¿Cómo no se iba a perder la confianza?

Valdría la pena que, quienes parecen empeñados en seguir estirando la cuerda de la falta de gobernabilidad, volvieran a leer la entrevista concedida por Luis Videgaray al Financial Times hace unos días.

“No sólo se trata de reformar, reformar, reformar”, declaró. “Necesitamos abordar lo que realmente importa a la sociedad mexicana, que es no (sólo) la corrupción y la transparencia. Va más lejos: tiene que ver con la confianza”. Prosigue: “Podríamos llevar a cabo diez reformas energéticas, pero si no sumamos la confianza, no abarcaremos todo el potencial de la economía mexicana”.

Es cierto, y para la mayoría de la población es más que evidente. Un gobierno que no cuenta con la confianza de la ciudadanía está atado de manos, y sus iniciativas estarán sometidas al tamiz de la sospecha de una doble intención, de un negocio más oculto en cada nuevo proyecto. Es urgente reconstruir la confianza perdida, sin perderse en legalismos que tan sólo incrementan las suspicacias.

La ciudadanía no confía en el gobierno, es claro. Y esa falta de confianza se refleja no sólo en los indicadores económicos, sino que se vive día a día en el reclamo desde las redes sociales, desde las columnas de opinión, desde la protesta callejera. Existen, sin embargo, fronteras que no deben  cruzarse: las fronteras de la legalidad, del Estado de derecho que por otra parte exigimos de forma tan airada.

Lo ocurrido en Chilpancingo la semana pasada debería ser un llamado de atención, una advertencia de lo que puede ocurrir si la confianza no se reconstruye. Y es que la decisión de Coca-Cola de suspender, al menos temporalmente, sus operaciones, es de una gravedad tremenda: no sólo se trata de los empleos que se pueden perder, de las repercusiones económicas para los pequeños comercios, ni siquiera del riesgo de que otras empresas tomen decisiones similares. Se trata de la pérdida de confianza en las autoridades y su capacidad de imponer el orden, pero también se trata, y esto es lo más grave, de la pérdida de confianza en la ciudadanía misma.

Porque, ¿qué empresario en su sano juicio decidiría establecerse en un lugar en el que sus empleados son secuestrados y sus camiones atacados con bombas molotov? ¿Cómo puede interesarse alguien en generar riqueza y empleos en un lugar en el que, primero, las autoridades no son eficientes, pero en el que, segundo, la población —que no la ciudadanía, en su sentido más estricto— no es capaz ni siquiera de respetar la propiedad ajena?

Sería interesante saber, vista la eficiencia del imperceptible gobernador Ortega, si se ha dado cuenta de que su estado no puede vivir tan sólo de las aportaciones federales. No desarrolla la industria, no favorece el comercio, no es capaz ni siquiera de ejercer la autoridad y se presta incluso al intercambio de rehenes con grupos delincuenciales que se amparan en una protesta que no están interesados en terminar. Ni siquiera ha sido capaz de cuidar el turismo, la actividad principal del estado. O bien, ¿cómo, con qué argumentos cree que podrá convencer a los turistas nacionales y extranjeros de visitar un lugar en el que su integridad física podría estar sujeta a una negociación con criminales? De nuevo, ¿quién en su sano juicio querría vacacionar en un lugar en el que no se tiene la certeza de que existen las condiciones para —por ridículo que suene— tomar una Coca-Cola?

El silogismo es muy sencillo, y es evidente que Ortega no lo entiende. La paz atrae al comercio, y el comercio al desarrollo. Sin embargo, y aunque el gobernador sea incapaz de cumplir con sus funciones básicas, los guerrerenses deben de darse cuenta de que están emprendiendo, al solapar los delitos cometidos al amparo de una causa sin duda justa, un camino de difícil retorno: no sólo se ha perdido la confianza en las autoridades, sino que se está perdiendo la confianza en la sociedad. Por eso las empresas están dispuestas a cerrar sus operaciones, a abandonar mercados establecidos y en los que trabajaron durante años en la construcción de una confianza que, por su parte, ya no puede ser correspondida.

Los guerrerenses solapan el daño a su propia entidad cada vez que permiten que se cierren las carreteras que les traen turistas, cada vez que toleran que se confisquen los camiones de quienes les traen empleos, cada vez que sus hijos no van a la escuela porque sus maestros están de vacaciones en la Ciudad de México. Sin embargo, a la ebriedad de la protesta vendrá la resaca del subdesarrollo perenne y las oportunidades perdidas. ¿Quién les dará trabajo, quién fundará las universidades, quién atraerá las inversiones? ¿El gobierno del estado? ¿Los maestros? ¿Los líderes de la normal?

Guerrero está estrangulando a la iniciativa privada entre maestros que juegan a la política, políticos que juegan a las escondidas, y una sociedad que no se da cuenta del daño que se hace a sí misma. Y hoy, aunque cueste reconocerlo, tendrían que releer la entrevista a Videgaray con la consciencia de que esa confianza que tanto hace falta recuperar también es labor de la ciudadanía.