Legislatura de la paridad: recorte presupuestal

No hay ninguna duda, esta semana la “Legislatura de la paridad” aprobó en la Cámara de Diputados un presupuesto contrario al principio de igualdad de género. Con ello le dio la espalda a lo que establece el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El mandato es muy claro: no se podrán reducir recursos de los programas presupuestarios ni de las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres. Algunas legisladoras quizás, por desconocimiento del desglose del presupuesto y en especial del anexo 13, Erogaciones para la igualdad de género, votaron a favor, pero los recortes afectan las acciones que se venían realizando para alcanzar la igualdad de género, la prevención y la atención de las diferentes violencias contra las mujeres. Como siempre, las más afectadas son las mujeres más pobres y más discriminadas de nuestro país. Por ejemplo, desapareció el Programa para el Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas de entidades no sectorizadas (S249: 436,616,512 pesos) y el Programa de Derechos Indígenas de entidades no sectorizadas (U011: 85,528,546 pesos). Se disminuyen los recursos del programa de la Secretaría de Gobernación, Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres (E015: 32,268,408.00 pesos), y el de la Secretaría de Salud: Programa Salud materna, sexual y reproductiva (P020: 421,279,580.00 pesos).

La violencia contra las mujeres es un problema estructural que requiere atención desde diversos ámbitos de competencia para prevenirse y erradicarse. Así lo consignan los diversos instrumentos legales internacionales que México ha suscrito y cuyos principios ha hecho suyos al reformar la Constitución y crear nuevas leyes e instituciones para atender este tema. Sin embargo, el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres no puede ser garantizado sin programas y políticas públicas que tengan como objetivo central el de lograr una sociedad libre de discriminación contra las mujeres. La naturalización de la desigualdad entre mujeres y hombres es la fuente de la violencia contra las mujeres. Lograr transitar a una nueva cultura de la igualdad de género no es una tarea sencilla en una sociedad con modelos de relación patriarcal, puede tardar varias décadas, pero las bases formales se han ido construyendo en la medida que las mujeres han logrado ejercer espacios dentro del Poder Legislativo o por lo menos así parecía ser la regla hasta 2019: A mayor presencia femenina en el Congreso de la Unión, mayor posibilidad de impulsar cambios constitucionales para garantizar la Igualdad de mujeres y hombres. No sólo en el ámbito político (aunque es el de mayor avance), sino en la igualdad laboral, salarial, educativa, económica, social y, en el combate a la violencia en razón de género.

Sin embargo, las reformas constitucionales, las leyes, los programas y las instituciones, requieren de presupuestos para transformarse en herramientas de garantía de los derechos que establecen las normas o por las que fueron creadas las instituciones. De esta forma, desde el año 2000, se fue creando un robusto marco formal para alcanzar la igualdad de género, pero sólo pudo consolidarse como una herramienta de garantía de los derechos de las mujeres cuando se etiquetó presupuesto para los programas.

Desde diciembre de 2007, esa fraternidad que se producía entre las mujeres por la identidad de metas para combatir la discriminación, había logrado que las legisladoras de las diferentes fracciones parlamentarias, se unieran para exigir el presupuesto de “transversalización de perspectiva de igualdad de género”, pero, al parecer, en esta ocasión no fue así. El 10 y 11 de noviembre, se discutió y aprobó, primero el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, luego, se dio la declaración de publicidad y se aprobó en el pleno, en lo general, con 297 votos a favor y 134 en contra. Ni los eventos violentos de Quintana Roo ni las observaciones de la Comisión de Igualdad de Género ni las mil reservas que presentaron 207 oradores, pudieron frenar la votación del presupuesto que rompió la posibilidad de seguir garantizando los recursos para diversos programas con perspectiva de género, no sólo en el ámbito federal, sino, sobre todo, en el estatal porque, además, las entidades enfrentan también el peor recorte presupuestal de la historia legislativa.