Las TIC contra la desigualdad educativa

El 3 de agosto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales, entre ellas con Grupo Imagen. El objetivo principal es lograr que los niños que no tienen acceso al internet, puedan continuar su educación en esta etapa del confinamiento. El derecho al acceso de estas herramientas tecnológicas y de comunicación (TIC) se estableció en el artículo sexto de la Constitución desde el 11 de junio del 2013. La reforma se aprobó para garantizar el acceso libre a la información por lo que, también, hace referencia a que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general.

En ese contexto es loable que se haya firmado el acuerdo con los medios de comunicación, pero el trasfondo de esta acción es el fracaso de la educación a distancia que se implementó de forma emergente durante la etapa del confinamiento. No tuvieron la culpa los docentes porque los “lineamientos generales para el uso de la estrategia de Aprende en Casa” les llegaron tarde y no son suficientes para generar las habilidades que se requieren para dar clases virtuales. Además, existen otros factores relevantes que impiden que los niños y jóvenes reciban esta instrucción educativa, por ejemplo, el hecho de que, aunque el acceso a las TIC es un derecho constitucional y el Estado debe garantizarlo, más de veinte millones de hogares no tiene acceso al internet. Según datos del Inegi, sólo el 56.4% de los hogares cuentan con acceso en todo el país, el otro 44% de ellos está excluido de esta herramienta, que se volvió indispensable durante el confinamiento para millones de niños y jóvenes que no pudieron regresar a la escuela por la pandemia. El problema se agudiza en las zonas rurales en donde sólo el 20.6% de los hogares tienen una computadora y, el 23.4% tiene acceso a internet.

El impacto ocasionó una mayor desigualdad educativa, porque desde el 20 de marzo que se suspendieron actividades presenciales en las aulas, los niños de estos hogares se quedarán sin poder tomar las clases a distancia que la SEP implementó mediante el programa Aprende en Casa . Por su parte, los niños que sí pudieron tomar la clase recibieron una instrucción deficiente porque la mayoría de los maestros no estaban capacitados para asumir esta forma de enseñanza, y tampoco existía la infraestructura necesaria para hacerlo. Implementar educación a distancia no es un asunto fácil de resolver de forma emergente porque se requiere conocimiento del uso de las herramientas tecnológicas, y no ha habido una política pública para hacerlo, pero, además, durante la pandemia, salvo algunos espacios virtuales como los de Google, las diferentes plataformas tecnológicas que pudieron haber servido para los maestros, dejaron de ser gratuitas. De esta forma, las aulas virtuales que son indispensables para complementar la enseñanza que se dicta por medio de las conferencias de Zoom o de Black Board sólo se pueden implementar por medio de las plataformas que contraten las instituciones en donde laboren los académicos.

Hasta este momento no existe un balance de los resultados de aprendizaje de los niños que sí lograron acceder al programa a distancia, pero se deduce que la firma con las televisoras se deriva de la necesidad de lograr que los 30 millones de niños en su totalidad logren tomar la segunda parte del programa. Si consideramos que el 85% de las familias mexicanas tiene una televisión, podemos pensar que, entonces, la mayoría de este universo de escolares va a lograr educarse, pero esto no es tan cierto, porque el método de educación a distancia no consiste en sólo difundir, sino tener acceso a los contenidos y evaluar. De hecho, la SEP cuenta con una Dirección General de Televisión Educativa y tiene una amplia experiencia en educación secundaria a distancia, pero, al parecer, no está participando en esta nueva estrategia de trabajo porque la Secretaría pagará 36 millones de pesos a una empresa de outsourcing que trabaja para Grupo Elektra, para elaborar los materiales audiovisuales. Los resultados de esta nueva forma educativa podrán evaluarse en mediano plazo, pero por el momento, de acuerdo con el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, más de 1.4 millones de estudiantes (15.55 %) no regresará a clases en el ciclo escolar 2020-2021 por la crisis económica que se enfrenta.