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Legislatura paritaria: balance

Ruth Zavaleta Salgado

Ruth Zavaleta Salgado

Zurda

                Triste Navidad para quienes han perdido un ser querido            en esta oscura etapa de pandemia, compartimos su dolor.                 Descansen en paz: don Dionisio Sánchez Carvajal,
                Rosalío López Durán y Gilberto Ensástiga.

 

Sin lugar a dudas, la mejor iniciativa legislativa desde que comenzó la pandemia fue la de generar un ingreso básico universal para paliar los efectos que impactan negativamente la economía familiar. Lo han implementado en otras partes del mundo y ha sido una herramienta digna y eficaz ante la necesidad del confinamiento. Fue presentada hace algunos meses por un grupo de diputadas de diferentes fracciones parlamentarias, incluida la de Morena, pero no tuvo éxito. Y es que, a pesar de que todo parecía indicar que la conformación del 50% de mujeres en el Congreso de la Unión iba a traer como consecuencia mejores resultados legislativos en favor de las mujeres, esto no ha sido así porque la representación política paritaria no necesariamente rompe estereotipos culturales por el simple hecho numérico y eso se traduce también en el Poder Legislativo, en donde la Junta de Coordinación Política está integrada por una mayoría de hombres (8 de 7). Esa instancia, conformada por los líderes de cada fracción parlamentaria, es la que decide cuáles son los temas fundamentales que se debaten y se aprueban en el Legislativo, es decir, es la instancia de la verdadera toma de decisiones. Lamentablemente, en la legislatura de la paridad, las fracciones parlamentarias (que emanan de los partidos políticos) no han reconocido el liderazgo femenino. Además, hay escuetos avances en la agenda de fondo para garantizar la igualdad de género, incluso hubo retrocesos fundamentales como, por ejemplo, el recorte de presupuesto en algunos rubros del anexo 13 que afectan programas para atender a mujeres de comunidades indígenas y prevenir y erradicar la violencia feminicida (el presupuesto para la igualdad de género se incrementó en 24 mil millones de pesos, sin embargo, no tiene relación con el tema, pues se incluyeron las acciones asistencialistas del Presidente de la República, como, por ejemplo, las transferencias directas a jóvenes).

En conclusión, podemos decir que la paridad numérica no ha significado igualdad política en el Congreso de la Unión. Con ello queda demostrado que, en un país con una cultura patriarcal y misógina, se requiere más que la presencia numérica. Así lo demuestra el destino de las diversas iniciativas que han presentado las fracciones parlamentarias para lograr la autonomía económica, física y de toma de decisiones de las mujeres que establece la ONU (Objetivos del Desarrollo o Agenda 2030), que se debería lograr en un país que se dice democrático como el nuestro (aun con el déficit que crece desde el 2018). Para muestra, baste un botón. En el primer periodo legislativo del tercer año de la legislatura de la paridad se han presentado 54 propuestas en las agendas legislativas relacionadas con el tema de igualdad de género y sólo 9 han sido aprobadas. Siete corresponden a Morena y sus aliados. Morena: 1 de 1; PT: 6 de 23; PAN: 1 de 4; PRI: 1 de 12; MC: 0 de 6; PVEM: 0 de 3; PRD: 0 de 3.

Hay a quienes podría extrañarles este balance porque hay mucha espectacularidad en lo que se ha logrado legislar, pero veamos: entre los principales avances que logró la actual legislatura se encuentran la reforma constitucional en materia de paridad total de género, pero las minutas que votó la Cámara de Diputados en el periodo extraordinario, para reformar más de 80 leyes secundarias para aterrizar la reforma constitucional, están frenadas en la Cámara de Senadores. También se aprobaron reformas a diversos ordenamientos en materia de violencia política en razón de género, pero, si bien es cierto que al reformar diversas disposiciones de leyes secundarias se avanzó formalmente para lograr su eficiencia, se tienen que instrumentar acciones que requieren recursos económicos. Pero en lugar de incrementar el presupuesto del INE y de la Fiscalía, que son dos instancias responsables de implementar acciones preventivas o de sancionar la comisión de actos de violencia política contra las mujeres, éste fue disminuido. El proceso electoral de 2021 será el más grande de la historia política moderna, pero también en el que habrá un 50% de candidaturas femeninas, por lo tanto, en donde mayores riesgos de violencia política van a enfrentar las mujeres. ¿Cómo podrán cumplir las instituciones federales y locales responsables de prevenir y sancionar la violencia política sin recursos suficientes?

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