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Octubre y la libertad

Ruth Zavaleta Salgado

Ruth Zavaleta Salgado

Zurda

En recuerdo de Raúl Álvarez Garín.

 

Para quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar en la UNAM o en el Politécnico, el movimiento estudiantil de 1968 sigue siendo el punto nodal de nuestra identidad como comunidad, pero también representa un antes y después de la historia por la construcción de la democracia que aspiraban las nuevas generaciones de jóvenes de esa década. Sustentado en la lucha por el derecho a la libertad y a una vida en paz, el movimiento global de 1968 significó el inicio de un cambio de época mundial. En ese entonces, el quiebre de paradigmas quedó demostrado con la actitud digna y valiente del rector Javier Barros Sierra, quien izó la bandera a media asta en Ciudad Universitaria cuando la policía y el Ejército derribaron la puerta de la Preparatoria Nº 1 con un bazucazo y tomaron las instalaciones. Finalmente, los desencuentros, la confrontación y la represión culminó el 2 de octubre en Tlatelolco, con un número aún desconocido de víctimas fatales que nunca se nos olvidarán.

No obstante lo doloroso que resultó esa etapa de la vida social y política de nuestro país, han pasado 51 años en los que hemos logrado reinventarnos como nación y transitar de un sistema presidencial autoritario a uno con un poder acotado del titular del Ejecutivo federal y, con una Constitución vigente, de las más garantistas que se han promulgado en nuestra historia en cuanto a derechos de libertad se refiera: libertad de expresión, de libre asociación, de pensamiento y de manifestación.

Incluso hay constituciones locales mucho más garantistas al respecto, por ejemplo, en la Ciudad de México, el artículo 7 establece que la protesta social es un derecho individual y colectivo y que se ejercerá de manera pacífica. Además, mandata a las autoridades a proteger a las personas en el ejercicio de ese derecho. En ese contexto, llama la atención que la actual jefa de Gobierno, para garantizar el derecho de marchar el 2 de octubre, decidió que se hiciera un cinturón humano que resguardara a los manifestantes. Se pretendía con ello disuadir a los jóvenes encapuchados, conocidos como anarquistas, para que no violentaran el evento, pero eso no dio los mejores resultados, como lo han declarado algunos actores del gobierno. Las imágenes dieron cuenta de cómo fueron agredidas las personas que participaron en el cinturón y que, a decir de la autoridad, eran 12 mil funcionarios públicos.

Nadie puede estar en contra de que se realicen esfuerzos de este tipo para que no haya confrontación o sabotaje a la libre manifestación, pero cabe recordar que los burócratas del cinturón humano no están contratados para realizar esa actividad, por lo que tampoco están capacitados para contener a un grupo violento identificado por sus acciones desde diciembre del 2012 y que han mantenido su presencia temeraria en cuanto evento de protesta se ha presentado en la Ciudad de México.

Llama la atención que no obstante que este grupo ha intensificado sus acciones violentas (actos vandálicos para afectar negocios y comercios e, incluso agredir físicamente a los policías de la Guardia Nacional) desde la marcha del pasado 12 de agosto, 26 y 28 de septiembre y este 2 de octubre, no haya ningún detenido y no se haga público de dónde proviene y a qué intereses responde. Quizás el temor de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sea que los ciudadanos la califiquen como represora por asumir su papel como autoridad, pero la ley es muy clara, por un lado, mediante los mecanismos de democracia que hemos creado, ella recibió el mandato, en primera instancia, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y, por la otra, quienes quieran expresar sus ideas manifestándose tienen derecho a hacerlo seguros y sin afectar a terceras personas.

En estos tiempos de confrontación y muchas veces de intolerancia, cabe recordar a Montesquieu: “La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, y si un ciudadano pudiera hacer lo que ellas prohíben, ya no habría más libertad porque los demás también tendrían ese poder”. (Del Espíritu de las Leyes, 2007)

En la Ciudad de México se debe privilegiar la libertad, pero una libertad que permita la libertad de los otros, entendiendo que somos iguales en derechos ciudadanos. Por eso, justamente, lucharon en 1968, ese es su legado y no hay que olvidarlo.

 

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