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México: primero en letalidad y pobreza extrema

Ruth Zavaleta Salgado

Ruth Zavaleta Salgado

Zurda

Desde que inició la pandemia en México, las confrontaciones entre la Presidencia y los gobernadores han crecido. Primero fue por la declaración centralizada de la fase 2 y 3 de la contingencia, ahora es por el semáforo de reactivación a la nueva normalidad. El gobierno federal anunció esta semana que ya no habrá un regreso diferenciado en cada entidad tal y como lo había planteado el doctor Hugo López-Gatell a partir de sus fallidas proyecciones sobre el desarrollo de la pandemia.

Esta decisión puede tener su origen en la presión que ejerce el hecho de que México será el país más afectado por el impacto del covid-19 en la economía en la región de América Latina. Según el informe dado a conocer en mayo por la Cepal y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la República Mexicana ocupará el primer lugar en crecimiento de la pobreza extrema.

La OIT calcula que en la región perderán su trabajo formal 31 millones de personas, mientras que la Cepal pronostica una caída del PIB de al menos 1.8% y hasta el 3 o 4 por ciento. En la puntualización del análisis comparativo, previendo un escenario de afectación alta, México se coloca en segundo lugar en crecimiento de pobreza (de 41.9 a 48.9 millones personas) y en primer lugar en crecimiento de pobreza extrema (11.1 a 17.1 millones de personas). A los datos de este informe se suman los que el Banco de México (Banxico) ha dado a conocer esta semana, respecto a que la economía podría caer entre 4.6. a 8.8% y se perderán un millón 400 mil empleos formales en este año.

En realidad, no podemos adivinar si estas son las razones por las que el gobierno federal quiera cambiar la estrategia e imponer un modelo de semáforo único por decreto, lo cierto es que tiene que aclararlo porque lo que ha dicho hasta hoy no genera confianza en los gobernadores de la oposición, pero tampoco entre los de su propio partido y, mucho menos, en los ciudadanos en general. En primer lugar, crece la desconfianza ante el hecho de que el doctor Hugo López-Gatell proyectó mal el desarrollo de la pandemia, dijo que el pico más alto sería hace 15 días y que en estas fechas aplanaría la curva, pero todos los días seguimos creciendo en número de contagios, entonces, lo más lógico es que el calendario de regreso a la nueva normalidad se vea afectado. En segundo lugar, causa mucho temor a los ciudadanos reincorporarse a sus trabajos bajo el riesgo de contagiarse y morir porque no hay hospitales para atenderse o porque a los que puede recurrir no tendrán un servicio de calidad. Hay conocimiento de causa para esta desconfianza.

En este momento, a nivel mundial, México se encuentra en el último lugar de aplicación de pruebas y en primer lugar de letalidad. Quizás el hecho de que no se realicen más pruebas sea el motivo del por qué el porcentaje de letalidad es el más alto que en ningún otro país. Es decir, a más pruebas se incrementa el número de contagiados (no porque haya más, sino porque no se están contando en este momento) y eso cambiaría el porcentaje de letalidad, pero también, cambiaría la posición en el mundo con respecto a otros países con mayor número de contagiados. Por supuesto que hay otras variables a considerar, por ejemplo, el alto porcentaje de personas con obesidad y diabetes que han sido contagiados y que son más vulnerables que la población de otros países, o el porcentaje de letalidad de los intubados de hospitales particulares con los públicos que, a decir del senador Germán Martínez en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en esta semana, es de 0% en los primeros y más del 80% en los segundos. En este caso, tal vez influya que los médicos y enfermeras de los hospitales públicos no cuentan con los insumos e infraestructura suficientes para atender a los contagiados, tal y como lo han denunciado una y otra vez desde que empezaron a recibir a los primeros pacientes.

En ese contexto, los gobernadores están en lo correcto al no aceptar un solo semáforo y exigir que se les incluya en el análisis del plan para regresar a la nueva normalidad y, que se les aclare cuáles son los recursos que el gobierno federal aportará a cada estado de la República para darle la seguridad a sus gobernados de que no habrá más contagios y que, si los hay, habrá la infraestructura, insumos y recursos humanos para atenderlos y no morir en el intento.

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