Contrapeso debilitado

No obstante, que en la actual Constitución prevalece una división de poder tanto horizontal como vertical (federalismo), a la gran mayoría de ciudadanos pareciera no importarles si existe o no o, si hay equilibrio de poder entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial mediante el contrapeso mutuo. Y es que, para millones de ciudadanos, con justa razón, lo que más importa es que sus problemas cotidianos estén resueltos: seguridad pública, empleos, vivienda y servicios de salud. Quizás, ésta es parte de la explicación del por qué, en el imaginario colectivo, el legislador más eficaz no es el que analiza, debate y aprueba leyes o reformas constitucionales de forma impecable, sino el que es capaz de gestionarle o solucionarle alguna ausencia de servicios en su comunidad.

La reflexión viene al caso porque durante toda la semana fue de dominio público el conflicto entre el Poder Ejecutivo y Judicial en referencia a la Ley de Remuneraciones. Lamentablemente, en el caso de la suspensión de la aplicación de dicha Ley, que impide que algún funcionario gane más que el Presidente, el debate se ha concentrado en los altos salarios y prestaciones de los ministros y magistrados. Ciertamente, nadie en su sano juicio estaría de acuerdo en que eso siga sucediendo, sin embargo, ése no es el punto nodal del conflicto entre el Presidente y los ministros, aunque, públicamente y peligrosamente, se haga creer “al pueblo” que es así. El centro de este desencuentro es, precisamente, la división de poder y la inconstitucionalidad de la ley.

Es decir, se aprobó una ley por la mayoría de legisladores de Morena y aliados sin haber revisado de forma puntual, si con ello se contravenía algún artículo constitucional. Es así como un grupo de senadores (minoría opositora) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, un ministro, Alberto Pérez Dayán, les dio la razón y fundamentó la suspensión. Pero, como ya lo hemos expresado, para la gran mayoría de los ciudadanos no está claro cuáles son las funciones de cada órgano que ejerce el poder público, por lo que el debate y argumento legal de fondo les es ajeno e, incluso, sirve para la manipulación. Muestra de ello es la convocatoria, que mediante un volante, circuló el 12 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero, el partido Morena para “…marchar el día 14 de diciembre a las 10 horas, para pedir la destitución de ministros y magistrados de la SCJN por corruptos y ambiciosos… En apoyo al presidente de la nación Andrés Manuel López Obrador”.

Ese mismo día, algunos diputados de Morena se reunieron con los ministros y, oficialmente, se dijo que llegaron a acuerdos para frenar el conflicto, pero lo cierto es que los diputados tienen la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de donde los miembros del poder judicial se asignan sus salarios y, aunque en el 2005 hubo otra controversia, entre el presidente Vicente Fox y la Cámara de Diputados, en donde el primero recurrió a la SCJN por los cambios hechos al proyecto de presupuesto, y la mayoría de ministros le dieron la razón, hoy se ve complicado que el Presidente se inconforme si le recortan el presupuesto al Poder Judicial.

En concreto, el Poder Judicial ha perdido públicamente esta batalla porque no se pone en tela de juicio su facultad legal ni su función indispensable (más ahora que nunca) de contrapeso, sino que se pusieron en el centro del debate los altos salarios y prebendas de las que gozan y tendrían que disminuir con o sin Ley.

Maestra en derecho constitucional por la UNAM

ruthzavaletas@hotmail.com