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La nueva agenda femenina: igualdad económica

Ruth Zavaleta Salgado

Ruth Zavaleta Salgado

Zurda

El día 14 de mayo, el Senado de la República vivió una intensa jornada legislativa, no por la cantidad de temas a tratar en un periodo extraordinario, sino por el debate y aprobación de la reforma paritaria total. Es decir, paridad en los cargos públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Las galerías estaban llenas de mujeres que no podían contener su felicidad, se tomaban fotografías, filmaban videos, exponían pancartas, chateaban y tuiteaban todo lo que se puedan imaginar para festejar y demostrar que estaban presentes en ese momento histórico. Por momentos parecía un partido de algún juego de dos equipos rivales, pero fraternales: Mujeres en Plural y 50 más uno, o 50 más uno y Mujeres en Plural, como lo quieran leer, yo pertenezco a los dos y leo y chateo de vez en cuando en uno u en otro. El entusiasmo fue contagioso, o por lo menos así se les veía a las senadoras Patricia Mercado, Kenia López, Malú Micher, Vanessa Rubio y Nuvia Mayorga (por mencionar a algunas) y hasta al presidente del Senado, Martí Batres. Falta que concluya el proceso legislativo, pero todo parece indicar que en corto plazo habrá más ministras, magistradas, juezas, secretarias de Estado y presidentas municipales. No menciono a las legisladoras federales y locales porque, desde la reforma paritaria del 2014, ya estaban incluidas.

Cabe destacar que se ha vuelto cotidiano en este sexenio escuchar  más fuerte la voz de las mujeres luchando por sus derechos políticos y en contra de la violencia. La crónica del activismo de diversos colectivos de mujeres tanto organizados como de movimientos coyunturales así lo demuestran, por ejemplo, las marchas contra la disminución de recursos para las estancias infantiles y los refugios de mujeres violentadas. Pero, si bien es cierto hay una gran actividad del sector femenino por los temas que atañen a la igualdad política, también hay otros actores que, desde hace un tiempo, aunque menos visibles, se vienen moviendo de forma visionaria en el ámbito de la igualdad económica. Por ejemplo, el trabajo que venía desarrollando la actual subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora sobre mentoraje e incubación de empresas de mujeres mediante la organización de Vital Voices, Global Mentoring Walk, o de Leonel Luna Estrada cuando fue jefe delegacional de Álvaro Obregón con su programa de incubadoras de empresas para jóvenes y mujeres apoyado por instituciones académicas como el Tec de Monterrey.

El tema no es menor si consideramos diferentes factores que obligan a reflexionar sobre la igualdad económica de las mujeres ahora que tanto se ha avanzado en el aspecto político. Por ejemplo, no podemos estar ajenos a que, tanto en México como en la región de América Latina, uno de los factores que alientan la esperanza y motivan la voluntad política a la hora de emitir el voto por un representante político es la aspiración de mejores condiciones de vida. Al respecto, Giovanni Sartori en los diversos textos que escribió sobre democracia, insistió que la democracia integral o plena, es aquella que es política, social y económica. Para este autor, la democracia económica significaba la igualdad económica, la eliminación de los extremos de la pobreza y riqueza y la redistribución de recursos para el bienestar generalizado.

Otro factor que no podemos olvidar a la hora de reflexionar en esta nueva agenda es el hecho de que, según datos del 2018 del Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial que mide la desigualdad entre hombres y mujeres en 134 países, se requieren 200 años para lograr la paridad salarial y el motivo principal es la discriminación.

 A ese respecto, en el informe de 2017, México fue uno de los peor evaluados en la igualdad laboral de las mujeres en toda la región. Específicamente, en ese mismo periodo, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe hablan de un 53.9% de mujeres contra un 19.4% de hombres de trabajo no remunerado. Es decir, las mujeres trabajan más sin que se les pague por ello.

El tema merece un análisis profundo respecto a qué acciones se deben realizar, muchas de ellas ya se expresan en la agenda 2030 e incluyen cambios legislativos a leyes que incentiven el combate a la discriminación en el ámbito laboral y productivo, pero también requiere de políticas públicas que generen sinergias entre el Poder Ejecutivo, organizaciones sociales y empresariales que impulsen la generación de micro y mediana empresa en favor del empleo formal femenino.

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