito que se persigue de oficio, refirió la abogada Patricia Olamendi en un artículo publicado en este diario hace unos meses; pero, ¿qué sucede cuando el acusado es un sacerdote?

Hasta hace un par de meses, en México había 550 denuncias por abuso sexual contra menores por parte de clérigos, todos reportados entre 2008 y febrero pasado. El dato lo registró la organización Child Rights International Network. De hecho, según sus cifras, nuestro país ocupa el primer lugar en denuncias de este tipo, le sigue Chile (243), Argentina (129) y Colombia (137). Pero, ¡ojo!, éstas no son penales. De hecho, los datos al respecto son tan opacos, que resulta hoy imposible saber cuántos de esos expedientes son llevados al terreno legal.

Hace unas semanas, la Conferencia del Episcopado Mexicano anunció su intención de buscar que se elimine la prescripción del delito de abuso sexual. Actualmente, el plazo de denuncia vence a los 10 años. Ridículo que se deba cumplir con un plazo de denuncia cuando se es víctima de este crimen. También reveló que en los últimos diez años han investigado a 426 sacerdotes, aunque no todos por abuso, sólo 271; el resto por actos relacionados a la pornografía infantil y otras infracciones. Según los datos del CEM, 173 clérigos aún tienen procesos en curso y 217 han recibido su respectiva sanción, ¿cuál? Ser expulsados de la orden clerical. ¿Es suficiente? Desde luego que no.

El tema es justo ése, que la violación, cuando es perpetrada por un sacerdote, no mueve al sistema de justicia ipso facto. Por ahora, la mayoría de los casos son sólo resueltos a través de las autoridades religiosas. Y, según lo que hemos visto con expedientes como el de los Legionarios de Cristo, esa justicia puede tardar años en llegar. Si es que llega.

Cuando hace unos días el Episcopado habló sobre la prescripción del delito, su secretario general precisó que, del total de denuncias, sólo 155 casos han sido notificados a las fiscalías estatales; pero, de igual forma, reconoció que no hay un registro del número de víctimas totales. ¿Cuántos casos están detrás de cada expediente del que se tiene registro?

La gravedad de este delito se acentúa justo por eso. En nuestro país, a pesar de antecedentes como el del padre Maciel, no hemos logrado que la pederastia y el abuso sexual de menores sea un delito que se persiga de oficio. Menos aún cuando hay sacerdotes involucrados, quienes, si tienen mala suerte, sólo son alcanzados por sanciones clericales que resultan insuficientes. La Secretaría de Gobernación informó hace unos días, por ejemplo, que, de su parte, no habrá sanción contra los Legionarios, a pesar del reconocimiento que hizo de los delitos cometidos por integrantes de su organización. Le pasó la bolita a la FGR y al Poder Judicial, pero estas instancias sólo actúan cuando hay una denuncia al respecto. Aunque no es el panorama ideal (siempre será mejor que no existan delitos que perseguir), lo mínimo hoy sería que aquellas investigaciones en poder de las autoridades eclesiásticas también estén en manos de las judiciales. No basta la expulsión de los responsables de las congregaciones religiosas.

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