Reelección disfrazada

El día de ayer, en el marco de la aprobación de reformas sobre la Ley Orgánica y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, el Senado de la República aprobó con 86 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones la ampliación, por dos años, del periodo del magistrado Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En los hechos, este acto representa una reelección disfrazada.

Es importante destacar que, en el dictamen de la Comisión de Justicia del Senado, las reformas al Poder Judicial no contemplaban la ampliación del periodo y fue el senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien lo propuso a través de un artículo décimo transitorio.

De entrada, resalta el hecho de que un artículo transitorio de una ley reglamentaria no puede estar por encima de lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El cuarto párrafo del artículo 97 es contundente: “Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la SCJN, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”. La Carta Magna advierte la imposibilidad de la ampliación del periodo del cargo y, por lo tanto, la no reelección de su presidente.

¿De qué se trata el desaseo legislativo? ¿Cuál es la pretensión del senador y de quienes respaldaron este albazo legislativo? El argumento principal de este artículo transitorio es que “…debemos asegurarnos de que el órgano administrativo encargado de su instrumentación cuente con el tiempo y la continuidad necesarios para efectuar los cambios profundos… indispensable para la correcta y adecuada instrumentación de la reforma al Poder Judicial de la Federación…” ¿Entonces, estamos diciendo que se legisló a favor del titular de la SCJN?

Resulta dudoso creer que el actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, esté de acuerdo con lo que ocurrió en el Senado. Recordemos que lo mismo se quiso hacer en Baja California respecto a la ampliación del periodo del mandato del actual gobernador, Jaime Bonilla, y el mismo presidente Zaldívar lo calificó como un intento de fraude a la Constitución y violación grave lo que el Congreso local de Baja California había votado.

Aunque resultan pertinentes las aclaraciones del Consejo de la Judicatura Federal y del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en torno a que no conocían ni propusieron ese artículo décimo tercero transitorio, surge la suspicacia, porque la inclusión la realizó un senador de un partido aliado de Morena: PVEM.

Fue el senador Dante Delgado quien puso énfasis en el tema de fondo: La ampliación de la integración del Consejo de la Judicatura y del periodo de la presidencia actual de la SCJN es un acto de contubernio y, sobre todo, representa la captura del Poder Judicial por parte del Presidente.

Nunca antes, luego del inicio de la transición democrática en México, en 1977, habíamos visto cómo, de forma burda y antidemocrática, se pretende someter a las instituciones políticas que se han construido en los últimos 30 años gracias a la lucha de millones de mexicanos.

En política nada es un accidente. Hace pocos días Andrés Manuel López Obrador afirmó, durante una gira de trabajo: “Me voy a ir tranquilo si me lo permite la gente y si me lo permite el creador, que yo llegue hasta el 24. Me voy a ir tranquilo porque ya vamos a dejar arreglado todo, soy muy optimista, estamos trabajando para eso”.

Quizá, sin darse cuenta, el Presidente está dejando todo arreglado para que reviva el México autoritario contra el que luchamos. O quizás sea su intención que este acto autoritario del Senado se reproduzca en el futuro para su propio mandato.