Justicia, venganza y amnistía

Este 10 de diciembre, el Departamento de Justicia de los EU informó sobre la detención del ingeniero Genaro García Luna en Grapevine, Texas, acusado por una corte federal. Los cargos implican un castigo desde prisión de 10 años hasta cadena perpetua. El fiscal Richard Donoghue acusa a García Luna de conspiración internacional para distribuir intencionalmente y poseer premeditadamente cocaína, importarla y por rendir en 2018 una o más declaraciones falsas ante agentes de servicios de aduanas.

En México se ha dado mayor publicidad al hecho de ser acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa toda vez que, en noviembre de 2018, Rey Zambada —hermano de El Mayo Zambada— afirmó que García Luna habría recibido dos sobornos: uno de entre tres y cinco millones de dólares y otro de 50 millones. Ante ello, este miércoles, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó congelar 11 cuentas bancarias relacionadas con el exfuncionario.

Estos hechos se vienen a sumar a otros que han venido aconteciendo desde que inició la nueva administración federal, entre ellos, la detención de Rosario Robles a quien no se le respetó el debido proceso. La detención y reclusión de diversos actores que han tenido alguna función pública en las pasadas administraciones intentan presentarse como procesos de justicia relacionados con el combate a la corrupción. Sin embargo, la coincidencia de que estos actores fueron opositores políticos al actual Presidente de la República, en algún momento de su vida, motiva suspicacias.

Es de conocimiento público que las diferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador con Rosario Robles tienen historia y que el proceso encabezado por el juez Jesús Delgadillo Padierna, que desembocó en la reclusión de ella, pudo haber sido de otra forma: permitirle que el proceso se llevara a cabo bajo los fundamentos del sistema penal acusatorio (garantista). Es decir, que ella pudiera estar libre y defenderse apropiadamente, pero la intención de su reclusión conlleva un mensaje público y uno privado. El público es causar temor a los adversarios porque habrá venganza y el privado es afectar la moral personal, la autoestima y la salud física.

El caso de García Luna es diferente y seguramente mucho más complicado de relacionarlo con una actitud de venganza política porque no fue detenido en México sino, en Estados Unidos. La única suspicacia surge de la gran amistad y cariño que se tienen los presidentes de México y Estados Unidos y que, la detención se dio en el marco de una supuesta excelente relación entre los gobiernos de EU, Canadá y México, tras la firma del T-MEC que sustituye al TLC, firmado en 1994.

Sin embargo, el proceso legal que se lleva a cabo contra el ingeniero Genaro García Luna es un duro golpe político para el expresidente Vicente Fox y, sobre todo, al expresidente Felipe Calderón, quien, ahora que salió del Partido Acción Nacional, siguiendo los pasos del presidente López Obrador (cuando salió del PRD y constituyó Morena), está intentando registrar un nuevo Partido Político: México Libre.

El proceso de García Luna continuará con una audiencia que se realizará el próximo 17 de diciembre. De declararse inocente será remitido a la corte de Brooklyn donde se iniciará el juicio. Si se declara culpable, se reduciría la condena. De cualquier forma, esta detención y otras que tal vez seguirán, por este o por otros procesos que ya se empiezan a ventilar en los medios de comunicación, tendrán conclusiones que impactarán los resultados electorales de 2021, ya que como dijo el presidente López Obrador, la detención de García Luna representa “una derrota a un régimen autoritario, corrupto. Es una muestra de que ese régimen fracasó”. Entonces, la detención de ese actor no sólo representa procurar justicia por los actos que se le imputan, sino ¿representa un símbolo de derrota de todo un régimen encabezado por los adversarios políticos?

No quiero concluir esta colaboración sin mencionar que espero que no se vote la minuta de la nueva Ley de Amnistía en el Senado de la República durante este periodo de sesiones, toda vez que requiere un mayor análisis de su utilidad y que se abrogue primero la que está vigente (aunque el objetivo sea diferente, causa confusión que haya dos leyes con el mismo nombre). El delito de aborto, por ejemplo, es juzgado, prácticamente en su totalidad, desde el fuero común (552 denuncias de enero a noviembre) y no desde el fuero federal, que es lo que marca el dictamen que se aprobó este martes por los diputados. Sería suficiente con que las entidades cambien sus códigos penales para poder liberar de forma inmediata (amnistiar) a las mujeres encarceladas por este delito.